Un juzgado investiga a El Litri por expoliar 2.000 millones de litros de agua junto a Doñana

El querellado por un delito contra el medio ambiente adquirió un terreno de secano en 2019 a las afueras de Sevilla y la transformó en regadío intensivo mediante la captación de más de 2.000 millones de litros de agua (más de dos millones de metros cúbicos) sin autorización, tal y como detalla la querella que investiga un juzgado ordinario de Sanlúcar la Mayor, según han confirmado fuentes jurídicas.

El Litri, reconvertido en ganadero y empresario tras dejar el toreo profesional, está acusado además por otro delito de daños al dominio público hidráulico por deteriorar la valiosa reserva subterránea. El cortijo Carrascalejo, donde se han producido los hechos, está situado a 40 kilómetros de la capital andaluza, entre Húevar del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor, y cuenta con 360 hectáreas de olivo en donde hace solo cinco años había cereal y herbáceas.

La denuncia inicial partió de la organización ecologista WWF y la fiscalía especializada se querelló el 15 de julio de 2022 contra el extorero. De momento, El Litri, de 55 años, no ha prestado declaración como investigado, según ha adelantado El País. «El volumen de aguas ilegalmente detraídas desde 2019 hasta la fecha se estima en alrededor de 2.392.950 metros cúbicos, lo que para tal volumen supondría esto un daño al dominio público hidráulico de alrededor de 574.308 euros», recoge la querella, a la que ha tenido acceso este periódico.

Hace casi un año el juzgado ordenó el cierre cautelar de los cuatro pozos y la balsa de riego de la finca, y desde entonces el Seprona de la Guardia Civil acude regularmente a la finca para supervisar los precintos. En concreto, los pozos del empresario extraían agua subterránea de la masa Campo de Tejada, muy cerca del río Guadiamar, con un corredor verde calificado como Red Natura 2000 y sostén para que el agua fluya hasta Doñana.

Los olivos de la finca eran alimentados mediante riego por goteo y la finca extraía agua de una masa donde no están previstas nuevas concesiones, señala la denuncia de WWF. El cálculo de los ecologistas eleva el agua detraída sin permisos hasta los 3,6 millones de metros cúbicos en cuatro años, el doble de la cantidad estipulada por la Fiscalía hasta la suspensión del riego en verano de 2022.

El deterioro de Doñana provocado por la agricultura intensiva se ha visto agravado por la sequía que padece la cuenca del Guadalquivir. La desaparición de sus humedales está en el centro de la polémica tras la presentación de la proposición de ley de PP y Vox en la Junta que amplía las zonas de regadío y regularizar extracciones ilegales. Bruselas intervino en la polémica por la supervisión de fondos comunitarios invertidos en el parque y hace unos días los gobiernos central y autonómico acordaron negociar un plan de 350 millones de ámbito social para la provincia de Huelva a cambio de retirar la iniciativa legislativa.

Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo encargado de velar por la salud del acuífero, ya estimó irregulares los pozos de la finca y abrió expediente sancionador a Báez por infracción grave tras dos inspecciones en junio y julio de 2020, que elevó al Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende su conclusión a la espera de que termine el procedimiento penal.

La investigación judicial se dirige contra Báez y su empresa Santa María del Río, S.L., que gestiona el cortijo, como persona jurídica, y de la que es consejero delegado el extorero. Este posee 15 cargos en 11 sociedades distintas dedicadas a la ganadería, la agricultura extensiva y la náutica. Fundó Santa María del Río hace una década con su padre, el célebre torero Miguel Báez Spuny como presidente, y su madre Concepción Spínola como consejera, ambos fallecidos el pasado año.