Un juez cierra la causa que obligó a un paciente a recibir tratamiento por electroshock

Por lo tanto, el magistrado Roberto Soto ha acordado el archivo del procedimiento de medidas cautelares, así como del procedimiento de ingreso no voluntario tras el alta de Iván. Ello pese a que este tratamiento psiquiátrico en el que se inducen convulsiones utilizando descargas de electricidad en la cabeza contaba con la negativa de los padres del enfermo.

En la resolución, el magistrado subraya que los informes psiquiátricos, psicológicos y de medicina interna remitidos al juzgado «no solo enuncian de manera motivada la ausencia de justificación alguna para la petición de suspensión cautelar del TEC (tratamiento de electroshock o electrochoque), ya finalizado el 19 de abril tras diez sesiones, sino que corroboran de manera multidisciplinar y con la máxima objetividad y actualidad el «rotundo éxito» del tratamiento pautado, tanto a nivel psiquiátrico como psicológico -hasta el punto de permitir acordar el alta hospitalaria con seguimiento ambulatorio del paciente-.

Además, según recalca el magistrado, «objetivan la ausencia de cualquier sintomatología clínica física relevante en el paciente y desvirtúan todas y cada una de las alusiones y argumentos enunciados en el escrito del 15 de abril por la defensa para amparar la solicitud de suspensión cautelar del tratamiento pautado».

Añade la resolución que «se constata, con máxima actualidad y objetividad, la buena evolución en el paciente tras la aplicación del TEC pautado y sus exitosos resultados, siendo contrastados y objetivados estos, no solo por la referida psiquiatra que solicitó la aplicación del electrochoque, sino, además, por otro psiquiatra e incluso por la psicóloga responsable del paciente, de manera unívoca y pluridisciplinar», destaca el juez Soto.

En la resolución, indica que el TEC, como señala la Asociación Gallega de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, se trata de «una técnica de tratamiento vigente e incuestionable desde la evidencia científica». Además, explica que la terapia autorizada se basó «en la previa acreditación, por la psiquiatra responsable del paciente y por la psiquiatra del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), de la ausencia de alternativa para tratar la sintomatología psicótica activa del paciente y su reiterada y actualizada intencionalidad».

En el auto, asegura además que la medida se aprobó «una vez fracasados los tratamientos de fármacos orales intentados desde su ingreso» tras un brote psicótico. El magistrado también afirma en el auto que se constató «la ausencia de competencia del paciente para prestar consentimiento informado válido al tratamiento médico propuesto» y afirma que la decisión de su progenitor Juan Carlos -contrario al TEC y que incluso inició una huelga de hambre en protesta- era «contraria al criterio médico, con consiguiente riesgo para la integridad física y mental del paciente por no abordar la grave y continuada sintomatología de manera urgente».

Así, señala que no atendía a «la exigencia legal expresa de ser adecuada y proporcionada a las necesidades del paciente y de resultar favorable al paciente y respetar su dignidad, conforme a los artículos 6.1º.a y 6.3º de la ley de Consentimiento Informado de Galicia». «En definitiva, no se apreció por este juzgador, ni por la magistrada que conoció del inicial internamiento, ni por la magistrada que conoció de los dos procesos penales instados, ni por los tres fiscales intervinientes en los dos procesos civiles y en los dos procesos penales, ni por los diferentes médicos forenses intervinientes en los procesos civiles y penales tramitados, actuación alguna contraria a la lex artis de los diferentes profesionales de ámbito sanitario actuantes en relación con el paciente», concluye el magistrado Soto.

En el auto, el juez también acuerda deducir testimonio de una noticia publicada en un medio de comunicación y su remisión al juzgado de instrucción en funciones de guardia por la posible comisión de un delito del artículo 197 del Código Penal (descubrimiento y revelación de secretos), además de dar cuenta a la Agencia Española de Protección de Datos a los efectos oportunos. En la información, según el auto, se publicó «la pegatina identificativa del paciente, constando NHC y el NASI del paciente, fecha de nacimiento y código identificativo del paciente», todo ello «sin poder contar a fecha de tal publicación con la previa conformidad del paciente por su estado psicopatológico».