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LA VERDAD
Viernes, 29 de mayo 2020, 12:28
El Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros el Ingreso Mínimo Vítal (IMV), una ayuda que irá destinada a personas y familias en situación de vulnerabilidad y que se empezará a cobrar este mismo mes de junio, según indicó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá. Para acceder a esta ayuda habrá que cumplir unos requisitos de renta y se calcula que puede beneficiar a unos dos millones de personas en España.
El principal requisito para acceder al nuevo Ingreso Mínimo Vital será que los ingresos mensuales de la unidad familiar sean inferiores a la cuantía de la ayuda que le correspondería. Para solicitar la renta mínima será necesario residir en España, tener entre 23 y 65 años (la edad puede ser inferior si se tienen hijos a cargo) y haber vivido al menos tres años de forma independiente habiendo cotizado al menos un año a la Seguridad Social. Podrán pedir la ayuda del Ingreso Mínimo Vital quienes tengan unos ingresos inferiores a 230 euros dentro del hogar; también se podrá pedir en función de la renta del hogar, aunque siempre y cuando la media de ingresos de cada individuo esté por debajo de los 450 euros mensuales.
Por ejemplo: cobrará la renta mínima una persona que ingrese menos de 200 euros al mes. También se le concederá la ayuda a una pareja en la que, por ejemplo, uno de los miembros cobre menos de 200 euros y otro 600, ya que la media de ingresos por persona sería de 400 euros y su situación entraría dentro de los requisitos para pedir el Ingreso Mínimo Vital.
El ministro de Seguridad Social ya explicó que el IMV es una prestación mensual para núcleso familiares en riesgo de pobreza y aseguró que «no será una medida transitoria» que se conceda por la situación actual debido a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. La cuantía de la renta mínima oscilará entre los 462 euros, que será lo que perciba un adulto que viva solo, y los 1.015 euros que podría tener una familia de cuatro miembros con dos hijos a cargo, por ejemplo. Las familias monoparentales tendrán garantizada una renta mínima de entre 700 y 977 euros, con un complemento de 100 euros.
Se calcula que esta nueva ayuda aprobada por el Gobierno llegue a unos 850.000 hogares en situación de vulnerabilidad; un 80 % de estos hogares podrían salir de esta situación con el IMV.
Para calcular quién puede acceder al Ingreso Mínimo Vital se realizará un test de patrimonio neto -ingresos menos dedudas- y se descontará el valor de la vivienda habitual. Esto quiere decir que quienes tengan una vivienda cuyo valor que supere aproximadamente los 100.000 euros no podrían acceder a esta ayuda. Para hacer el cálculo no se incluirá ni el dinero que se percibe de becas ni de otras ayudas como por ejemplo la de alquiler.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social vigilará que se cumplen los requisitos de forma escrupulosa, evitando así posibles situaciones de fraude.
Para saber dónde hay que pedir el nuevo Ingreso Mínimo Vital hay que acudir a las palabras del propio ministro José Luis Escrivá, que explicó que se podrá solicitar en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), así como en entidades que colaboren, como los ayuntamientos, servicios sociales de las comunidades autónomas y organizaciones sin ánimo de lucro como Cruz Roja.
Cumplir los requisitos para pedir el Ingreso Mínimo Vital y solicitar esta nueva ayuda no es incompatible con otras prestaciones autonómicas, que se podrán seguir cobrando según han adelantado en diferentes declaraciones los responsables de aprobar esta nueva medida de ayuda a hogares en situación de vulnerabilidad.
Por encima de 20.000 personas, muchas de ellas con familia a su cargo, por lo que la cifra de potenciales beneficiarios se duplicaría, podrán cobrar en la Región el nuevo ingreso mínimo vital (IMV) que ha puesto en marcha el Gobierno español para atender a la población más vulnerable. En concreto, los primeros que la percibirán serán todos aquellos cuyos ingresos por unidad de consumo sean inferiores a los 230 euros al mes. Se trata de la estimación más conservadora que manejan las diferentes entidades y colectivos sociales, a la espera de los cálculos oficiales que haga público el Estado.
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