Infancia crea un grupo de expertas para frenar la violencia vicaria

El Ministerio de Juventud e Infancia ha creado un grupo de expertas para que en el plazo de dos meses le propongan qué medidas y reformas legales tiene que poner en marcha su departamento para frenar el aumento de los casos de violencia vicaria y qué cambios debe realizar en la ley de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia (Lopivi), que entró en vigor hace solo dos años y medio, para mejorar su eficacia.

El grupo de expertas, que está presidido por la magistrada Isabel Giménez, pionera en la elaboración de sentencias contra la violencia vicaria –la que los maltratadores descargan sobre sus hijos para hacer daño a sus parejas o exparejas–, lo componen otras once profesionales ligadas al trabajo diario y directo con víctimas de la violencia de género y del maltrato infantil, entre las que hay más juristas, pediatras, psicólogas, psiquiatras, antropólogas o trabajadoras sociales.

El encargo de Sira Rego es que el informe de las expertas esté terminado en abril para que un mes después, sobre mayo, su departamento pueda elevar al Consejo de Ministros un primer anteproyecto de ley de ampliación y reforma de la Lopivi.

Tanto la ministra como las expertas aseguraron hoy en el acto público de presentación del grupo que la Lopivi es «una gran ley», pero también dijeron que en estos aproximadamente 30 meses de aplicación se ha detectado que en muchos casos las decenas de derechos que dicta para proteger los menores de ataques psicológicos, físicos o sexuales son difíciles de llevar a la práctica. Así, esta reforma lo que busca es bajar la ley al suelo y determinar qué cambios, medias e instrumentos hay que tomar para lograr su aplicación real, para remover los obstáculos que ahora lo impiden o dificultan.

Uno de los objetivos principales es frenar la violencia vicaria, hoy disparada, como lo demuestra que el año pasado Las parejas o exparejas de mujeres maltratadas o en proceso de ruptura matasen a nueve de sus hijos, el mayor número junto a 2015 desde que existe registro de víctimas. Giménez aseguró que para evitar que se llegue a casos tan extremos lo primero que tienen que hacer los tribunales, en casos de violencia de género, pero también en procesos de separación o divorcio, de custodia o de atribución de régimen de visitas, es tomar medidas para valorar el riesgo de que se produzca esta violencia antes de acordar cualquier decisión y dictar medidas cautelares «desde el minuto uno» de que el menor informe de una posible agresión. Primero tomar medidas y luego comprobar la veracidad de los hechos, subrayó, que es lo contrario a lo que la mayoría de las veces se hace.

Esta reforma, de hecho, según comentó Rego, pretende blindar ante todos los tribunales algo que ya está en la ley como es la obligación de los jueces de escuchar al menor antes de cualquier decisión que le afecte o ponga en peligro y además dar presunción de credibilidad a sus acusaciones.

Una tercera pata que deberá atender la batería de propuestas de las expertas es qué hacer para asegurar la reparación real del daño de los menores que sufren violencia, a la que le da derecho la ley, pero que tampoco se cumple en la mayoría de ocasiones.

Las expertas avanzaron que la reparación del daño solo será posible si se fija una respuesta protocolizada y regulada ante el conocimiento del caso. Que garantice la asistencia, el acompañamiento y la recuperación de las víctimas, sobre todo en el aspecto psicológico, y si se dota de suficientes medios y profesionales a los juzgados de protección a la infancia que deben comenzar a crearse los próximos meses.

• Temas
• Violencia de género
• Consejo de Ministros