La Iglesia pide la regularización de medio millón de inmigrantes

En su discurso de apertura de la 127 asamblea plenaria del episcopado, Argüello demandó un gran pacto entre las dos fuerzas mayoritarias para acoger a los inmigrantes sin papeles. «Proponemos a los dos grupos políticos mayoritarios en las Cortes Generales que se reúnan para afrontar el problema e impulsar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular», reclamó Luis Argüello.

Para el dirigente de la Conferencia Episcopal, regularizar a los extranjeros es un «ejercicio de regeneración democrática». «Queremos promover una alianza social que lleve la esperanza a quienes están excluidos de la regularización y viven en una tierra de nadie que no propicia nada bueno».

El presidente de los obispos consideró que de esta manera se resolvería un conflicto en el que la dignidad y el bien común están concernidos. Por todo ello, Luis Argüello animó a los líderes políticos a «superar polarizaciones estériles y abordar los graves problemas comunes desde legítimas diferencias, pero buscando puntos de encuentro». «Estamos dispuestos a ofrecer un cauce que facilite el encuentro y el diálogo. Por eso, en próximas fechas quisiéramos transmitirles esta iniciativa y sugerirles la posibilidad de un diálogo sobre el asunto», alegó.

En otro orden de cosas, los obispos españoles se mostraron dispuestos a que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, supervise su proceso de reparación a las víctimas de abusos sexuales acontecidos en el seno de la Iglesia. «Hemos puesto en marcha un plan de prevención y reparación, asumimos una obligación moral donde no haya obligación jurídica en los casos verosímiles del pasado; incluso estamos dispuestos a estudiar una posible supervisión del Defensor del Pueblo en este proceso ya en marcha», proclamó el dirigente episcopal.

Luis Argüello asumió la «grave y singular responsabilidad espiritual, moral y social» de la Iglesia ante la «trágica y dolorosa realidad de los abusos sexuales, de poder y de conciencia que han acontecido y siguen creciendo en la sociedad española». «No desaparecerán todos los comportamientos malvados que queremos evitar y prevenir, porque el mal y el pecado persisten, pero el esfuerzo de prevención, la manera de afrontar los casos y el propósito de reparar a las víctimas forman parte ya de la vida y compromiso eclesial», sostuvo el prelado.

En su alocución, el mitrado analizó las consecuencias del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que definió como «un elemento catalizador para precipitar la quiebra del orden internacional establecido después de la II Guerra Mundial». El presidente de la jerarquía eclesiástica denunció la guerra en Gaza y en otros lugares del mundo, «sin que la supuesta legalidad internacional intervenga». «Asistimos, entre asombrados e indiferentes, al sufrimiento humano provocado por la fuerza bruta y ciega de las 'armas inteligentes'», lamentó. En este sentido, deploró la corriente de pensamiento que, en nombre de la laicidad del Estado, relega a la intimidad las creencias religiosas.

Por otra parte, menos de un centenar de personas se manifestaron a las puertas de la Conferencia Episcopal para protestar contra el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno para resignificar el Valle de los Caídos. Ondeando banderas de España y al grito de «obispos cobardes», los ultras portaban algunas pancartas, en una de las cuales se podía ver una fotografía del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a la consigna: «Estos dos son los culpables de lo que le pase al Valle de los Caídos».