Casos en los que los funcionarios podrán perder su puesto

El anteproyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado sobre la continuidad de los funcionarios en su puesto de trabajo se aprobó el pasado martes en el consejo de ministros. Este documento está abierto a modificaciones, pero este anteproyecto establece que los funcionarios que han obtenido por concurso puedan ser apartados si no cumplen de forma adecuada con sus tareas, si su rendimiento es insuficiente o no pueden cumplir con las exigencias de su cargo.

Por el momento, la forma de evaluación no está definida, se concretará cuando se desarrolle la norma. Según el anteproyecto, el desempeño de las funciones de estos trabajadores se valorará teniendo en cuenta elementos como la contribución a los objetivos estratégicos, el fomento del trabajo en equipo o la adquisición de nuevas competencias profesionales, entre otros.

La polémica se ha creado en torno al artículo 57 del anteproyecto de ley, ya que establece que «la continuidad del personal funcionario de carrera en los puestos de trabajo obtenidos por concurso quedará vinculada al resultado de la evaluación de su empeño, pudiendo ser removido en todo caso por falta de capacidad para su desempeño manifestada por un cumplimiento inadecuado de las tareas atribuidas, un insuficiente rendimiento, o una falta de adaptación a las tareas del puesto de trabajo que no pueda ser suplida con acciones formativas». Los sindicatos han criticado esta decisión y piden al Gobierno mayor transparencia.

Entre las novedades también destaca el nuevo modelo de acceso a la Administración, en el que los principios de igualdad, mérito y capacidad se suman la agilidad y eficiencia en la selección, la adecuación de contenidos a las funciones a desarrollar y la profesionalización de los tribunales. Los sindicatos sí han aplaudido esta novedad, ya que Hacienda ha confirmado que este modelo será «mixto», estará basado tanto en conocimientos como en la evaluación de competencias profesionales, y los procesos se realizarán en todo el territorio. Se regulará también que la selección de personal surgirá de las necesidades de las organizaciones.

El anteproyecto de ley aún está sujeto a modificaciones, pero ya se sabe que esta nueva norma quiere penalizar a los funcionarios que no cumplan una serie de requisitos. Por ellos los funcionarios que no quieran perder su trabajo deben superar favorablemente una evaluación de su desempeño. Serán penalizados aquellos trabajadores que:

- No superen una evaluación de su desempeño.

- Muestran una falta de adaptación a las tareas del puesto de trabajo que «no pueda ser suplida con acciones formativas».

- No desempeñen adecuadamente sus tareas o muestren un bajo rendimiento.

El funcionario que sea apartado por alguna de las razones mencionadas (bajo rendimiento, incumplimiento de tareas, incompatibilidad con las tareas asignadas, etc.) acabará ascrito de manera provisional a un puesto de la estructura orgánica conforme a su carrera y en la misma localidad donde desarrollaba la función anterior.

La legislación prevé cambios en la carrera horizontal. La nueva norma determina una progresión sin tener que cambiar de puesto de trabajo, basada en la trayectoria profesional y el rendimiento, y amplía en cada grupo o subgrupo el número de tramos entre cuatro y seis. «Los ascensos de tramo se producirán previa solicitud de la persona interesada, a través de la aplicación de un sistema objetivo de acreditación de méritos que será objeto de desarrollo reglamentario», según explica el texto.

Este texto también regula la figura del directivo público profesional. De esta forma, se modifican esquemas de promoción interna, la formación permanente y la provisión temporal de puestos. Los funcionarios que sean reubicados para conseguir «objetivos estratégicos» en «sectores prioritarios de la actividad pública» podrán permanecer en estos puestos durante un máximo de dos años.

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