Un Real Murcia saneado, un sueño casi real

También ha logrado acuerdos con otras entidades públicas como el Ayuntamiento y Emuasa, quitar fuerza a De la Vega, según la Audiencia Provincial de Murcia propietario del club, y solventar otras facturas atrasadas de un Murcia que ya le queda muy poco para estar limpio. De hecho, el empresario cordobés, solo un año y medio después de su llegada, apenas mantiene frentes abiertos y vislumbra un Real Murcia saneado que dejará de ser noticia por asuntos extradeportivos.

Los fuegos que le quedan por apagar derivan del Plan de Reestructuración de la deuda privada presentado por el club grana el pasado 3 de mayo y que ya fue homologado por el Mercantil 1 de Murcia. El club dejaría su deuda privada de 11 millones en 516.000 euros y, además, puede resolver cuatro contratos existentes entre la entidad y el propio Roca, Telecom, Fibranet y Julian Luna que los gestores granas consideran perjudiciales para el funcionamiento de la sociedad.

El plan obligó al Real Murcia a reducir a cero su capital social, eliminar a más de 32.000 accionistas y abrir una ampliación por valor de 7,2 millones que ha cubierto casi totalmente el propio Felipe Moreno. Los daños colaterales han resultado ser mínimos ya que de miles de afectados, sumando accionistas, acreedores o patrocinadores, apenas lo impugnaron un pequeño grupo, de menos de diez, que incluso se ha ido reduciendo semana a semana. El primero en dar un paso atrás fue Julián Luna, que de impugnar ante el juzgado todos los acuerdos de las juntas de accionistas y el Consejo acusando a Moreno de distintos delitos, pasó a darse un apretón de manos con el cordobés y a desaparecer tras lograr el acuerdo económico deseado.

El siguiente, y a falta de la firma de los nuevos contratos, será Enrique Roca, que ha subido su apuesta económica por la entidad centenaria para contentar a Moreno. El lorquino impugnó por varios motivos; además de como propietario de acciones por valor de unos 250.000 euros, también como titular del contrato de patrocinio del nombre del estadio grana que con la aprobación de dicho plan de viabilidad podría haber quedado resuelto de forma unilateral por el Real Murcia si lo consideraba abusivo. Felipe Moreno, a la vez que apaga este fuego, podría ganar un aliado futuro a la hora de invertir más dinero en una entidad con proyectos futuros.

Respecto a los empresarios murcianos, a Moreno solo le falta llegar a un acuerdo con Agustín Ramos, expresidente y patrocinador del club, que también formó parte de los afectados por el plan que decidieron impugnar. La relación entre ambos ha mejorado ostensiblemente con el regreso de la empresa del abaranero a las camisetas granas y el pago de más de 300.000 euros en publicidad anual, aunque todavía falta por dilucidar qué pasa con los 1,9 millones que Moreno debe abonar a Ramos por la adquisición de sus acciones y la hipotética rebaja que debería hacer Ramos según las cuentas de Moreno.

La impugnación al plan de la Liga de Fútbol Profesional por un préstamo al descenso concedido al Real Murcia en la 'era Samper' por valor de 1,9 millones preocupa poco a los gestores granas. De hecho, el Murcia solo estaría obligado a devolver esta cantidad en caso de regresar a Primera, lo que ha permitido al club murciano hacer un acercamiento al ente que gobierna Javier Tebas. El abogado Andrés López Atenza, en contacto permanente con la Liga, ha desarrollado un papel clave, mientras el hecho de que Felipe Moreno haya formado parte de la propia Liga en sus años al frente del Leganés, hace el acuerdo posible todavía más posible.

García de la Vega también impugnó el plan como accionista y solicitó un reconocimiento de deuda por unas cantidades aportadas en su corta etapa en la entidad. Antes del pasado 7 de enero Moreno abonó a De la Vega una cantidad inferior a 100.000 euros que sumados a los 2 millones ya pagados un año antes otorgaron al cordobés el 66% de Iconos Nacionales, la firma con la que el mexicano compró a Moro las acciones del Murcia en 2017. Si el Supremo ahora da la razón al Real Murcia, De la Vega perdería los cerca de 2 millones que le restan por cobrar, mientras que si este órgano judicial tumba el recurso de los abogados granas, daría al mexicano, al menos, un 33% de la entidad centenaria pero no el total. Eso si no hay acuerdo antes.