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Las casas abandonadas de la calle Nutria, en Las Chismosas, ya era una fuente notable de preocupación entre los vecinos de la costa. Sin embargo, no ha sido hasta el trágico fallecimiento de Cloe, la chica de 15 años asesinada presuntamente por su expareja, que la inquietud se ha elevado. Durante la pasada Junta de Distrito celebrada esta semana en Orihuela Costa, una de las representantes de Unidos por la Costa (antes Asociación de Vecinos de Cabo Roig y Lomas) rogaba al Ayuntamiento que tomara cartas para impedir que grupos de jóvenes sigan ingresando en esas viviendas abandonadas.
Los adosados, según los vecinos, son usados como punto habitual de reunión de algunas pandillas de menores. Allí no solo se juntan para charlar, sino también supuestamente para consumir y trapichear con sustancias estupefacientes. Escenario idóneo para que también se produzcan altercados de los que los cuerpos policiales son conocedores. La Policía Local, en un informe redactado a petición de los representantes vecinales en la Junta de Distrito, ya advierte, de hecho, de un incremento de conductas delictivas entre menores y en torno al instituto de Orihuela Costa.
El residencial es de propiedad privada y lleva más de 10 años abandonado. Ya en 2009 la mayor parte de ventanas y puertas lucían tapiadas, aunque eso no ha sido óbice para que, con el paso del tiempo, se hayan abiertos butrones y los intrusos hayan vuelto a acceder mientras la maleza crece a su antojo en el exterior sin que nadie la recorte. Un mal estado general al que, además, en las últimas semanas, se han sumado pintadas de apoyo a Cloe y contra su presunto asesino, cuyos amigos habían bautizado una de las viviendas como «la casa del chino».
El Catastro, por otra parte, muestra una imagen curiosa, ya que, en su mapa, ni siquiera contempla la existencia de estas viviendas. En su lugar, registra una parcela urbana de 2.540 metros cuadrados, dicen, «sin edificar», pese a que adjuntan la foto que demuestra que sí lo está.
El Ayuntamiento, a preguntas de LA VERDAD, reseña que, en 2013, Urbanismo requirió al propietario en diferentes ocasiones para que ejecutase las actuaciones preceptivas para mantener en condiciones de seguridad y salubridad, «sin que a fecha de hoy se haya ejecutado», explican.
En este sentido, admiten que el actual equipo de gobierno recibió varias denuncias de particulares informando del estado y posible riesgo para la seguridad y la salubridad. En este sentido, indican que la Policía Local procedió a finales de 2023 a elaborar el informe correspondiente calificando de «muy grave y de alto riesgo para la integridad de las personas» el estado del residencial abandonado.
Tras este informe, continúan, en enero 2024, Urbanismo dictó orden de ejecución al propietario para que «proceda a tabicar de forma consistente y adecuada las construcciones abandonadas». «Sin embargo, al no poder notificar dicha orden, Urbanismo ordena mediante procedimiento de ejecución subsidiaria (a realizar por parte del Ayuntamiento) que se proceda al tabicado de las construcciones de la calle Nutria, de manera que el propietario deberá reintegrar al Ayuntamiento el coste total de la obra realizada».
Fue el 23 de noviembre de 2024 cuando, según afirma el Consistorio, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la notificación de la resolución del procedimiento de ejecución subsidiaria.
«El Ayuntamiento de Orihuela ha llevado a cabo todo el procedimiento administrativo correspondiente con la finalidad de ejecutar dicho tabicado. Una vez llegado el momento de proceder, se estudiará la opción de iniciar un procedimiento judicial en el caso de que haya personas viviendo en este residencial y no quieran abandonarlo voluntariamente, ya que ni el Ayuntamiento ni la Policía Local tienen potestad para desocupar esas viviendas», concluyen fuentes del equipo de gobierno.
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