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El bipartito PP-Vox de Orihuela no da abasto estos días para atender a las diversas plataformas sociales que están proliferando en la ciudad contra la gestión del Ayuntamiento. En los últimos meses hasta tres agrupaciones han surgido para reflejar su malestar con las actuaciones del equipo de Vegara. Así, a la Plataforma de Afectados por la desaparición de la ESO y Bachillerato en el IES Palmeral y a la Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández se le ha unido la Plataforma Vecinal Barrio de Los Huertos.
Esta comunidad viene a aglutinar a los vecinos afectados por la construcción de la futura Ciudad Deportiva de Orihuela en la zona de Los Huertos. Los propios vecinos denunciaban que a raíz de la noticia publicada en octubre en este periódico fue cómo se enteraron de que el plan prevé incorporar las casas y terrenos de más de 26 familias que pertenecen a este barrio. Todo ello sin ninguna explicación previa ni notificación formal por parte del Ayuntamiento, explican los vecinos: «Este proceder, al margen de la transparencia y sin contar con el diálogo necesario, ha generado una profunda sensación de vulnerabilidad y desamparo entre la comunidad. Nos enteramos de decisiones que afectan nuestras vidas a través de la prensa, y no por parte de quienes deberían velar por nuestros derechos».
En esta línea, los vecinos sostienen que llevan buscando respuestas por parte de la concejalía de Urbanismo desde noviembre, recibiendo informaciones que, dicen, generan más confusión e inquietud. Es en enero cuando el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, y el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, citaron a más de 50 personas afectadas para mantener una reunión en el salón de plenos del Ayuntamiento. De este encuentro, los vecinos dijeron salir «con una sensación de desamparo absoluto»: «El Ayuntamiento quiere derribar nuestras casas para plantar árboles y convertirlas en zonas verdes, pero ¿qué sentido tiene eso si esas supuestas zonas verdes quedarían junto a nuevas carreteras siendo espacios estratégicos para usos comerciales?».
Poco después de esta reunión, el Consistorio anunció que se iba a reservar suelo dentro de la futura Ciudad Deportiva para realojar a los vecinos expropiados de Los Huertos. Los afectados, afirman que de nuevo intentaron acceder a más información, pero que ésta no era clara ni resolutiva. Por ello, hace unos días comenzaron a alzar la voz contra lo que consideran una injusticia. Así, las fachadas y muros que rodean este barrio amanecían repletos de pancartas contra la decisión de expropiación del Ayuntamiento. Frases como «si nos quitan nuestras casas, nuestras vidas arrasan», «no tiraréis al suelo un barrio entero», «sí al deporte, no a las expropiaciones de Los Huertos» o «Los Huertos no son su inversión» se encuentran a la vista de todos los conductores y viandantes que atraviesan este barrio oriolano.
Ante estas movilizaciones ciudadanas, los grupos municipales PSOE y Cambiemos Orihuela solicitaron al gobierno una comisión informativa para que desde el área de Urbanismo, tanto su edil como los técnicos designados en el proyecto de Ciudad Deportiva anunciado, explicaran en detalle todo lo relativo a las figuras urbanísticas que son necesarias para poder comenzar las obras y el estado de los informes con otras administraciones y organismos necesarios. «Consideramos urgente que se informe de manera clara sobre los plazos del proyecto y se aclare en qué situación se encuentra la sociedad de Suelo y Vivienda, que se supone es la encargada de gestionar y poner en marcha este proyecto y de la cual, desde su anuncio, no se ha tenido más información», solicitaba la oposición.
En la comisión, que ha sido celebrada este miércoles, el edil de Urbanismo, Matías Ruiz, ha asegurado que las principales instalaciones deportivas se han emplazado en zonas sin viviendas. En cuanto a las edificaciones existentes, Ruiz ha explicado que el Ayuntamiento ha previsto tres opciones para sus propietarios. La primera de ellas es el realojo, en la que los afectados podrán optar por trasladarse a una nueva promoción de 29 viviendas, que será construida por la Empresa Pública Municipal de Vivienda y Suelo, que se está formalizando, «con el objetivo prioritario de acoger a quienes residan actualmente en la zona». La segunda alternativa sería la indemnización: «Aquellos que lo prefieran podrán recibir una compensación económica, previa valoración y acuerdo entre las partes».
En este sentido, Ruiz garantizaba una tercera opción, la permanencia, prometiendo que quienes decidan quedarse podrán hacerlo, adaptándose una nueva planificación de la Ciudad Deportiva. Además, el edil ha afirmado que reservarán un solar público municipal para destinarlo al realojo de las personas que residen en los terrenos que se encuentran en un suelo no urbanizable, así como las viviendas que existen están fuera de ordenación.
En relación con los propietarios de viviendas afectadas por el proyecto, Ruiz ha insistido en que el Ayuntamiento es plenamente consciente de la incertidumbre que esta situación puede generar. «Vamos a dar a este asunto el tratamiento sensible que merece. Se les mantendrá informados en todo momento y trabajaremos para perjudicarles lo menos posible. No obstante, hasta que no tengamos todos los informes sectoriales no podemos hablar de cuál será la opción por la que se opte. Cuando llegue el momento, para lo que aún queda más de un año, me reuniré las veces que sean necesarias con ellos y serán los propietarios quienes decidan», manifestaba Ruiz.
El concejal ha remarcado que la Ciudad Deportiva es un proyecto necesario para el futuro de Orihuela: «Pero queremos que su desarrollo sea lo más respetuoso posible con quienes viven en la zona. Por eso, nuestro compromiso es claro: nadie se verá obligado a tomar una decisión sin conocer todas las opciones y sin recibir el apoyo necesario», concluía el edil.
La respuesta de las familias afectadas ante el nuevo anuncio de Ruiz no se ha hecho esperar: «Están blanqueando el proyecto y haciendo ver que nos dan a elegir cuando nos consta que ya han presentado un informe a la Generalitat Valenciana para justificar la expropiación». Asimismo, ante la falta de información, son los propios vecinos los que están calculando a cuánto podría salir su vivienda: «Dividiendo el millón de euros presupuestado para el realojo entre todas las viviendas y terrenos, nos estarían dando menos de 30.000 euros por propiedad, lo que supondría un pago de 3,3 euros el metro cuadrado».
De esta manera, desde la plataforma avisan que tras solicitar en diversas ocasiones el informe de modificación del PGOU sin resultado alguno, el siguiente paso será reclamarlo desde la figura del Defensor del Pueblo. «Si tampoco lo conseguimos de esa manera, no nos dejarán otra opción más que interponer una demanda contencioso administrativa en los juzgados», advierten.
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