Los tribunales de aguas piden defender la huerta y avanzar en digitalización

Sin un mercado sostenible económicamente no hay huerta, tampoco en dirección inversa, y sin nada de ello, se pierde la identidad de esta tierra y, con ello, los juzgados de aguas y tribunales consuetudinarios. Para reivindicar estos aspectos, Orihuela fue el viernes la sede de la IV Jornada de los Tribunales Consuetudinarios y Tradicionales Españoles para reflexionar sobre el pasado y presente de estos organismos, su situación jurídica en el siglo XXI, además de cómo abordar los retos para el futuro.

Estos tribunales, basados en la tradición, la costumbre y la comunicación y resoluciones orales, tienen ante sí, además, el reto de ensamblar su esencia con la nueva realidad en materia tecnológica, específicamente en lo que respecta a la digitalización. Aunque las dos líneas de actuación que reivindican deben desarrollarse de forma paralela, sin la supervivencia de la extensión agrícola y la viabilidad del sector, no tendrá razón de ser la digitalización, pues no quedaría regadío que administrar.

Así, representantes del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de L'Horta d'Aldaia, el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y el anfitrión, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, reiteraron la necesidad de proteger la huerta. Uno de los factores señalados fue la presión urbanística. «Ese suelo urbanizado de los últimos años ha quitado tierra agrícola», enfatizaba un representante de L'Horta.

En la mesa redonda, moderada por el decano y la vicedecana del Colegio de Abogados de Orihuela, Manuel Almarcha y María del Mar García, los cuatro tribunales expusieron sus reivindicaciones prácticamente al unísono: la defensa de la huerta y los agricultores. El secretario del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Miguel P. Mazón, requirió a las administraciones públicas que defendieran la huerta y los tribunales de aguas. «De este modo, se protege un modo de vida, la huerta, que es captadora de CO2».

Otro factor que destacaron para la supervivencia de la agricultura en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia fue la necesidad de endurecer los tratados comerciales con otros países para evitar una competencia inasumible, sobre todo en cítricos.

También se abordó el panorama del estado de los conflictos entre los regantes. Los tribunales consuetudinarios, reconocidos por su eficacia en la resolución de disputas hídricas en el ámbito agrícola, han experimentado en los últimos años una disminución en el número de litigios. Los tres organismos de la Comunidad Valenciana coinciden en que el número se estanca entre 6 o 7 al mes, mientras que en el murciano la cifra es significativamente más alta.

¿Está el juzgado de aguas de Orihuela haciendo lo suficiente para asegurar su futuro?, ¿cómo compatibilizar la tradición con la legislación administrativa? y ¿cómo adaptarse a las nuevas normativas de transparencia y digitalización sin renunciar a lo que los hace únicos? Estas son las cuestiones que planteó y a las que respondió el juez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, José Bernabé. Para no perder la identidad, argumentó la necesidad de definir con claridad qué es jurisdiccional y qué es administrativo dentro de sus competencias, así como reforzar la seguridad jurídica y el trabajo coordinado con las administraciones públicas con la máxima de no perder autonomía. Entre esos representantes de la administración pública, asistió la consellera de Justicia, Nuria Martínez Sanchís, la directora general del Agua de la Generalitat Valenciana, Sabina Goretti Galindo, y el alcalde de Orihuela, José Vegara.

Otro elemento clave resaltado por Bernabé en la presentación del acto y por su secretario después fue la necesidad de adaptarse a la transparencia y digitalización, ya no solo para conservar documentos con 750 años, sino también para que sirva de estudio y consulta para investigadores o ciudadanos en general. También remarcó Bernabé la necesidad de un canal de denuncias. Lo justificó alegando que el control informal ya no es suficiente.

«La confianza en las instituciones se construye con mecanismos sólidos y verificables, y un canal de denuncias no significa fomentar litigios internos, sino reforzar la legitimidad de nuestras decisiones», expuso. «Si alguien detecta una irregularidad en la gestión del agua, debe poder reportarla de forma segura y confidencial. Esto no es perder autonomía. Es blindarnos contra la arbitrariedad y demostrar que somos instituciones modernas, responsables y alineadas con los principios de buen gobierno», añadió.

Con todo ello, señaló cuatro claves para dar continuidad a la institución. La primera: definir mejor su marco jurídico «para evitar que los tribunales ordinarios decidan por nosotros hasta dónde llega nuestra autonomía»; la segunda, consolidar su legitimidad a través de la transparencia y la modernización. El tercer aspecto expuesto como reto es la adopción de herramientas digitales sin perder la esencia; y, la última, sin rango jerarquizado, la colaboración con otras instituciones «para evitar el aislamiento institucional que nos debilita».

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