Torrevieja rehúsa atender las recomendaciones de Antifraude por las presuntas irregularidades en el bono consumo

El Ayuntamiento de Torrevieja no atenderá a las recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude porque, aducen, solo son eso: recomendaciones. Así despachan desde el Consistorio la polémica suscitada por la publicación de la resolución de la entidad autonómica que ha constatado posibles irregularidades en la concesión de ayudas a la asociación local de comerciantes Apymeco para la organización de sendas campañas del bono consumo en 2021 y 2022.

El Consistorio manifiesta, no solo que ha colaborado con la Agencia en cuantos requerimientos le han hecho, sino que también dieron traslado de ello a sus servicios jurídicos y que estos no estiman que proceda devolución alguna. «Tras un profundo análisis de los expedientes llevados a cabo por el Área de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento se ha concluido en la «improcedencia» de instruir procedimiento de revisión de oficio».

La Agencia, cabe recordar, que pide al Ayuntamiento que solicite a Apymeco la devolución de 283.218 euros. Considera que la esta entidad encargó en contra de la Ley General de Subvenciones encargos a terceros a cuenta de las ayudas concedidas y que estas no habrían sido debidamente justificadas. Subcontrataciones a empresa experta en pasarelas de pago a un informático local que, añaden, han puesto en conocimiento de la Agencia Tributaria.

Para la gestión del bono consumo, los ayuntamientos suelen recurrir a entidades colaboradoras que actúen como intermediarias entre los consistorios y el pequeño comerciantes u hostelero. En la mayoría de casos, como por ejemplo el oriolano, esa entidad suele ser Facpyme. En el caso torrevejense, Antifraude manifiesta que Apymeco figuraría como beneficiaria de una ayuda y no como intermediario.

La investigación en la Agencia Valenciana Antifraude parte de una denuncia anónima en la que se denunciaba que el Ayuntamiento habría presuntamente confeccionado unas bases de la convocatoria de ayudas 'ad hoc' para que a esta solo pudiera concurrir Apymeco.

Actualmente Torrevieja se halla inmersa en la novena campaña del bono consumo. La denuncia se extiende hasta la sexta. Pero para esta última, según expresan fuentes municipales en un comunicado, el Ayuntamiento ha introducido «algunas modificaciones para garantizar aún más los principios de concurrencia y se han añadido en los criterios de selección ítems objetivos vinculados a la gestión y ejecución del programa y el resultado -subrayan- es idéntico a las anteriores ocho convocatorias del programa, es decir, una sola asociación concurrente a la convocatoria (Apymeco)».

«Ésta (Apymeco) es la que gestiona y ejecuta el proyecto del bono consumo bajo su organización y dirección, aunque cumpliendo los requisitos exigidos en las propias bases reguladoras de la convocatoria, por lo que es la asociación quien tiene que cumplir los requisitos para ser beneficiario de la subvención», abundan desde el Consistorio torrevejense.

El Ayuntamiento, en línea con lo expresado por la vicealcaldesa y edil de Comercio, Rosario Martínez, defiende que el procedimiento llevado a cabo para la gestión del Bono Consumo ha sido «totalmente impecable como así certifican los servicios jurídicos del Ayuntamiento, así como de la propia Diputación de Alicante».

Precisamente, la institución provincial tiene algo que decir en este asunto, pues la segunda de Agencia es que el Ayuntamiento ejecute la devolución de otros 619.000 euros para la organización de la quinta y sexta campaña. El PSOE provincial pidió ayer explicaciones, aunque toda parece indicar que Diputación y Ayuntamiento estarían perfectamente alineadas en este asunto pues, cabe recordar, estas ayudas se aprobaron siendo presidente de la Diputación el actual jefe del Consell, Carlos Mazón. Muy cercano, además, al alcalde y ahora también diputado en Les Corts, Eduardo Dolón.

La Agencia Valenciana Antifraude, pese a tener sus orígenes y constitución en el anterior gobierno del Botánico, ha sobrevivido al cambio de gobierno en Valencia. Entre el PP valenciano se ve a la institución, que no reviste carácter judicial, como un órgano partidista que únicamente responde a intereses no coincidentes a menudo con los de los populares. Mazón les ha recortado el presupuesto.

Desoír las recomendaciones de Antifraude ante investigaciones ya conclusas puede derivar en que estos, sean recogidos después en las memorias anuales de la Agencia y sean trasladados a Les Corts para su puesta en conocimiento por los grupos políticos. En algunos casos, estos incumplimientos pueden llegar al Tribunal de Cuentas. Por lo pronto, en este caso, lo que se sabe es que tendrá una inspección más o menos exhaustiva de Hacienda.

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