La revisión del valor catastral en Orihuela apunta a una subida del IBI en las zonas de costa

«Venga quien venga, si quiere sacar los Presupuestos, tendrá que subir los impuestos». La frase, de un político local, da buena idea de la difícil decisión a la que se enfrentaba el alcalde, Pepe Vegara. Cuadrar las cuentas, prorrogadas desde 2018, tenía unos riesgos y, aun así, los ingresos todavía se quedan cortos para tapar el agujero de unos gastos disparados. Vegara, con la tranquilidad de saberse en el primer año de mandato, ha decidido poner fin al círculo vicioso de funcionar con cuentas de hace seis años y ha tirado por una tangente, asume, igualmente impopular: una actualización de los valores catastrales. Estos, a su vez, todavía más desactualizados que las propias cuentas municipales, pues datan nada menos que de 1994.

Diez millones es la cifra que el regidor oriolano y, a la sazón, edil de Régimen Económico, espera recaudar para dar un balón de oxígeno a unas cuentas que, él mismo tilda, deberán ser «austeras en gasto corriente». Una medida que supone un incremento impositivo que no afecta al tipo de IBI (que sigue siendo el mismo: 0,695%), pero sí a la forma en la que se mide. O lo que es lo mismo, un «necesito subir impuestos, pero no lo quiero hacer, ni ahora, ni de golpe».

La medida ya fue, de hecho, estudiada por el exalcalde Emilio Bascuñana. Hasta ahora había tirado para atrás a todos cuantos han pasado por el despacho de la Esquina del Pavo, en gran medida, por temor a la reacción de la calle y, en especial, a la de una costa muy contestataria con los impuestos municipales, que no ven reflejados después en los servicios de residuos, limpieza o playas.

Y es que los principales afectados por esto residen o al menos poseen una segunda residencia en la costa oriolana. El motivo es sencillo. Es el lugar donde más se ha disparado el valor del suelo desde hace la friolera de 30 años. Y cuanto más cerca de la primera línea, más todavía. Es más, «hay fincas en la costa que ni siquiera están catastradas, es decir, legalmente no existen», señalan fuentes consultadas.

Desde el equipo de gobierno trasladan que es una medida, no solo «necesaria», sino, abundan, «de justicia». Argumentan que en tanto que en el litoral los vecinos pasarán a pagar lo que deben según el valor de sus residencias, en otros puntos donde, por el contrario, la vivienda se ha depreciado, pagarán algo menos. «No puede ser que un vecino del Rabaloche, uno de los barrios más humildes, pueda llegar a pagar más del doble que uno que tiene un chalé con jardín y piscina a pie de playa», esgrimen medios internos.

El trabajo, calcula el ejecutivo, estará listo para finales de este nuevo año, de modo que esa liquidez no estará disponible en cuenta hasta entonces. Por su parte, Vegara asegura que las cuentas, donde dice contemplar esta medida, ya han sido puestas en manos de la interventora para su obligada fiscalización. Con suerte, espera llevar a Pleno el trabajo, si no este mes, el siguiente.

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