El presunto cabecilla de la trama de venta ilegal de chatarra municipal en Orihuela declarará en marzo

El funcionario señalado por ser presuntamente el cabecilla de una trama de venta ilegal de chatarra propiedad del Ayuntamiento de Orihuela ha sido citado a declarar el próximo 18 de marzo a las 10.15 horas. El Juzgado de Instrucción 1 investiga al trabajador público por un supuesto delito de malversación.

La toma de declaración debía celebrarse el pasado 18 de diciembre, pero fue suspendida porque la fiscal que debía asistir al testimonio del investigado se encontraba en ese momento en funciones de guardia y no pudo comparecer. La voluntad de la fiscal era llevar el caso personalmente y no delegarlo en otro compañero, por lo que se acordó determinar una nueva fecha, según trasladaron a este periódico fuentes judiciales.

El Ayuntamiento se personó en la causa como acusación al considerarse como posible perjudicado. Asimismo, también pasaron a declarar por los juzgados de la plaza Santa Lucía otros funcionarios municipales. Al contrario que el investigado, éstos acudían en calidad de testigos y, por tanto, con la obligación legal de decir la verdad. Algunos de ellos ya habían sido llamados previamente a prestar su testimonio en el marco de la investigación policial. Desde el Consistorio señalaron entonces a este periódico que los citados se habían reafirmado en las versiones que dieron en comisaría.

El caso por la presunta venta de chatarra saltó a la luz escasas semanas antes de las pasadas elecciones municipales. El grupo municipal del PP, en ese momento en la oposición, denunció unas supuestas ventas ilegales de material retirado de la vía pública desde el acopio situado en la carretera de Molins, junto a la comisaría central de la Policía Local, y con destino a empresas especializadas en la valorización de este tipo de residuos.

En concreto, los populares adjuntaban a la denuncia un vídeo en el que se podía observar un camión del Ayuntamiento que circulaba camino de una empresa ubicada en el polígono Puente Alto y que llevaba atrás cargado unas esculturas con forma de palmeras. Se trataba de cinco elementos que ornamentaban antaño el Rincón Hernandiano, la plaza donde está ubicada la Casa-Museo de Miguel Hernández y la sede de la fundación que lleva el nombre del poeta oriolano. Fueron entregadas en 2008 a Orihuela como un obsequio de la Fundación CAM con motivo del aniversario del fallecimiento de Miguel Hernández.

Los ataques vandálicos fueron los que obligaron al Ayuntamiento a retirar estas esculturas de la calle. Sus restos permanecieron depositados, pese a su gran valor artístico, en el mencionado acopio de material municipal. Un punto donde, como pudo constatar 'in situ' LA VERDAD, están también almacenados algunos otros elementos de valor como un cañón y un ancla que estaban en la plaza del Carmen y el monolito en honor al dictador Francisco Franco que fue retirado de la Glorieta tras una campaña de protestas ciudadanas.

De la investigación de la presunta venta de chatarra se hizo cargo la Policía Nacional. Las esculturas, fabricadas por la prestigiosa firma murciana Muher, fueron valoradas a petición de los agentes en 50.000 euros la unidad, lo que hace un total de 250.000 euros. Según ha podido esclarecer la Policía en su investigación, los operarios que las trasladaron a una chatarrería del polígono Puente Alto apenas recibieron 940,40 euros a cambio.

En los primeros compases de las indagaciones, los agentes requirieron la relación del personal que tenía acceso a las instalaciones produciéndose un cruce de mensajes entre la anterior alcaldesa, Carolina Gracia (PSOE), la entonces edil de Recursos Humanos, Luisa Boné (Cs), y una técnica del área de Infraestructuras que alegaba no tener competencias para atender la petición de los agentes.

Después de que el caso saliera a la luz, el anterior equipo de gobierno formado por PSOE y Cs aseguró en un comunicado ser «el primer interesado en saber qué ha ocurrido» y ser «el primer sorprendido« cuando tuvo conocimiento de las investigaciones, a la vez que puso a disposición de la Policía Nacional toda la información que le ha sido requerida. Incluso se comprometieron a personarse como damnificado si el caso finalmente aterriza en los tribunales. «Se depurarán todo tipo de responsabilidades, incluidas las disciplinarias que también fueran necesarias».

La denuncia fue ampliada 'a posteriori' a otro acopio situado en la costa. Tal y como avanzó este diario, el edil popular Víctor Valverde señalaba en junio de 2023, ya con el PP de vuelta al gobierno municipal, que también había tenido conocimiento de desplazamientos de chatarra municipal desde una parcela municipal del litoral con destino a empresas de Almoradí y Los Montesinos. Unos hechos estos últimos que no pudieron ser probados por la Policía.

Lo que sí hna podido constatar los agentes es que, según la versión de varios testigos entrevistados, al menos parte del dinero obtenido por la venta de chatarra se empleó presuntamente en el pago de comidas para los operarios municipales en restaurantes. Además, los agentes recogen en sus indagaciones que también se adquirieron a dos empresas locales aparatos de aire acondicionado y televisores que fueron supuestamente instalados en dependencias municipales que comparten los trabajadores del servicio.

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