Orihuela encomendará a Ildo la gestión de las zonas verdes de la costa

Ahora sí. La decisión está bastante tomada y, si no hay contratiempos, este próximo viernes será oficial. La empresa municipal Ildo pasará a tener una nueva encomienda más allá de la zona azul y los jardines de las pedanías: la gestión de todas las zonas verdes de la costa. Según ha podido saber LA VERDAD, el Ayuntamiento ha convocado este martes una reunión del Consejo de Administración de la mercantil y un pleno extraordinario este viernes con el siguiente punto en el orden del día: «Gestión directa del servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes de Orihuela Costa mediante la Sociedad Municipal Integración Laboral de Discapacitados Orihuela SL».

El ejecutivo tiene la mayoría en ambos órganos, por lo que estas convocatorias vendrían a apuntalar el rumbo tomado por el nuevo equipo de gobierno PP-Vox desde que accediera al codiciado despacho del Palacio del Marqués de Arneva: municipalizar la conservación de los parques y jardines del litoral. Así lo empezó a pergeñar el actual ejecutivo cuando la Concejalía de Infraestructuras encargó un informe para estudiar la viabilidad de esta operación. Un documento, de cuya elaboración se ha encargado Runitek, un estudio de ingeniería de Avilés (Asturias), y que, a tenor de lo ahora decidido, parece que el resultado ha sido más que favorable a los intereses del equipo de gobierno.

La decisión es crucial, pues puede marcar un antes y un después. El servicio de mantenimiento de zonas verdes de la costa lleva años prestándose sin contrato y cubriendo apenas el 40% de los jardines del litoral. Gestionado hasta ahora de forma externalizada, o lo que es lo mismo, contratado con una empresa privada, su salida de nuevo a licitación fue impulsada por Ciudadanos en el anterior mandato. Al cierre del periodo de presentación de ofertas, dicho concurso acabó convertido en un cruce de acusaciones entre técnicos municipales sobre presuntas coacciones e intereses.

Con la licitación estancada a la llegada del equipo del alcalde, Pepe Vegara, se planteó la encomienda a Ildo. Una decisión arriesgada que permitiría en el medio plazo prestar el servicio con ciertas garantías, pero que, paralelamente, se presupone que abrirá un nuevo y temido melón: el de las indemnizaciones. Tres empresas, STV-Evocivil, Actúa y Doalco-AVV, se presentaron al concurso y entregaron sus respectivas ofertas. Llevan esperando desde marzo a que la Mesa de Contratación tome un veredicto sobre quién de las tres es la mejor y ahora, con esta solución, podrían llevarse apenas un pellizco del cuantioso montante al que aspiraban. Y es que el contrato en liza estaba valorado en nada menos que 10 millones de euros. Fuentes consultadas ya avanzan que desde STV-Evocivil se oponen a la encomienda a Ildo y que recurrirán ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Existe un precedente reciente de este caso, de infausto recuerdo intramuros del Palacio del Marqués de Arneva. Fue cuando en 2012, tras los escándalos protagonizados por el empresario Ángel Fenoll en el caso Brugal, se llevó a licitar el contrato de las basuras, se valoró a Urbaser como la mejor y, después, 'in extremis', se decidió municipalizar y asumir la gestión directa del servicio. La empresa venció la batalla en los tribunales y el Ayuntamiento tuvo que indemnizar con 4,4 millones de euros a Urbaser en concepto de 'lucro cesante'.

Este caso de las zonas verdes es similar, aunque con sus matices. Los problemas surgieron casi desde el principio. La Mesa de Contratación pidió un informe de valoración conjunto a tres técnicos. Dos de ellos se negaron alegando motivos diferentes y el tercero (también redactor de los pliegos) decidió 'motu proprio' emitir su informe y meterlo en el expediente. El resultado de ese estudio fue que la UTE formada por STV y Evocivil era la mejor valorada, además muy por encima de sus dos competidores directos.

Adjudicar a STV-Evocivil, sin más, sin embargo, resultaría también una opción arriesgada, más si cabe tras las múltiples dudas que se han levantado en torno al procedimiento. Por un lado, un técnico municipal acusa ante la Agencia Valenciana Antifraude que la Mesa de Contratación quiere hacer un informe 'ad hoc' encargando la valoración a un profesor universitario que, dice, no tiene la formación requerida. Por su parte, la Mesa de Contratación, en una denuncia posteriormente archivada, acusó a Evocivil ante Fiscalía de intentar coaccionar a la Universidad Politécnica de Valencia para que dicho profesor no emita su informe. Y, para colmo, como avanzó este periódico, Evocivil pidió que se aparte a la Mesa de Contratación del procedimiento por «enemistad manifiesta». Con todo esto, no es descabellado pensar que a cualquier adjudicación en un sentido u otro le hubiera seguido una cascada de recursos entre mercantiles que continuarían dilatando la resolución del concurso.

Pero, más allá de las posibles consecuencias políticas, económicas y jurídicas de la decisión, el asunto está en si la empresa municipal Ildo está preparada para asumir tamaño encargo. La respuesta es que todavía no. De ahí que el objeto del estudio solicitado por el actual gobierno municipal fuera cifrar los costes que supondría. Según el documento de justificación de necesidad «es necesario el encargo a una empresa especializada en auditorías económicas para estudiar la viabilidad económica-financiera de la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes por la empresa municipal».

El encargo del informe, recién recibido, tenía un presupuesto base de licitación de 9.680 euros (IVA incluido). Entre otros objetos a estudiar en este documento se pedía el personal a subrogar del servicio actual, así como el coste del personal adicional a contratar. También se solicitó por parte del Ayuntamiento una valoración del coste de los vehículos y maquinaria a adquirir y adscribir al servicio, por medio de renting, adquisición directa, y según las posibilidades económicas de Ildo; el alquiler o adquisición de las instalaciones; los seguros de vehículos y de responsabilidad civil necesarios; y los consumibles y combustible necesarios.

Todo el encargo, además, estará guiado por la propia Mesa de Contratación, a los que, con el secretario y la interventora al frente, el alcalde Pepe Vegara ha confiado la resolución de este entuerto pese a las dudas vertidas. Tal y como adelantó LA VERDAD, su confianza en los integrantes de esta es «absoluta».

A favor de Ildo cuenta que es una empresa que ya tiene experiencia en este tipo de encargos, de hecho, ya se encarga del mantenimiento de las zonas verdes de las pedanías. La costa, en este sentido, supondrá un reto organizativo por su elevada población y extensión. El nuevo contrato en concurso contemplaba cubrir 2,5 millones de metros cuadrados (258 hectáreas) distribuidas en 213 zonas verdes, entre las que suman, por otro lado, unas 7.000 palmeras. Todo a repartir entre 30 operarios.

Ahora, lo que más preocupa es que la situación de las empresas municipales es calamitosa en lo económico puesto que sus presupuestos, al igual que el del Consistorio (prorrogado desde 2018), están desfasados y asumir esta nueva encomienda supondría un notable incremento de las partidas presupuestarias que debería inyectar el Ayuntamiento. Y todo ello no podrá cerrarse hasta que haya unos nuevos presupuestos, los cuales, recién presentados, ya han recibido un primer correctivo por parte de la interventora municipal.

Por otra parte, también es posible que, si finalmente se opta por Ildo, quizá sea necesario un cambio en el objeto de la sociedad municipal. Según sus estatutos, este es «la promoción y desarrollo de actividades de promoción, empleo, formación e inserción sociolaboral de personas discapacitadas».

La encomienda a Ildo de las zonas verdes de la costa, en este sentido, no es un cometido menor, de ahí que surjan dudas sobre si este puede ser asumido por personas con diversidad funcional. Tareas que incluyen, entre otras, la poda en altura de cientos de palmeras. Además, Ildo está obligada a mantener una cuota mínima de empleados de estas características y, cabe recordar, que esta empresa ya tuvo que asumir los salarios de los trabajadores de la zona azul, los cuales no tienen ningún tipo de discapacidad.

El alcalde, Pepe Vegara, a preguntas de este periódico, sostuvo que el alma fundacional de Ildo, el fomento del empleo entre personas con discapacidad, no se verá desvirtuado, pero no aclaró de qué manera lo hará. De ello depende, sin ir más lejos, que la empresa municipal siga optando a ayudas restringidas precisamente a este tipo de mercantiles.

El concejal de la Costa, Manuel Mestre (Vox), ya fue preguntado por este asunto en un Pleno y no dio cuenta de esta posible solución que inmiscuye a Ildo. Apenas se lió en un extenso circunloquio para explicar el funcionamiento administrativo por el cual el Ayuntamiento está abonando a Actúa, anterior concesionaria del servicio, las facturas que le pasa sin contrato por medio de la conocida como «omisión de la función interventora». Un procedimiento que, aparte de muy criticado, alarga los pagos de las facturas durante un largo espacio de tiempo que la empresa puede aprovechar, en otro orden de cosas, para pedir intereses de demora.

Si a todo eso se le suma que las partidas se agotan antes de final de año por estar los presupuestos prorrogados, esto obliga, como ya se ha hecho, a aprobar en el Pleno modificaciones de crédito con cargo a los remanentes de tesorería para poder pagar. Otra vez, más y más tiempo, del cual los únicos perjudicados son los vecinos de Orihuela Costa, que soportan un servicio a todas luces infradimensionado.

• Temas
• Ciudadanos Comunitat Valenciana
• Ayuntamiento de Orihuela
• Orihuela