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No hay caso de momento. Según confirman fuentes judiciales a este diario, la Fiscalía no observa, tras unas primeras pesquisas, que haya coacciones por parte de Evocivil en la licitación del contrato de mantenimiento de las zonas verdes de Orihuela Costa. La denuncia fue presentada en junio y suscrita por el secretario municipal, la interventora y el presidente de la Mesa de Contratación. En ella se relataba cómo, después de que un profesor de la Universidad de Cartagena se negara a hacer la valoración de las ofertas presentadas al concurso y esta se encargara a continuación a un docente de la Politécnica de Valencia, los jefes de este último habrían recibido el pasado 13 de junio un correo de un directivo de la citada mercantil en el que acusaba al secretario de «buscar un informe a medida» y le instaba a dirigirse al técnico redactor de los pliegos. «Tenemos respeto por el trabajo de la universidad, pero esto no es un trabajo de investigación ni colaboración técnica, se trata de adjudicar un contrato de 10 millones de euros y nuestras denuncias han sido aceptadas», rubricaba.
Días más tarde, el profesor de la UPV comunicaba su desestimiento del encargo al secretario vía correo personal y vía comunicación oficial. En esta última, el docente reconocía abiertamente que su renuncia responde «a la influencia que Evocivil intenta ejercer al enviar a mi universidad correos en los que argumenta que no está de acuerdo con que el que suscribe elabore un informe de juicio de valor, afirmando que no cumplo con el perfil y sugiriéndome que tengo algún tipo de interés personal que pueda afectarles». Unas afirmaciones con las que estaba «totalmente en contra» y negaba que hubiera conflicto de interés.
Por todo esto, los miembros de la Mesa de Contratación denunciantes manifestaban considerar los hechos como «una presión intolerable al ejercicio de nuestras funciones públicas y un intento de coacción para que la Mesa no pueda solicitar cuantos informes técnicos estime procedentes para efectuar la adecuada valoración de las ofertas». Así como recriminaban «la directa imputación de una presunta conducta delictiva tanto a los integrantes de la Mesa como al secretario».
Sea como fuere, el fiscal no lo ha entendido de la misma manera y ha decidido cerrar la investigación hasta nueva orden. No obstante, el caso de las zonas verdes continúa, puesto que el Ayuntamiento todavía no ha resuelto si adjudicar o cerrar la licitación en falso. La tentación de hacer esto último es muy real y podría desembocar en posibles indemnizaciones. El equipo de gobierno está estudiando, en este sentido, encomendar a la empresa municipal Ildo este servicio. Mientras, Antifraude prosigue con su investigación por la denuncia del técnico redactor de los pliegos contra el secretario y el presidente de la Mesa de Contratación.
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