Una empresa pide al alcalde de Orihuela que aparte al secretario y a la interventora de la licitación de las zonas verdes de la costa

El contrato de las zonas verdes de Orihuela Costa vuelve a rizar el rizo. Si bien la licitación continúa parada, eso no ha sido óbice para que en la trastienda continúen los movimientos. La última novedad es un paso que, sin duda, cabía esperar. Tras la denuncia de buena parte de la Mesa de Contratación contra la empresa Evocivil, según ha podido saber LA VERDAD, a esta le ha seguido un escrito de recusación. El gerente de la mercantil, cuya UTE con STV resultó la mejor valorada en el concurso, ha solicitado formalmente al alcalde, Pepe Vegara, que aparte de la adjudicación de este contrato, valorado en 10 millones de euros, a los funcionarios que cursaron la mencionada denuncia.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, cuestiona que los funcionarios estén hoy capacitados para tomar una decisión tan trascendental para las arcas municipales. El secretario municipal, la interventora, el presidente de la Mesa de Contratación y un vocal, tal y como reflejó este diario el pasado julio, denunciaban presiones contra el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) al que se encargó una valoración externa y calificaban un correo enviado por un directivo de Evocivil a la universidad como «una presión intolerable al ejercicio de nuestras funciones públicas y un intento de coacción a la Mesa«, al tiempo que recriminaban al empresario «la directa imputación de una presunta conducta delictiva tanto a los integrantes de la Mesa como al secretario».

Pues bien, la respuesta por parte de la mercantil a estas acusaciones no puede ser más contundente. «Es razonable sostener que existen sospechas objetivamente justificadas de riesgo de pérdida de la necesaria imparcialidad, que trata de asegurar que los funcionarios que intervengan en el procedimiento administrativo se acerquen al mismo sin prevenciones o perjuicios que en su ánimo pudieran existir a raíz de la relación con el objeto del procedimiento. Ello por sí solo justificaría la abstención de los referidos funcionarios, o en su caso, la recusación de los mismos».

La mercantil va incluso más allá y pide que el Consistorio considere emprender medidas de castigo contra los funcionarios. «La participación en el procedimiento de contratación referido y la emisión de informes y/o propuestas por los funcionarios incursos en causa de abstención debe conllevar la incoación de expediente disciplinario, por la comisión de una falta muy grave», consideran.

Según la ley, los funcionarios pueden y deben abstenerse de participar en un procedimiento si tienen un interés personal en el asunto, son administradores de una sociedad interesada, han prestado servicios profesionales al gún interesado en el pasado o tienen cuestión litigiosa pendiente con alguno. También pueden renunciar en caso de tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas interesadas. La empresa entiende que los integrantes de la Mesa de Contratación denunciantes no podían seguir participando del proceso desde el momento en el que mantenían una causa abierta en los juzgados con ella.

Paralelamente, el técnico municipal redactor de los pliegos y que hizo el único informe de valoración existente alertó a la Agencia Valenciana Antifraude de «la intención de buscar un informe de valoración 'ad hoc', que se acomode a los intereses espurios de los miembros de la Mesa de Contratación». En ese escrito, el funcionario municipal defendía que el profesor buscado en la UPV trabajó previamente con un docente de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que colaboró para Actúa. Esta otra empresa fue situada precisamente como la segunda mejor valorada. Por lo pronto, y como adelantó también LA VERDAD, Antifraude ya solicitó al Ayuntamiento el currículum y el órgano o autoridad que decidió escoger a ese profesor en concreto.

Previamente, el experto de la UPCT renunció a valorar la adjudicación pese a tener la formación requerida para ello. En la investigación abierta en Antifraude, el técnico municipal denunciante señala que, supuestamente, el docente de la UPV que se buscó en sustitución es economista y, por contra, no tendría la formación necesaria. La Mesa de Contratación justificó la búsqueda de un especialista externo porque habían pedido un informe de valoración conjunto a tres técnicos municipales y dos de ellos se habían negado a hacerlo.

El actual ejecutivo PP-Vox, a resultas de todos estos inconvenientes, ha preferido no dar pasos adelante en la licitación. Detenida 'de facto', habrían voces que abogarían por rehacer los pliegos y reiniciar el concurso público. No obstante, existe la duda de si, de ello, podrían derivarse indemnizaciones a las empresas que presentaron sus ofertas a la licitación actual y que, a día de hoy, sigue siendo la más cuantiosa de cuantas hay ahora mismo en liza en el Ayuntamiento.

La salida a concurso de este servicio fue iniciada en el pasado mandato por el gobierno PSOE-Cs con el objetivo de sacar un contrato acorde que diera servicio a la totalidad de los parques y jardines de la costa oriolana. La anterior contrata apenas cubría el 40% de los existentes, de ahí que su presupuesto se incrementara hasta duplicarlo. «El servicio contará con 30 operarios, cuando ahora hay 12 y el importe del contrato pasará de 860.000 euros al año a 1,9 millones», aseguró el entonces edil de Infraestructuras, Ángel Noguera.

El anterior servicio prestado por Actúa se inició en marzo de 2011 y finalizó su última prórroga anual en febrero de 2017. Tras casi seis años funcionando sin contrato, está siendo objeto por otra parte de un proceso judicial a raíz de una denuncia presentada por Cambiemos. En esta otra causa están investigados Noguera y la edil Luisa Boné, de Ciudadanos.

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