Antifraude pide el currículum del profesor que iba a valorar el contrato de los jardines de Orihuela Costa

La Agencia Valenciana Antifraude ya se ha puesto manos a la obra. La entidad asegura que habría recibido hasta tres alertas relativas al expediente de contratación del servicio de mantenimiento de las zonas verdes de Orihuela Costa. Una de ellas, adelantada por este periódico, estaría suscrita por el técnico redactor de los pliegos del contrato. En ella se apuntaba que el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia encargado por la Mesa de Contratación para hacer una valoración externa carecería de la formación requerida para ejecutar dicho encargo. Pues bien, Antifraude ya ha actuado y requiere al Ayuntamiento para que le facilite el currículum del docente.

«Aporte copia de la resolución, acuerdo o decisión por la que se seleccionó al profesor de la Universidad Politécnica de Valencia para la emisión del informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor en el contrato», requiere el director de análisis e investigación de la Agencia, que, añade, «en caso de que no conste en documento alguno, informe de qué autoridad, órgano o funcionario tomó la decisión y los motivos de la elección del citado profesor, deberá certificarse dicha circunstancia».

El profesor de la UPV fue el segundo en ser encargado después de que dos técnicos municipales y un primer profesor, este de la Universidad Politécnica de Cartagena, se negarán a valorar las ofertas presentadas por la UTE STV-Evocivil, Actúa y la UTE Doalco-AVV. En esa primera búsqueda de un experto externo, la Mesa de Contratación, tras desestimar la valoración hecha por el técnico redactor de los pliegos (que colocó a STV y Evocivil como las mejor valoradas), estimó necesario que esa persona independiente estuviera especializada en Ingeniería Agrícola, en la rama de paisajismo y jardinería. «Ahora al señor secretario se le ocurre contratar a la UPV, a un profesor que es economista y no ingeniero para la elaboración del informe, que seguramente le hace el profesor de la UPCT. Ya hemos denunciado el asunto a la UPV y parece que el rector fue engañado», señaló en su denuncia ante Antifraude el técnico redactor de los pliegos.

Es por esto que ahora la Agencia espera que se le remita el currículum del profesor de la UPV para comprobar si efectivamente este técnico estaría en lo cierto y el encargo se realizó a una persona carente de la capacitación académica necesaria para, como suscribe el funcionario municipal, «buscar un informe de valoración 'ad hoc', que se acomode a los intereses espurios de los miembros de la Mesa de Contratación». Una información, la del currículum, asegura el director de Antifraude que «consta en el acta de la Mesa de Contratación de 31/05/2023 que se incorporó al expediente».

El profesor de la UPV negó que hubiera ningún conflicto de interés; sin embargo, renunció al encargo después de que, según aseguró, sus jefes de departamento en la universidad recibieran coacciones vía correo electrónico por parte de un directivo de una de las empresas que se presentó al concurso, Evocivil. En este sentido, Antifraude también reclama copia de las solicitudes cursadas para requerir a la universidad y al profesor las declaraciones de conflicto de intereses relativas al citado contrato. «En el caso de no existir comunicaciones escritas deberá informar sobre dicha circunstancia acreditando cómo se tramitaron», incide.

El requerimiento, avisa Antifraude, se realiza, sin perjuicio de otras futuras actuaciones que puedan ser realizadas durante la tramitación del procedimiento y supone la suspensión del procedimiento por el tiempo que medie entre su notificación y su efectivo cumplimiento. Al mismo tiempo, la Agencia recuerda al Ayuntamiento su deber de colaboración y las consecuencias legales que se derivarían de no contestar a sus requerimientos.

Desde la Agencia Valenciana Antifraude, consultados por este periódico, se niegan a hacer comentario de las actuaciones emprendidas al tratarse de una investigación abierta y para salvaguardar los derechos de los investigados.

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