La Junta de Gobierno de Orihuela aprueba la reparcelación de Cala Mosca pese a la falta de infraestructuras de saneamiento

La Junta de Gobierno ha vuelto a dar luz verde este martes a la urbanización del sector D-1 'Alameda del Mar', más conocido como Cala Mosca. El último kilómetro virgen del litoral oriolano está siendo objeto de urbanización por parte de la promotora Gomendio desde que el pasado 24 de abril retomaran las obras paralizadas en 2008 tras el hallazgo de especies de flora y fauna protegida. Con la decisión tomada hoy, ahora el proyecto cuenta también con el visto bueno del Ayuntamiento a su proyecto de reparcelación que, como en la anterior votación en abril, ha contado con el voto afirmativo de Ciudadanos (que tiene la mayoría en la Junta de Gobierno) y la abstención del PSOE.

Según el concejal de Urbanismo, José Aix (Ciudadanos), este paso no deja de ser otro mero trámite administrativo a un proceso reglado en el que el Ayuntamiento poco margen de maniobra tiene ya para frenar o paralizar la construcción de Cala Mosca.

Desde que la constructora dio el paso de meter las máquinas a los terrenos ya con el aval de una declaración de impacto ambiental favorable de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat y el visto bueno del Pleno y la Junta de Gobierno local, los contrapiés, sin embargo, han sido constantes. El primero fue el acta de replanteo. Gomendio se negó a firmarla escudándose en la que, dijo, ya firmó antes de que se pararan las obras en 2008. En todo caso, defendieron que, según su criterio, debía firmarse un acta de «reinicio».

Una postura que en nada convenció al técnico municipal que acudió a dar fé de la reanudación de las obras que, en lugar de dar su plácet, advirtió al promotor de que el acta de replanteo firmada presuntamente en 2008 no figuraba en el expediente de urbanización. El promotor, enfadado, requirió al Ayuntamiento el currículum y vinculación del técnico al Ayuntamiento, según denunció Cambiemos. Finalmente, dada la irregularidad, Gomendio rectificó y firmó de nuevo un acta de replanteo puesto que había cambiado sustancialmente el proyecto con motivo de la aparición de esas especies protegidas; una presencia que le obliga a preservar y vallar unos espacios para destinarlos a «microrreservas».

El segundo contrapié fue la inexistencia del necesario permiso de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana para realizar la pasarela peatonal sobre la carretera N-332, que afecta al dominio público y zona de servidumbre de la nacional.

Después de que la alcaldesa denunciara públicamente supuestas presiones de la constructora para que elevara a Junta de Gobierno el visto bueno municipal a las obras, Carolina Gracia (PSOE) encargó un informe técnico para garantizar que las condiciones que se le habían impuesto al promotor en materia medioambiental se cumplirían. En aquel momento, la regidora ya expresó sus dudas de que hubiera suficiente disponibilidad de recursos hídricos para abastecer a las 2.200 viviendas que Gomendio pretende edificar en los terrenos.

Pues bien, si no está del todo claro si habrá agua suficiente, lo que desde la entidad pública de la Comunidad Valenciana que gestiona las redes de saneamiento, la EPSAR, lo que tienen claro es que la red de alcantarillado de Orihuela Costa no tiene hoy capacidad suficiente para un proyecto de tal envergadura. «No debe reiniciarse las obras de urbanización y edificación en la zona sin garantizar que el ayuntamiento o el promotor acometen su parte alícuota de ejecución de obras de mejora de los colectores del sistema público de saneamiento y depuración de Orihuela Costa», rubrica en su escrito del pasado 9 de junio el secretario autonómico de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Francisco José Candela.

Antes de que se diera luz verde a la urbanización en Junta de Gobierno en abril, desde Urbanismo ya se advertía que el 4 de mayo, de no reiniciarse las obras, los terrenos quedarían integrados en la infraestructura verde amparada por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), lo impediría la edificación de la zona. Una situación que, tanto PSOE como Ciudadanos, querían impedir puesto que, según dicen, habría supuesto al Ayuntamiento tener que pagar una indemnización (de 200 millones, según el promotor) que habría puesto a temblar la viabilidad económica del propio Consistorio.

Así todo, los hechos parecen indicar que esta no será tampoco la última zancadilla al proyecto para urbanizar Cala Mosca. Cambiemos y la Demarcación de Carreteras todavía mantienen abierta la vía judicial para paralizar de nuevo las obras.

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