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El Palacio del Marqués de Rafal iniciaba el año pasado una segunda vida después de que el edificio fuera adquirido por la Generalitat a los marqueses para establecer ahí la que sería la primera sede de la presidencia de la comunidad autónoma fuera de una capital de provincia. Los salones nobles sirvieron entonces, durante el mandato del socialista Ximo Puig, como escenario de hasta dos plenos del Consell. Sin embargo, desde poco después de las pasadas elecciones y con el cambio de gobierno, ahora en manos del popular Carlos Mazón, el edificio se cerró y nada más se supo. El nuevo president incluso prescindió de celebrar su Consell del pasado septiembre en el palacio oriolano. En su lugar, optó por reunir a los suyos en el Salón del Oriol del Ayuntamiento.
Según pudo comprobar este diario, los únicos trabajadores que allí estuvieron fueron despedidos. Su cometido era la gestión y coordinación del Plan Vega Renhace, la otra función que tuvo el palacio mientras mandó Ximo Puig. Eso sucedió en junio y desde entonces la Generalitat ha girado visitas puntuales de las que no ha dado cuenta, más allá de incidir en que el edificio no presenta, a su parecer, las mejores condiciones. Es por esto que un grupo de vecinos de Orihuela, entre ellos destacados nombres del mundo cultural y de la defensa del patrimonio en la ciudad, se han dirigido a Mazón con un claro mensaje: que el palacio vuelva a abrirse cuanto antes.
La adquisición por la Generalitat del Palacio del Marqués de Rafal, señalan los firmantes, «tuvo una gran acogida en Orihuela que veía cómo, por fin, 'Valencia miraba al sur de la Comunidad' y se hacía cargo de la complicada situación que tenemos en Orihuela para mantener nuestro rico patrimonio, adquiriendo uno de los palacios recientemente cerrado que, de no haber sido comprado y puesto en uso, hubiera sufrido un rápido deterioro convirtiéndose en inservible a corto plazo, asunto que agravaría la situación de abandono del casco histórico de la ciudad y supondría un paso atrás en el potencial económico».
Denuncian que, desde el 19 de julio de 2023, con el cambio de gobierno, el palacio no cuenta con servicio alguno de mantenimiento, limpieza, jardinería, vigilancia, «ni tan siquiera ventilación del edificio, y no creemos que esta sea la mejor de las situaciones para una sede de Presidencia de la Generalitat, su sede en la Vega Baja, que, además, alberga una exposición itinerante de escudos históricos del Reino de Valencia que los oriolanos y habitantes de la comarca casi no han podido disfrutar».
Durante la pasada visita a Orihuela de Carlos Mazón, el president explicó a preguntas de los medios de comunicación que prescindió del palacio para celebrar el Consell porque, dijo, «nos lo encontramos cerrado». «A mi me hubiera gustado que mis predecesores hubieran consignado la partida presupuestaria para mantenerla abierta todo el año, pero solo la mantuvo abierta media año. Ahora tomaremos las medidas oportunas para reabrir ese magnífico palacio en condiciones», expuso sin incidir en posibles fechas o plazos.
El PP local en la oposición denunció en marzo que el Palacio estaba operando y organizando actos públicos sin tener la preceptiva licencia de actividad. Los populares señalaban que legalmente el edificio seguía siendo una vivienda privada y que, en las actuales condiciones, no cumplía las normas mínimas de accesibilidad. Lo cierto es que, como pudo comprobar este diario, algunas estancias del inmueble, como la segunda planta, requieren de una intervención. Unos trabajos que nunca se llegaron a efectuar. La promesa del anterior president Ximo Puig era adecuar el edificio para albergar un instituto del agua.
En este sentido, los firmantes de la carta urgen del actual ejecutivo valenciano a que, a la mayor brevedad y para evitar que se degrade este inmueble, proceda a abrir a la ciudad y su comarca la sede de Presidencia de la Generalitat, «dotándola de los medios necesarios para cumplir sus fines e instalando aquellos otros servicios que consideren puedan ser útiles a la mejora económica y social para el desarrollo de la Vega Baja».
Los firmantes ofrecen a la Generalitat su colaboración en la consecución de dicho fin referente al asesoramiento histórico y programación y gestión de actividades culturales como, recuerdan, «ya hicimos algunos de nosotros en el momento de la compra del edificio y su puesta en marcha».
La ciudad de Orihuela, concluyen, «precisa de la colaboración de las administraciones para lograr la recuperación de su valioso patrimonio inmueble y que, de no hacerlo así, repercutiría en toda la Comunidad Valenciana con la pérdida de un referente patrimonial importante».
Entre los firmantes se encuentra el investigador Javier Sánchez Portas, que fue el anterior responsable del Archivo Histórico y asesoró al gobierno de Ximo Puig en la adquisición del edificio y del archivo personal de los marqueses, con los que guardó estrecha relación. También están la historiadora María Elisa Zerón o la restauradora local Elisa Martínez.
El escrito también ha sido remitido en copia al alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y a la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve. En mayo de 2022, el Consell autorizó una modificación presupuestaria de 2,4 millones de euros para poder acometer la compra de este palacio que data del siglo XVIII, aunque fue sometido a una importante reforma a inicios del siglo pasado.
Anteriormente, el edificio había servido de residencia estival para los marqueses de Rafal, los cuales residían de forma habitual en Madrid. La muerte del anterior marqués motivó que sus herederos sacaran a la venta el palacio, puesto que no tenían intención de seguir dándole uso.
Mientras estuvo el palacio abierto como edificio público, albergó conciertos, actividades y exposiciones. Hasta el pasado enero más de 700 personas habían hecho una visita guiada por este insigne edificio, cuyo acceso durante décadas estuvo reducido a un contado número de ilustres y conocidos del linaje de los Rafal.
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