La Generalitat asegura que rehabilitará el Palacio Marqués de Rafal de Orihuela, pero sigue sin definir su uso

El Palacio del Marqués de Rafal será rehabilitado o eso es al menos lo que ahora defiende el actual Consell. La presión vecinal y política parece que ha surtido efecto y el gobierno de Carlos Mazón ha salido este jueves al paso para ofrecer explicaciones. Un arquitecto se ha presentado en el edificio y, según traslada el departamento de comunicación de la Generalitat, su estado es «pésimo». Es por esto que, reconocen, el edificio continuará cerrado hasta que se rehabilite. Eso sí, no han perdido la ocasión para recriminar al anterior jefe del Consell, Ximo Puig, la «enorme irresponsabilidad» que, dicen, cometió al abrir sus puertas al público y a las visitas.

Este periódico ya adelantó que la Generalitat dice estar preparando un contrato de mantenimiento. Ahora, manifiestan que tienen previsto «llevar a cabo un proyecto de reforma del palacio para subsanar las múltiples deficiencias encontradas en el edificio y adecuarlo a la normativa vigente en materia de seguridad y prevención de riesgos». En este sentido, y como reconocieron sus anteriores ocupantes, el edificio carece y carecía de licencia de actividad y, como denunciara ya el PP local cuando estaba en la oposición, continúa hoy catalogado como un edificio residencial, es decir, como la vivienda que fue, en este caso, de los marqueses de Rafal.

Hasta el cambio de gobierno en Valencia, el palacio era sede de la presidencia de la Generalitat, la única fuera de una capital de provincia, así como la oficina del Vega Renhace. Un plan de inversiones para la Vega Baja que, si bien sus proyectos en materia hidráulica parece que continuarán adelante bajo otros nombres, en la práctica ha sido liquidado y todos los responsables del gobierno Mazón repudian ahora siquiera nombrarlo. Los técnicos que trabajaban desde el palacio en la coordinación de este plan, además, fueron fulminantemente despedidos tras las elecciones.

Respecto al futuro de la casona, de las declaraciones hechas este jueves por el Consell, solo se desprende que la intención es que siga siendo un edificio público. Más allá de eso nada. «El proyecto también incluirá las reformas necesarias en el interior del inmueble para adaptarlo a futuros usos administrativos y de oficinas, entre otros». En declaraciones a LA VERDAD, mantenían que esa decisión sería consensuada con el Ayuntamiento y que no descartaban estudiar un convenio.

Los siguientes pasos a dar, manifiesta ahora la Generalitat en su comunicado, es elaborar «de forma inmediata» un informe del estado de conservación del inmueble al comprobar su estado de abandono y la falta de mantenimiento y de medidas de accesibilidad. Indican que, tras las primeras inspecciones, «el edificio ha tenido constantes fugas de agua con afección en el sistema de alarma y no reúne las mínimas condiciones de seguridad para estar abierto al público«. Las instalaciones de electricidad, protección contra incendios y climatización, añaden, »son inexistentes u obsoletas».

Cierto es también que, como criticó el PP, el edificio tampoco cumple con la más mínima adaptación para su accesibilidad. Los accesos a las diferentes plantas son todos a través de escaleras. Hasta el verano pasado, el palacio albergó, sin embargo, charlas y conciertos en el patio y hasta una muestra con réplicas de los escudos del Reino de Valencia en la primera planta. En el comunicado nada se dice de que ha sido de esa colección que, a la marcha del gobierno del Botánico, seguía dentro del palacio.

La Generalitat continúa su exposición de motivos para no devolver el palacio a la actividad como así lo ha solicitado un grupo de vecinos y el PSOE porque, manifiestan, el equipamiento de alumbrado, ventilación y telecomunicaciones es también «deficiente». «El informe establece que el extenso listado de irregularidades encontradas desaconseja que el palacio pueda tener un uso administrativo, con actividad de despachos y oficinas, sin las correspondientes reformas en profundidad«. Las instalaciones, detallan, son acordes al uso original del edificio, como antigua vivienda. »De hecho, la mayor parte del inmueble se encuentra en su estado original del siglo XVIII, reformado a comienzos del siglo XX», concluyen.

Para devolver el palacio a un uso administrativo, aseguran que deberán solicitar el cambio de uso y que el palacio deje de estar catalogado como una vivienda particular, así como un proyecto técnico que incluya todas las intervenciones necesarias y la solución de las múltiples irregularidades. «Tendrá que incluir la accesibilidad, protección contra incendios, señalética y habitabilidad, entre otros requisitos; y previo a todo ello informes de seguridad estructural, estudio de patologías y diagnóstico de la seguridad del edificio. Para ello será necesario solicitar las correspondientes licencias de obras y actividad», insisten.

Desde Alicante, la delegada del Consell en la provincia, Agustina Esteve, ha señalado también su sorpresa ante «el hecho gravísimo» de que el edificio se abriera al público y las visitas. «El Palacio del Marqués de Rafal no reunía las mínimas condiciones para estar abierto. Por su interior pasaron familias con niños sin conocer que el inmueble carecía de medidas de seguridad y que tenía importantes deficiencias».

El anuncio ha coincidido con la presentación de una moción por parte del PSOE al Pleno de este jueves en la que pedía a la Generalitat que el palacio retomara la actividad que tenía previamente e incluirlo dentro de las rutas turísticas, así como instar a Urbanismo a que le conceda la preceptiva licencia de actividad en atención también al ofrecimiento de algunos vecinos para dotar el edificio de eventos. También solicitaban donar a la Generalitat la placa con el nombre del marquesado de Rafal que entre 1956 y 2016 daba nombre a la plaza en la que se ubica el inmueble, ahora renombrada como de Ramón Sijé al ser este el lugar en el que Miguel Hernández declamó su famosa Elegía en honor a su amigo recién fallecido.

La moción, como cabía esperar, salió rechazada con los votos de los actuales integrantes del equipo de gobierno municipal, PP y Vox, y recibió el voto favorable de los grupos de la oposición: PSOE, Cambiemos y Ciudadanos. El concejal de Patrimonio, Matías Ruiz, se manifestó precisamente en los mismos términos que la Generalitat en su comunicado y aseguró «que se está trabajando con ella para darle el mejor uso posible». Ruiz también calificó la decisión de Puig de irresponsable y de «derroche». «Se compró un edificio residencial y se sabía que iba a ser muy costosa su adaptación a un edificio público».

La portavoz socialista, Carolina Gracia, sacó pecho de las inversiones del Botánico en Orihuela con la compra del palacio y del asilo y retó a Carlos Mazón a superar en los próximos cuatro años la cuantía de dichas inversiones. «Lo que pide la moción es claro y ustedes señores del Partido Popular son incapaces a decirle al señor Mazón que prefieren tenerlo abierto porque les recuerda a Ximo Puig«. La gente, dijo Gracia, »está igual de segura en ese palacio que lo está en este!, dijo en referencia al Ayuntamiento.

El portavoz de Ciudadanos, José Aix, resumió la cuestión en una lucha de «bipartidismo y relato» y culpó al equipo de gobierno local de «contribuir a la decadencia del casco histórico cerrando un edificio que había despertado mucha ilusión». La líder de Cambiemos, Leticia Pertegal, por su parte, culpó al actual Consell de infundir «desinformación» al no aclarar desde el principio el futuro del palacio y del Plan Vega Renhace. El concejal Gonzalo Montoya, de Vox, cerró filas con sus socios de gobierno e instó al Consell a dar uso al edificio «cuanto antes».

En enero de 2023, según detalla la Generalitat en su comunicado, comenzaron a trabajar en el palacio el director del Plan Vega Renhace, Antonio Alonso, y técnicos de la empresa Tragsatec con la que la Generalitat había concertado en mayo de 2022 una encomienda de gestión para la implementación y seguimiento del plan. Tras varios meses trabajando en su interior, en junio de 2023 el anterior Consell de la Generalitat en funciones emite acta de finalización del encargo y los trabajadores abandonan sus puestos.

El 18 de julio de 2023 el director del Plan cerró el edificio, dejándolo sin servicio de seguridad y limpieza, y entregó las llaves del palacio en la Delegación del Consell en Alicante. El Palacio Marqués de Rafal de Orihuela es desde junio de 2022 propiedad de la Generalitat. Su adquisición costó al Consell de Ximo Puig 2.350.000 euros.

Su compra despertó ilusión entre muchos colectivos puesto que se trata de un palacio que, antes de su compra, había sido puesto en venta por el desinterés de los herederos del anterior marqués en darle uso tras años en los que este inmueble, en pleno corazón del casco histórico, había servido de residencia estival para esta saga de aristócratas.

El Consell ha hecho públicas unas imágenes tomadas por el arquitecto durante la visita de este jueves, pero solo de las estancias que presentan mayores daños. Entre ellas está una de las viviendas para el servicio que estaba en desuso en la planta baja, otras imágenes de la que sí estaba en uso hasta la muerte del anterior marqués y otras de la cocina que usaban los trabajadores del Vega Renhace para calentar el almuerzo y hacerse el café. En todas ellas se observan grietas, fisuras, desconchones, humedades, baldosas rotas y suciedad.

La Generalitat no han difundido fotos, por contra, de la planta noble, la de la antigua casa de los marqueses y donde se ubicaron posteriormente la oficina y despacho del director del Vega Renhace y la sala para reuniones de trabajo (mesa de billar incluida). Tampoco de la biblioteca, archivo y salón con chimenea donde el Consell celebró durante el mandato de Ximo Puig dos de sus reuniones en Orihuela o la improvisada sala de prensa (antes dormitorio de los marqueses).

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