Los exediles del PP de Orihuela piden su absolución en el caso del pago de facturas a Fenoll

Quince años. Es el tiempo que ha tardado en celebrarse el juicio contra cuatro exediles del PP oriolano por el pago de facturas con reparos de Intervención a mercantiles vinculadas al empresario Ángel Fenoll. La Audiencia Provincial, con sede en Elche, celebraba la semana pasada las sesiones. Los acusados, según traslada a este periódico la defensa de dos de los ediles, aseguraron que son inocentes, que el abono de esas facturas venía avalado por Contratación y que se hicieron según los pasos y condicionantes previstos en la Ley de Contratos del Sector Público vigente en la fecha de los hechos. Por todo esto, piden su absolución.

El caso surge de la denuncia de la exedil socialista Antonia Moreno, en 2009. Tanto ella como su letrada no han ejercido finalmente la acusación particular. No así el Ministerio Fiscal, que pide 12 años y medio de inhabilitación para los cuatro por un presunto delito de prevaricación continuada. La ediles investigados son Antonio Rodríguez Barberá, Manuel Abadía, José Antonio Aniorte y Antonio Rodríguez Murcia. La defensa de Rodríguez Barberá y de Aniorte, a preguntas de este diario, señala que los exediles actuaron con el aval de un informe técnico del jefe del área de Contratación del Consistorio que, dice, apreciaba la recogida de residuos y enseres en la costa «como un servicio esencial y básico».

Según la ley vigente en aquel momento, afirma el letrado Emilio Fernández, el pago con reparo se puede hacer siempre y cuando se constate que el servicio a abonar se ha prestado efectivamente, que los precios son acordes a mercado y que se está, al mismo tiempo, impulsando una nueva licitación. En este último aspecto, Fernández señala que sus representados «lo intentaron varias veces sin éxito y hay constancia documental de ello».

«El interventor ponía reparo porque no había previa fiscalización, no lo ponía al pago de la factura en sí», interpreta la defensa de los acusados. Según las mismas fuentes, no haber procedido al abono de dichas facturas hubiera supuesto un «enriquecimiento injusto» del Ayuntamiento y que, en caso de que la empresa hubiera acudido a los juzgados, el Consistorio «tenía todas las de perder. Tendría que haber pagado la factura con intereses de demora».

Reconocen que la ley de contratos actual, de 2017 –y que no se aplica a este caso– es «más restrictiva», pues cualquier pago de un servicio sin contrato y con reparos de Intervención debe pasar ahora por la fiscalización del Consejo Jurídico-Consultivo.

Asimismo, el letrado recrimina que el siguiente gobierno, el tripartito del exalcade Monserrate Guillén, –del que formó parte Antonia Moreno– siguió abonando después las facturas con reparo a las mismas empresas hasta que decidieron municipalizar las basuras en 2012. «En todo este tiempo se ha producido una dilación indebida en la Justicia que ha causado un deshonor y un agravio a mis representados». Señala Fernández, además, que esos pagos ya fueron objeto de investigación en el 'caso Brugal' y, entonces, dice, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante no apreció delito.

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