Costas abre la nueva pasarela peatonal junto a la playa de La Glea en Campoamor

Vía libre al paso por la nueva pasarela por la playa de La Glea en Campoamor. La nueva infraestructura construida por la Demarcación Provincial de Costas consolida así el cierre al tráfico rodado de este punto sobre la desembocadura del río Nacimiento, junto a la playa de La Glea en Campoamor. Todo y que el Ayuntamiento, según ha podido saber LA VERDAD, ha formalizado el recurso ante el Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que desautoriza al Consistorio oriolano para reconstruir la carretera y vial que atravesaba antes este cauce.

Según el cartel que han ubicado junto a esta nueva infraestructura, el proyecto ha sido ejecutado por la empresa pública del Estado, Tragsa. La obra ha tenido un coste de 52.000 euros y un plazo de ejecución de 2 meses. La actuación, indica, estaba incluida por Demarcación Provincial de Costas dentro del plan anual de inversiones para el mantenimiento de la costa de Alicante, valorado en 300.000 euros.

La senda consta de listones de madera de 55 metros de largo, tres de ancho y tres de canto y viene a sustituir a los restos de asfalto que quedaron tras la riada que se produjo en este punto durante la devastadora Dana de 2019. Una actuación que el administración estatal entiende como la correcta porque «no supone modificación alguna de la capacidad de desagüe del río ya que la tarima se dejaría a cota del terreno natural y anclada a la antigua base enterrada de la carretera para evitar que sea arrastrada por crecidas ordinarias del río».

Así lo advertía Costas en un escrito del pasado 8 de abril al que tuvo acceso LA VERDAD. La misiva fue el último aviso al Ayuntamiento de Orihuela de la demarcación provincial, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, antes de acometer sin más dilación la demolición de los restos de firme.

Los vecinos, por su parte, llevan desde la riada de 2019 reclamando que la carretera se reabra cuanto antes. Denuncian que, mientras antes se podía cruzar de una orilla a otra del río por primera línea de playa, ahora cualquier conductor se ve obligado a dar un rodeo por el interior para pasar por el otro vial que cruza la rambla bajo el famoso puente de piedra. O, en caso de que esta última carretera quede anegada por un episodio de lluvias, subir hasta la misma N-332.

El Ayuntamiento acometió contra su voluntad una adecuación en 2021 de la desembocadura que pasó por cerrar al tráfico rodado dicho tramo de avenida de las Adelfas y pintar sobre los restos de asfalto una senda peatonal. El coste de aquella actuación ascendió entonces a 72.003,28 euros.

Costas lanzó su último aviso cuando la sentencia del Superior valenciano ya había sido dictada. La decisión judicial data del pasado 22 de abril, dos semanas antes de que dieran comienzo las obras de la nueva pasarela de madera. El Ayuntamiento acudió a la Justicia alegando que la carretera era una infraestructura preexistente a la propia Ley de Costas y que ya se contemplaba en el plan urbanístico de Campoamor, que data de 1969. El tribunal, por contra, no vio en ello justificación suficiente. «El Plan de Ordenación del Centro de Interés Turístico Nacional 'complejo residencial Campoamor' no habilita como indica el recurrente (el Ayuntamiento) para la ocupación del dominio público marítimo terrestre al entender en desacuerdo con la actora (Costas) que su artículo 2 permite el uso y disfrute de los bienes de dominio público comprendidos dentro de los límites de la urbanización, pero en modo alguno supone el otorgamiento de una autorización o concesión», rezaba la sentencia del TSJCV.

En el mismo sentido, los jueces del Superior valenciano insistían en que este caso no entraría en los supuestos contemplados dentro de las disposiciones transitorias de la Ley de Costas. «Aquello que interesa (al Ayuntamiento) resulta contrario a la normativa actual y al ser necesaria la reconstrucción del vial y del paseo desaparecido sobre la arena de la playa excede notablemente de las obras amparables en el régimen transitorio establecido, que permite que las construcciones preexistentes sólo puedan ser objeto de obras menores que no impliquen un aumento del volumen, altura o superficie».

En su recurso ante el Supremo, el Ayuntamiento alberga esperanza de darle la vuelta a la tortilla. En este sentido, insta al alto tribunal a que se pronuncie sobre de qué manera ha de procederse a aplicar la actual Ley de Costas sobre los denominados «centros y zonas de interés turístico nacional» creados en virtud de una ley franquista de 1963, como es el caso de Campoamor. En concreto, los servicios jurídicos municipales requieren saber si del desarrollo de estas zonas existe como efecto directo el otorgamiento de autorización para ocupar el dominio público marítimo con infraestructuras de interés general, como consideran que es la carretera objeto del litigio. También y en consecuencia, si esa posible autorización tiene caducidad o vigencia en la actualidad.

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