Antifraude detecta «posibles irregularidades» en la licitación de las zonas verdes de Orihuela Costa

La Agencia Valenciana Antifraude detecta «posibles irregularidades» en el proceso de licitación del servicio de mantenimiento de zonas verde en Orihuela Costa. En su escrito de conclusiones provisionales, remitido el pasado lunes y al que ha tenido acceso este periódico, la entidad autonómica hace constar seis puntos que considera excepcionales dentro de esta licitación emprendida en el pasado mandato y que pretendía poner fin a años de prestación de este servicio sin contrato y con pagos de facturas con reparos de Intervención.

Los problemas surgieron una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas. En aquel momento, la Mesa de Contratación requirió el informe de tres técnicos municipales para valorar las ofertas presentadas por las tres mercantiles que se presentaron al concurso valorado en 10 millones de euros: STV-Evocivil, Doalco-AVV y Actúa. Dos de los funcionarios se negaron a emitir su valoración y un último entregó la suya, en la que señalaba a STV-Evocivil como la empresa mejor valorada.

A este respecto, Antifraude señala que la actuación de la Mesa en lo referente al encargo del informe de valoración a los tres técnicos municipales «adolece de falta de precisión de las condiciones en que se debía emitir el informe e incurre en un retraso, injustificado, una vez constatada la renuncia del primero de los técnicos».

Asimismo, la agencia autonómica contra la corrupción señala que «no hay constancia de las razones por las que se encargó el informe de valoración de ofertas a uno de los tres técnicos». Señala que no se incluye «deliberación alguna sobre su capacidad técnica, ni se refleja en el expediente su formación y experiencia profesional».

La Mesa de Contratación, tras no recabar ese informe conjunto de los tres técnicos municipales, resolvió requerir un informe externo a un profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). De este paso, Antifraude resalta que «no hay constancia de la aceptación del encargo por parte de la UPCT, ni de la presentación de la declaración de conflicto de intereses exigida por la Mesa, ni de su incorporación al expediente, ni de en qué momento se comunicó al docente las entidades que presentaron las ofertas cuya valoración constituía el objeto del informe».

Antifraude, en este encargo, va más allá y recrimina que tampoco consten en el expediente algunos detalles. La Agencia no entiende porque se optó por un profesor en concreto. «No constan las razones para contactar con el profesor, ni del acuerdo para proceder en tal sentido, ni del encargo de la Mesa al Secretario General para la realización de las gestiones previas al encargo, ni de que la Mesa hubiera procedido a la valoración del currículum. No se acredita la recepción ni la incorporación al expediente del primer currículo remitido por el profesor, que era el que, según se hace constar en el acta, obraba en poder de la Mesa en su reunión de 31 de mayo de 2023».

El profesor de la UPCT finalmente rechazó el encargo de la Mesa de Contratación alegando un posible conflicto de intereses derivado de la previa existencia de una relación de prestación de servicios entre el docente y una de las empresas licitadoras. Tras esta renuncia, la Mesa ordenó encargar el informe a otro docente de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), pero este también acabó rechazando el encargo aludiendo a presuntas presiones de Evocivil. Antifraude, en este sentido, recrimina al Ayuntamiento que «en ninguno de los dos encargos para la elaboración del informe de evaluación de ofertas realizados a técnicos externos independientes consta la autorización del órgano de contratación exigida en la Ley de Contratos del Sector Público».

Con todo, desde la agencia valenciana concluyen que, al haberse producido la renuncia de los dos técnicos externos y no haber llegado a emitirse los informes de valoración de los criterios sometidos a juicio de valor, la Mesa de Contratación no ha efectuado la valoración de dichos criterios, ni, en consecuencia, clasificado las proposiciones, ni elevado la propuesta al órgano de contratación. «Por ello, dado que la actuación de la Mesa que ha sido objeto de investigación no ha llegado a materializarse en actos con efectos jurídicos directos sobre el procedimiento de contratación, no ha lugar a que esta Agencia se pronuncie sobre el grado de invalidez de las presuntas irregularidades señaladas».

Todas estas conclusiones, aun así, son provisionales. Antifraude, en este sentido, abre un plazo de alegaciones al Ayuntamiento de Orihuela de 10 días hábiles a contar desde la recepción del informe para aportar más explicaciones o documentación que todavía no esté en posesión de la Agencia o de la que no sean conscientes los investigadores.

Antifraude, pese a las «posibles irregularidades» descritas en sus conclusiones, sí da la razón al Ayuntamiento en otros aspectos. La investigación de la agencia valenciana, tal y como avanzó LA VERDAD, parte de un escrito de un funcionario municipal dirigido a la Agencia. En ese documento el trabajador público manifestaba su disconformidad con que el Ayuntamiento le denegara el acceso al expediente del concurso. Antifraude ha inadmitido esta queja y respalda la decisión del Consistorio.

La agencia, asimismo, tampoco aprecia irregularidad alguna en que la Mesa de Contratación desestimara el informe de valoración de ofertas que este trabajador público emitió por «no ser vinculante»; aunque, matiza, «en aplicación del principio de transparencia, hubiese sido aconsejable recoger en el acta correspondiente una motivación más detallada de las causas, distintas de la imposibilidad de obtener el informe conjunto, aducidas para desestimar el informe».

En este aspecto, Antifraude sostiene que la actuación de la Mesa en la gestión del encargo a los técnicos municipales es susceptible de mejora, «tanto por no haber establecido con claridad las condiciones para la emisión del informe como por no haber acordado la retirada del encargo una vez conocido el rechazo del primero de los técnicos».

La Agencia, asimismo y pese a estas advertencias, manifiesta que, con la ley en la mano, no plantea duda alguna que, para el ejercicio de su función calificadora, «la Mesa disponga de la facultad de solicitar los informes técnicos que considere precisos», ya sean internos o externos.

La resolución de la investigación abierta por Antifraude llega precisamente en un momento crucial. Este jueves el pleno vota si tumba la licitación impulsada por Cs en la pasada legislatura para municipalizar el servicio de mantenimiento de zonas verdes de la costa. Desde la llegada del actual equipo de gobierno PP-Vox, éste ha abogado por encomendar el mantenimiento de las zonas verdes costeras a la empresa municipal Ildo, destinada a la inserción laboral de personas con discapacidad y que ya presta este mismo servicio en las pedanías oriolanas. Para justificar la decisión, el ejecutivo local cuenta con un informe técnico favorable encargado a un estudio de ingeniería externo.

Previamente, este procedimiento abierto en Antifraude desde el pasado junio fue contestado por parte de cuatro miembros de la Mesa de Contratación con una denuncia ante Fiscalía por unas presuntas coacciones de Evocivil durante el procedimiento. Finalmente la Fiscalía resolvió archivar la denuncia sin mayores consecuencias y la empresa, por su parte, solicitó a continuación al Ayuntamiento recusar a los funcionarios denunciantes por «enemistad manifiesta». La Junta de Gobierno Local resolvió este mismo mes no atender a las peticiones de la mercantil y continuar el proceso de municipalización del servicio.

La Agencia Valenciana Antifraude es una institución creada por el anterior Consell del Botánico y su misión es la lucha contra la corrupción. Sus resoluciones finales llevan aparejadas recomendaciones que las instituciones públicas implicadas pueden atender o no. La Agencia se reserva la potestad de poner en conocimiento de las Cortes Valencianas la resolución de sus investigaciones. En este caso, al ser las conclusiones provisionales, el Ayuntamiento tendrá la oportunidad de alegar antes de ver materializadas esas recomendaciones.

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