La voladura del equilibrio de poderes

Ciertamente, cualquier régimen democrático que se precie de serlo se sustenta sobre la estructura formada por estos tres pilares, que son el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero condicionado a que, en ningún caso, sean dependientes unos de otros. La independencia de los mismos es requisito imprescindible para el buen funcionamiento de un Estado.

Pues bien, desde la atalaya neutral de este grupo de opinión, observamos, no sin tristeza y cierta preocupación, cómo, en la presente legislatura, se está flirteando frecuentemente con sobrepasar esa fina y delicada frontera, que delimita el ámbito de cada uno de los tres poderes citados, y ese coqueteo, mucho nos tememos que, en más de una ocasión, ha llegado a conculcar y poner en cuestión esa independencia.

Veamos, por tanto, algunas de esas actuaciones, en las que la extralimitación e invasión de ámbitos competenciales de otro poder del Estado se deja entrever con mayor o menor clarividencia.

1 ) El nombramiento de la fiscal general del Estado, Sra. Delgado, proveniente, sin interrupción alguna, desde su cargo de ministra de Justicia, no encuentra en el actual periodo democrático precedente semejante. Con este nombramiento, el cargo de fiscal general, que debería tener, aparentar y gozar de una mayúscula independencia, se convierte de facto en un ministerio más del Gobierno. El desempeño de esta fiscal forzosamente está limitado, pues por ética, no debería actuar en multitud de causas judiciales, en las que, directa o indirectamente, esté implicado el Gobierno. Sin embargo, ya se sabe: ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso.

2) En la retina de muchos quedó la imagen de un tal Fernando Santiago, general de la Guardia Civil, quien, en una de las ruedas de prensa informativas del Comité Técnico de la Covid, nos dejó a todos perplejos, cuando informó de la comisión creada para investigar bulos que provocaran desafección contra instituciones del Gobierno, arrogándose este el derecho a considerar qué noticias debían ser consideradas bulos o desinformaciones. Aquello representó una merma de nuestras libertades y una injerencia en la judicatura, al prescindir de autorización judicial para llevar a cabo estas investigaciones.

3) Ante las dificultades para conseguir la renovación del CGPJ, pendiente desde hace casi tres años, el Gobierno propugnó un proyecto de ley, mostrando su disposición a modificar la normativa, rebajando de mayoría cualificada a mayoría simple la aprobación de la nueva composición del Consejo. Gracias a la intervención de la Comisión Europea, el Gobierno echó marcha atrás, desistiendo de presentar el citado proyecto, evitando así quedar en el punto de mira de Europa, al igual que Polonia y Hungría, por la aprobación de leyes que socavan el estado de derecho.

4) Con el fin de evitar al Parlamento y dejar de estar sometido a su obligado control, el Gobierno, con el apoyo de sus socios, aprobó un estado de alarma de 6 meses, algo inconstitucional, como más tarde sentenciaría el Tribunal Constitucional. De nuevo, un asalto del Ejecutivo al Legislativo.

5) Los indultos concedidos a los golpistas catalanes, contradiciendo la promesa del presidente del Gobierno de que tendrían que cumplir íntegramente sus penas, además de ignorar por completo los informes del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, ambos contrarios a su concesión, proyectan un nada disimulado aroma a apaño político. Según informaciones recientes, los argumentos del Gobierno para su concesión se basaron en algunos recortes de prensa y en alguna encuesta del CIS catalán. Lo cierto es que el Gobierno estaba obligado a su concesión, si deseaba contar en lo sucesivo con los partidos catalanes, para el desarrollo y continuidad de la presente legislatura. Si actuando de esta forma erosionaba el crédito de instituciones como el Tribunal Supremo y la Fiscalía, poco importaba.

6) La constitución de una Mesa de negociación bilateral Gobierno Central/Generalidad catalana causó la estupefacción de muchos, sustrayendo de esta manera al Parlamento su protagonismo, como sede donde debe tener lugar cualquier debate político, además de suponer un agravio para el resto de autonomías.

7) Cuando el decreto ley se convierte en norma usual de legislar, impidiendo el debate parlamentario, no se anda lejos de caer en la ilegalidad, puesto que aquel solo tiene justificación en contados casos, por razones de extraordinaria urgencia y necesidad. Así, quien tanto criticaba al Gobierno anterior, porque en su última legislatura había promulgado algo más de 30 decretos, supera ya ampliamente el centenar.

8) El último atentado contra el equilibrio de poderes ha sido perpetrado recientemente por la presidenta del Congreso, Sra. Batet, con claros indicios de estar direccionada por el Ejecutivo, modificando el procedimiento para designar nuevos miembros en la Comisión de Secretos Oficiales, regulado desde el año 2004, bajo la presidencia del socialista Manuel Marín, rebajándolo desde los 3/5 de votos necesarios hasta la simple mayoría de la Mesa del Parlamento. Todo ello, para apaciguar a sus socios independentistas, indignados por un supuesto caso de investigación a un número indeterminado de personas, tratando con ello de conseguir sus votos para la aprobación del decreto ley sobre medidas anticrisis por la inflación y la guerra en Ucrania.

Cuando las leyes y los reglamentos se retuercen hasta límites inverosímiles, la división de poderes agoniza, surge el desequilibrio entre los tres poderes y la democracia se degrada.