La Ley de Vivienda y el macartismo murciano

Cierto es que, siempre que se cita el artículo 47, los constitucionalistas especifican que, en efecto, el texto recoge el derecho de los españoles a una vivienda digna, pero no como un derecho fundamental; motivo más que suficiente para justificar una reforma urgente de la Constitución que resitúe el derecho a la vivienda en el lugar que le corresponde: entre los derechos fundamentales. Porque, paradójicamente, el texto constitucional explicita el derecho a la propiedad privada y a la intimidad de cada ciudadano, pero, en cambio, no blinda el objeto en sí sin el cual no se explican ninguno de ellos: la casa.

Pese a ello, parece claro que el hecho de que los poderes públicos implementen las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna no constituye una asunción del stalinismo cuanto un desarrollo del espíritu reflejado en nuestra Constitución. El del alquiler no sería, en este sentido, el único sector regulado en España: transportes por ferrocarril, transporte marítimo, transporte aéreo, servicios postales, juego, denominaciones de origen, sector farmacéutico y financiero y, por supuesto, el de la energía son otros tantos regidos por la intervención estatal sin que, para el ciudadano medio y con sentido democrático, esto haya supuesto la implantación del comunismo en España.

Además, y por si López Miras y el resto de barones del PP necesitan de más ejemplos que justifiquen la urgencia de una Ley de Vivienda, conviene recordarles que la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza a cada persona, en su artículo 25.1, el derecho a la vivienda. Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratifica este extremo en su artículo 11.1. En al ámbito europeo, la carta de Derechos Fundamentales de la UE del año 2000 señala, en su artículo 34.3, que «con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna». Y, por si los fantasmas del comunismo todavía volaran asilvestrados en las cabezas de algunos de nuestros dirigentes, una sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmaba: «En el Derecho de la Unión, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta que el tribunal remitente debe tomar en consideración al aplicar la Directiva 93/13».

Señor López Miras, durante la última década se han producido 650.000 desahucios en España. Explíqueles a esas personas y familias lo de la libre competencia y la ley del más fuerte. Ante la quiebra de la cultura de la compra después de la crisis de 2008, el alquiler es la tabla de salvación de tantas personas que aspiran a emanciparse y crear un hogar. Usted que, por un lado, es un ferviente defensor de la familia, por otro prioriza el odio y la radicalización ideológica para ponerse del lado de los más fuertes: los grandes propietarios. A los cuales, por cierto, no se les expropian sus inmuebles, sino que se les exige ponerlos en circulación y no tenerlos vacíos, lo cual les reportará más beneficios de los que ahora obtienen. Su única política identificable es la de la oposición sistemática y precognitiva al Gobierno de Sánchez. Y eso, en ocasiones, le hace olvidar que gobierna para un millón y medio de murcianos –como a usted tanto le gusta repetir– y no solo para un lobby de empresarios. Cada vez está más alejado de la realidad. Esto no es una cuestión de derechas y de izquierdas: muchos de sus votantes tienen problemas para acceder a un alquiler. Y, con seguridad, se enfadarán muchísimo por la deriva antisocial de su gobierno autonómico, la cual lastra muchas de sus expectativas vitales. Por el bien de todos, deje de ver comunistas por todas partes.