El consenso necesario para la inclusión real

La nueva redacción del art. 49 sustituye el término 'disminuidos' por el de 'personas con discapacidad'. Solo por esto ya habría que saludar con entusiasmo la reforma acometida, pero es que no solo se trata de esto. Y ahí pienso que los medios de comunicación están omitiendo parte de la información que deben trasladar a la ciudadanía, que no entra en los detalles de un cambio que va más allá de la sustitución de un término. Se trata de llevar al texto constitucional toda una nueva filosofía sobre el análisis y el abordaje de la discapacidad, además de una forma de entender los derechos en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice en su artículo 1: «El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente».

El nuevo art. 49 CE dice: «1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio. 2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad».

No hay por tanto un mero cambio terminológico, sino una apuesta por políticas públicas «que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad». Se están citando los dos grandes retos que tiene el mundo de la discapacidad en los próximos años: alcanzar las más altas cotas de autonomía e inclusión posibles. La actualización es sumamente importante, y enfoca el texto constitucional en la dirección correcta: pasa de la perspectiva rehabilitadora a otra centrada en el ejercicio de los derechos.

No obstante, y como tendemos a ser bastante duros con nosotros mismos a posteriori, me gustaría terminar agradeciendo a la redacción primigenia del artículo 49 los servicios prestados. Es cierto que incluía la expresión 'disminuidos', pero en su descargo hay que reconocer que se trataba de un término en uso cotidiano en la época (y de hecho era ya un cambio a mejor respecto de otras denominaciones que se escuchaban en la calle). Y hay que reconocer que pocos textos constitucionales incluyen mención expresa a la discapacidad, y el nuestro advertía además que «Los poderes públicos [...] los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos», es decir, que esbozaba las líneas para una necesaria inclusión social, siendo por tanto una constitución avanzada para la época.

Desde Assido, como asociación pionera de las organizaciones para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual de la península, nos alegramos inmensamente por esta puesta al día de nuestra Constitución; y abrimos las puertas a esos poderes públicos mencionados por el artículo 49 para trabajar de forma conjunta, como siempre hemos hecho, en pro de la plena inclusión que deseamos para nuestros hijos e hijas.