¿Veto o elección parental?

El debate sobre la potestad parental de elegir o vetar algunas de las actividades complementarias docentes ha adquirido la notoriedad que merece y ha situado a nuestra región en el centro del debate. En el mismo, de una gran profundidad, ambos sectores en pugna actúan con convencimiento y de buena fe, solo que están convencidos de ideas que llevadas al extremo no resultan compatibles, pues el comunismo y el liberalismo no lo son. Precisamente extremar las posturas fue lo que se evitó en la Constitución Española (CE), que, modestamente, muchos contribuimos a realizar.

La CE representa un pacto múltiple entre fuerzas políticas. La apoyaron franquistas aperturistas, democristianos distanciados del franquismo, socialdemócratas, eurocomunistas y separatistas moderados; se opusieron franquistas autoritarios, comunistas radicales y separatistas irreductibles. Hay algo de impostura en los dirigentes de Podemos que se jactan del papel de los eurocomunistas en aquel pacto: ellos representan a los que en aquel tiempo (trotskistas, maoístas, leninistas, situacionistas y castristas) lo denunciaron como una traición.

El pacto constitucional también fue múltiple en sus contenidos: la forma del Estado, la distribución territorial del poder, el régimen socio-económico y los derechos a proteger. En todos esos campos se optó por un equilibrio: monarquía, pero parlamentaria; economía social, pero de mercado; soberanía única del pueblo español e integridad territorial de España, pero articulada en regiones y nacionalidades (que no naciones); protección a la igualdad y la justicia, pero también a la libertad. En resumen, ni monarquismo absoluto, ni republicanismo; ni centralismo, ni confederalismo; ni liberalismo puro, ni comunismo completo. Y por eso todo partido político que pretenda alterar el meollo de cualquiera de esos cuatro acuerdos estará alterando la sustancia del pacto logrado en la Transición. Y cuando un pacto se rompe, se rompe para todos.

En este escenario constitucional se sitúa el actual debate educativo: escolarización obligatoria, pero libertad de enseñanza; derecho paternal a educar en sus valores a sus hijos, pero sin lesionar los intereses filiales. Equilibrio; siempre equilibrio.

Las palabras no son neutrales: unos lo califican de veto parental para ligarlo a la censura y la represión; los otros hablan de elección parental para inducir la connotación de libertad frente a la opresión autoritaria estatal.

Es fácil identificar los argumentos y las réplicas de cada bando: ciertos progenitores quieren impedir que sus hijos accedan a algunos contenidos educativos imprescindibles; no: ellos solo quieren elegir a qué contenidos educativos complementarios exponen a sus hijos. Algunos quieren forzar la voluntad mayoritaria de los demás padres; no quieren forzar nada, sino que cada familia haga lo que quiera. La democracia es el gobierno de la mayoría; pero también la protección de las minorías contra la dictadura de la mayoría. Hay que defender la libertad de los hijos frente a la de dos los padres; lo que en realidad se pretende no es la libertad de los hijos, sino la del Estado frente a la de los ciudadanos. Los hijos no son de los padres; los hijos no son del Estado. Los complementos educativos son obligatorios y evaluables; los contenidos complementarios deberían ser voluntarios y no evaluables. La asignatura de Religión debería ser voluntaria y no evaluable; no debería estar en desventaja respecto a los demás complementos educativos. Algunos quieren desacreditar a los profesores y limitar su libertad docente; ellos se fían de los profesores, pero no de los activistas que imparten algunos complementos.

En efecto: el primer argumento es siempre el de los del veto; la réplica, el de los de la elección. Algunos puntos curiosos han escapado al debate: si se quieren trasmitir valores constitucionales, ¿por qué no se incluye la unidad de España entre ellos? Si los hijos no son de los padres, ¿por qué las madres pueden abortar? ¿Es lícito que aborten, pero no que eduquen?

Ambos creen estar en un juego de suma cero, en el que todo lo que el Estado gana en libertad, los ciudadanos lo pierden y viceversa. La sospecha recíproca de adoctrinamiento flota en el ambiente, pero hay un pacto posible: una asignatura de Valores Constitucionales, que sería obligatoria, evaluable, impartida exclusivamente por profesores habilitados, para enseñar la igualdad y el respeto a la diversidad sexual y racial, pero también la unidad de España y que respetar cualquier opción sexual no significa tener que preferirla o probarla.

Muchos graduados en Psicología, Derecho y Política estarían encantados de pasar a formar parte de los claustros para explicar de forma neutral todo eso que los del veto dicen querer transmitir y que los de la elección sospechan que no es sino una forma de imponer las preferencias no exigidas por la CE de esos partidos en esos asuntos. Como han hecho con el separatismo en las nacionalidades donde sus partidarios gobiernan, sin que los que hablan de veto se hayan opuesto al del castellano.