Contra la vacunación obligatoria

Desde luego rechazar la vacunación Covid por motivos personales no me parece, en este momento, un acto de maldad sino de autonomía. Sería, quizá, un acto de maldad si existiera una vinculación directa entre la no vacunación y el daño en personas vulnerables como los residentes mayores. Pero esa relación no está demostrada y, desde luego, la mayoría de los brotes en residencias, afortunadamente sin consecuencias tan graves gracias a las vacunas, proceden de profesionales vacunados. Desde el principio sabemos que la vacuna no es esterilizante. Aunque con las primeras cepas del SARS-CoV-2 se comprobó la reducción del riesgo de transmisibilidad de una persona infectada vacunada, la variante delta o india lo contradice: según los últimos estudios, las personas infectadas con esta cepa, prevalente en nuestra Región, podrían ser igual de infectivas, vacunadas o no.

No son medidas coercitivas comparables vacuna y cinturón de seguridad: este no tiene efectos secundarios y no supone ninguna agresión a la integridad física del pasajero. La vacuna es un producto no inocuo que implica una agresión física en forma de pinchazo intramuscular. Por otra parte, la vacuna no disminuye completamente los riesgos de la infección. En las residencias de mayores vacunados con brotes se ha descrito un 10% de mortalidad y otro tanto de Covid grave. Ciertamente, las vacunas reducen los riesgos de la Covid, pero es controvertido decidir si esa disminución compensa la coerción vacunal en nombre de la salud individual con un producto con efectos secundarios que, aunque raros, existen. Por tanto, ni el bien de terceros ni velar por la salud de los individuos parecen razones con el suficiente peso como para vulnerar derechos fundamentales como el de libertad de conciencia o integridad del propio cuerpo.

La obligatoriedad de la vacuna podría tener consecuencias negativas. En España, la reticencia vacunal es minoritaria. La mayoría de las personas confían en las recomendaciones de las autoridades de salud pública y sus profesionales sanitarios de referencia. Obligar a la vacuna podría hacer redundante esa confianza y, paradójicamente, generar más dudas, como parece demostrar el incremento de la resistencia ciudadana en los países donde la vacunación Covid se ha hecho o está en vías de hacerse obligatoria como Francia o EE UU.

A pesar de que los efectos adversos de las vacunas Covid son mínimos, pueden causar complicaciones graves e irreversibles. Si el Estado hace obligatoria la vacunación habría que compensar por los daños. La posibilidad de indemnizaciones por efectos secundarios de una intervención masiva como la vacunación abriría una puerta a un incremento de solicitudes de compensaciones económicas por síntomas postvacunales que las personas vinculen con la vacunación, exista o no relación de causalidad (y sabemos que la percepción del riesgo se incrementa con acciones no voluntarias), generando una conflictividad que en este momento no existe.

Son las medidas generales de distancia, protección y ventilación las que con mayor efectividad reducen el riesgo de infección y contagio. En estos días estamos viendo cómo las personas vacunadas adoptan comportamientos de más riesgo con la falsa creencia de que no pueden infectarse o infectar. Esa falsa seguridad puede aumentar cuando trasmitimos el mensaje simplista de que la vacuna es la única solución. Además, esta pandemia nos ha enseñado que son los condicionantes sociales y no tanto los comportamientos individuales los que con mayor fuerza se relacionan con el riesgo de infectarse o infectar. En las residencias se ha demostrado un menor riesgo de contagio cuanto mejores son las ratios profesionales/residentes. Focalizar el problema en el pequeño porcentaje de profesionales no vacunados puede distraer de otras medidas, con responsabilidad política autonómica, como financiar adecuadamente al sector residencial para incrementar el número de profesionales en las residencias, su formación y motivación a través de sueldos adecuados.

La duda vacunal es un fenómeno emergente que solo puede empeorar si la vacunación se convierte en obligatoria. La vulneración de derechos fundamentales no puede ser tomada a la ligera y requiere justificaciones científicas, políticas y éticas mucho más sólidas. Solo desde la persuasión y la comprensión del que piensa diferente se fortalecerá la confianza social y la solidaridad. Este es un camino más complejo, pero, sin duda, más democrático y, seguramente, efectivo en el largo plazo.