La Universidad de Murcia en la encrucijada

Hasta hace relativamente pocos años la UMU sacaba las plazas en verano-otoño y pedía a los departamentos que asumieran la docencia del primer semestre hasta que, oída la Comisión de Reclamaciones, se asignaran definitivamente las plazas en enero-febrero. Últimamente los dictámenes de esta se posponen, llegando a pasar más de un año antes de que se asignen definitivamente. Sin embargo, los candidatos elegidos inicialmente toman posesión en otoño, lo que podría llevar a fomentar los comportamientos presuntamente fraudulentos, pues nadie podrá quitarles ya ni los méritos docentes adjudicados, ni por supuesto, el sueldo cobrado.

Para ello todo vale, salvo error por mi parte: se retira una revista de la UMU en internet para volver a subirla con la fecha cambiada de un artículo para que esté dentro del plazo de la convocatoria, programa antiplagio incapaz de detectar en una tesis doctoral un capítulo entero ya publicado y no sobrepasar el porcentaje permitido, certificados de dudoso contenido, comunicaciones de 20 minutos que se valoran el triple como conferencias o sesiones plenarias, estancias en el extranjero que se sabe que no lo fueron, compatibilizar docencia semanal con otra universidad distante a mil kilómetros... por no hablar de simples ejercicios aritméticos: 2 por 5,8 = 16; 1,8 por 2 = 5,99; 117,85 por 0,1 = 8,786.

Decía Ortega y Gasset que entre la misión primaria de la Universidad destaca enseñar a ser culto y buen profesional, pero ¿cómo pueden llegar a ser auténticos profesionales con sentido ético si lo que prima es la trampa o la falsedad?

Algunas de las irregularidades citadas han sido trasladadas a la Fiscalía, para que, actuando bajo el principio de absoluta imparcialidad, acuerde lo que considere sobre la existencia o no de ilícitos penales y/o administrativos. La Fiscalía abrió las oportunas diligencias informativas. El tiempo ha demostrado que la denuncia no era infundada. Ante los recursos existentes, la Comisión de Reclamación fue incapaz de rebaremar, se solicitó a la Comisión de Selección que emitiera un informe justificando su actuación. «A la vista del informe recibido -escribe el rector–, cabe señalar que este muestra un defecto de forma y de fondo considerable». 'In claris non fit interpretatio', que dirían los jurisconsultos romanos. Ante lo cual, así es su imparcialidad, se decide que vuelvan a baremar los mismos que hicieron mal la valoración anterior y que posteriormente han sido incapaces de justificar sus acciones. En una sociedad democrática, como ha indicado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluso las apariencias pueden ser importantes.

La Universidad es ahora juez y parte, desde el momento que cualquier cambio en las listas de la bolsa de trabajo le supondría pagar miles de euros en indemnizaciones. (¿Dirá alguna vez la Universidad –ya que se habla tanto de transparencia– el dinero pagado por sentencias judiciales si lo hubiere?).

Nuestro sistema es muy garantista: hay representantes del Área de Conocimiento, de otros departamentos, del Decanato, del Rectorado... pero si todos se convierten en convidados de piedra, el camino quedará abierto a la presunta y posible corrupción.

La mayoría de las acciones que ejecutamos hoy los funcionarios quedan recogidas en programas informáticos. Saber quién realmente baremó, quién modificó una revista o quién pasó el antiplagio, solo depende de que haya auténtico interés en conocer la verdad. De lo contrario, se mandaría el mensaje al colectivo universitario y a la sociedad en su conjunto de que la Universidad es un mundo aparte donde las leyes del resto de los ciudadanos no rigen ni les atañen.

La autonomía universitaria no implica que sus miembros queden fuera de la jurisdicción ordinaria. La Universidad no puede ser nunca la finca particular de algunos, el reino donde impera la ley del silencio de quien atemoriza o tiene poder. Si la Universidad se cree por encima de la Ley y la Constitución, entonces pierde una parte fundamental de su razón de ser.

Este año académico hay elecciones a rector, la Universidad debería aclarar con hechos si está a favor o en contra de estas prácticas. Y si está realmente en contra, haga con más celeridad los concursos de plazas, entregue la documentación que se le solicita y no deje pasar meses, o más de un año, para decidir, porque si no lo hiciera así el futuro estará lleno de arbitrariedades y corruptelas.

Ante la senda emprendida, la pregunta ética y moral que cabe plantearse es ¿se va a cambiar de rumbo o estamos abocados a mayores irregularidades en el futuro?