Los sufridos ciudadanos

Segundo. Con el tema de las vacunas, un gran número de ciudadanos no pueden solicitar cita por internet. La Comunidad de Murcia no lo permite. Dan un teléfono. Durante días y días y más días no funciona. No es que esté bloqueado. Da el mismo mensaje, aunque llames a las 4 de la 'madrugá'. Y te dices: 'voy a quejarme'. Y ya te partes. Enseguida aparece la palabra sugerencia como si fuese sinónimo de queja. Quizás ahora sea así. Pero el María Moliner dice que no son equivalentes. Insistir. Resistir. Y no deprimirse. Fundamental en la relación con la Administración de la Región. Si tienes suerte, te contestan a cuestiones que no tienen nada que ver con lo que planteabas en tu queja. Como lo de las gafas y el andén del tren. Incluso puedes hablar con un funcionario, encantador por otra parte, de la Consejería de Transparencia. Y te quieres morir. Te dice que, efectivamente, lo que pone en la página o está mal, o está confuso, o no se corresponde. Y digo yo, ¿y por qué está si saben que la información no es correcta? No es de extrañar que las quejas de los murcianos a la Administración sean tan bajas. Hay que ser una mezcla del santo Job y Groucho Marx para pasar por ese trance sin perder la cordura, no digamos el humor.

Hace cuatro décadas, las comunidades autónomas y los ayuntamientos gestionaban alrededor del 35% del gasto público. Ahora, son responsables de la mitad de todos los gastos del Estado. De acuerdo con el Palacio de la Moncloa, el pasado octubre, en 2021 las Comunidades debían gestionar, entre fondos normales, los de la Unión Europea y las transferencias extraordinarias, más de 145 mil millones de euros. Los gobiernos y parlamentos regionales deciden cómo gastar tan sustanciosos recursos. Teóricamente, los ciudadanos analizan y deciden a qué partido político van a votar considerando las políticas que han desarrollado o pueden realizar. Incluso las decisiones que pueden ser caracterizadas como simbólicas necesitan, para su instrumentación, de recursos económicos. Cuando los ciudadanos votan, dice la Ciencia Política, están evaluando con qué orientación se están gastando los dineros. Parece una perogrullada señalarlo, pero es agosto y las pocas neuronas que resisten están en huelga general.

En clase decimos que los políticos son los que deciden cómo se gasta y, por tanto, la prioridad de unas políticas sobre otras. También precisamos que son otros los responsables de instrumentar esas decisiones: la Administración Pública. Durante dos años, estudiábamos en la Complutense teoría de la Administración. Recuerdo a Mariano Baena, admiradísimo profesor y, entre otras cosas, miembro del Tribunal Supremo, discutiendo hasta la saciedad sobre Administración, política y responsabilidad. Teóricamente, los políticos rinden cuentas de su trabajo ante los ciudadanos, pero ¿y la Administración? ¿ante quién rinde cuentas? Por supuesto, hay controles económicos, procedimientos normativos, sujeción a normas que circunscriben la actuación de las administraciones. Y sus acciones dependen de los políticos. Pero ¿dónde quedan los ciudadanos?

Es antiguo en la teoría el debate sobre qué somos en la relación con la Administración: ¿ciudadanos o clientes? En los últimos años, se ha convertido en un mantra decir que somos clientes, incluso para los esquemas socialdemócratas. Ello ha supuesto, entre otras cosas, reforzar el uso de internet para poder realizar cualquier actuación. De acuerdo con la Unión Europea, un trámite presencial con la Administración cuesta, de media, 80 euros y 5 si se lleva a cabo por internet.

¿Qué sucede con el ciudadano con esta Administración que se ha transformado en otra empresa de servicios? Desaparece. Nos han cosificado. Un ejemplo de este estado de cosas es, para mi pesar que vivo aquí, la Comunidad de Murcia. Somos clientes y no ciudadanos. Y encima clientes sin derecho a devolución. O te lo quedas o te lo quedas. Es la perversión del sistema. Ni tan siquiera es fácil el derecho al pataleo.