¿Es sostenible nuestro sistema de pensiones?

En 1919 se crea el Retiro Obrero, estableciendo la edad de jubilación en 65 años, edad que no ha sido modificada hasta la reforma de 2013, estableciéndola en 67 años, aunque implantándola de forma progresiva, hasta el año 2027.

El número de años utilizado para el cálculo de la pensión ha ido variando a lo largo del tiempo: primero 2, luego 8, más tarde 15 y, por último, 25.

En el año 2013, el asunto es abordado seriamente, llegando a acuerdos como la prolongación de la edad de jubilación, como antes se ha indicado, y la creación de un factor de sostenibilidad, que ponía en relación el incremento del importe de la pensión con el crecimiento económico del país y con la esperanza de vida.

Los actuales pensionistas aspiramos a que el importe de nuestra pensión mantenga, como mínimo, el poder adquisitivo, lo que significa que, anualmente, debe incrementarse con el IPC. Esta pretensión es absolutamente lógica, pero, por otra parte, al ser el nuestro un sistema de reparto, se fundamenta en la solidaridad intergeneracional. Es esta razón de solidaridad entre generaciones la que obliga al legislador a legislar de forma que, a ser posible, no perjudique ni a los pensionistas de hoy, ni a los de mañana.

La pregunta es: ¿será posible mantener el actual sistema de pensiones de forma indefinida, tal como hoy está estructurado?

Veamos algunos datos significativos, obtenidos del INE:

–A comienzos de 2021, existen aproximadamente 9 millones de pensionistas, que serán en torno a 15 millones en 2040. Este incremento del número de pensionistas, obviamente, encarecerá de forma sustancial el gasto en pensiones, no solo por efecto de ese incremento numérico, sino también porque el importe medio de su pensión será superior a la media actual.

–Cuando se fijó en 65 años la edad de jubilación, la esperanza de vida media de los españoles andaba por los cuarenta y pocos años. Actualmente, la esperanza de vida media se sitúa en los 82/83 años y la previsión es que se incremente en 3 o 4 años, por cada década. Es decir, en 2045, la vida media de los españoles superará los 90 años. Esto significa que, de media, el pensionista percibirá su pensión durante 25 años.

–En 2020, los ingresos por cotizaciones sociales ascendieron a 120.000 millones, en tanto que el gasto total en pensiones fue de casi 160.000 millones, o sea, un déficit de entre 30 y 40.000 millones, del que el Estado se hace cargo en los PGE. Como medida excepcional, puede valer, pero ese gap entre ingresos y gasto es imposible de mantener a lo largo del tiempo.

–Desde 2007, año en el que el número de ocupados tocó techo, con 20,7 millones de personas en activo, ha ido descendiendo hasta los 17,1 millones en 2013, avanzando progresivamente después, hasta los 19,8 millones a final del 3º semestre de 2021, todavía alejados de los valores de 2007.

Por el momento, el problema se está resolviendo mediante transferencias del Estado a la Seguridad Social, pero esto no deja de ser más que un artilugio contable, que tapa un agujero, haciendo otro. Esta solución no es viable ni sostenible, máxime con el nivel de déficit y deuda que presentan las cuentas del Estado.

En consecuencia y, como afirman muchos expertos, la sostenibilidad del sistema provendrá, bien de un recorte del gasto, bien por un aumento de los ingresos, bien por una combinación entre ambos.

Un recorte del gasto implica una prolongación de la edad de jubilación y/o un mayor número de años cotizados, para el cálculo de la pensión. También puede venir por la introducción de un factor de equidad intergeneracional, en el cual está todavía por decidir cuál será su estructura, pero que será obligado que esté relacionado con la esperanza de vida.

Un aumento de los ingresos solo puede provenir: 1) de un incremento de las cotizaciones, tanto de trabajadores, como de empresas, lo cual hará perder competitividad a las mismas, con su lógica repercusión en la contratación de nuevo empleo, y 2) por un aumento del número de cotizantes, lo cual sería la solución ideal, pero ello necesita de una moderna y flexible regulación del mercado laboral, algo que parece ir en dirección contraria a lo que se vislumbra de las declaraciones públicas de una parte del actual Gobierno y de los sindicatos.

Lo que haya que hacer, hay que hacerlo pronto y con el mayor consenso posible entre partidos políticos y agentes sociales, no vaya a ocurrir lo que ocurrió en mayo de 2010, cuando Zapatero, agobiado por la multicrisis de 2008, no tuvo más remedio que aprobar los mayores recortes sociales del actual periodo democrático. A ver si de una vez, aprendemos de los errores del pasado.