El Sistema Nacional de Salud, un gigante con pies de barro

Un repaso mínimamente exhaustivo de algunos de los más conocidos (el 'ranking' de Bloomberg, por ejemplo) pone de manifiesto que los índices utilizados para originar estas clasificaciones otorgan una gran preponderancia a la esperanza de vida al nacer como indicador clave con el que juzgar la eficiencia de los sistemas sanitarios. Y la longevidad (inclusive en buena salud) no depende única (ni siquiera principalmente) de la asistencia sanitaria. Hay determinantes no sanitarios –como los estilos de vida, por ejemplo– que seguramente coadyuvan en mayor medida a incrementar la supervivencia. De hecho, aquellos ránquines (como el que publica la revista 'The Lancet', a partir de los datos aportados por el estudio de la Carga Global de la Enfermedad) que incorporan la mortalidad evitable (esto es, la mortalidad por causas que podrían haberse evitado si el sistema sanitario hubiera actuado correctamente en todos sus pasos), pese a situar al SNS español en lugares destacados de su clasificación (puesto 19 de 195), revela que hay una decena de países de la UE por delante de él.

No deberíamos, por tanto, ser complacientes con esas primeras posiciones conferidas a la sanidad española por ránquines cuya premisa es la atribución casi en exclusiva a esta de la salud de la población cubierta. De lo contrario, también deberíamos de responsabilizar a esa misma sanidad de su reciente desplome en el citado 'ranking' de Bloomberg, tras haberse incorporado a su confección la incidencia y mortalidad ocasionadas por la pandemia, retrocediendo del cuarto puesto de los sistemas más eficientes al décimo quinto.

¿Por qué nuestros servicios de salud pública no fueron capaces de contener la progresión de los brotes de Covid-19 en España? Sin duda hay factores de contexto a tener en cuenta, como es que la irrupción temporal de los brotes fuera muy heterogénea en las diferentes comunidades autónomas (CC.AA.), así como su virulencia. Baste señalar a este respecto que, si bien colegimos cinco olas epidémicas de la difusión del virus en el conjunto del Estado, hay al menos seis 'picos' de mortalidad excedentaria con respecto a la que cabría esperar de mantenerse la tendencia de años previos, reflejando una enorme dispersión entre los distintos territorios autonómicos. Mientras que País Vasco suma hasta ocho episodios de exceso de mortalidad, Cantabria, por ejemplo, cuenta solo uno. Asimismo, la tasa de mortalidad de la Comunidad de Madrid fue desproporcionadamente elevada durante la primera ola, reflejando el grado en que había llegado a explotar la epidemia dentro de sus lindes (y aledaños), mientras que el modesto registro de la Región de Murcia evidencia la medida en que se benefició del confinamiento (uniforme en toda la nación) decretado por el primer estado de alarma. Por añadidura, como se puso de manifiesto en la segunda ola, tras decaer el estado de alarma y producirse una desescalada desordenada, descubrimos la trascendencia de los determinantes sociales, al concentrarse los contagios en barriadas y localidades densamente pobladas por población pobre, en su mayoría inmigrante.

Todo lo relatado nos ayuda a comprender (y empatizar con) el colosal desafío que enfrentaron los servicios de salud pública en el fragor de la pandemia, pero no agota las explicaciones sobre su desempeño. Este estuvo mediatizado críticamente, sin duda, tanto por la insuficiencia de recursos (con una paupérrima participación en el gasto sanitario público apenas superior al 1%) y por una ausencia palmaria de (buen) gobierno, al no desarrollarse las estructuras de salud pública previstas en la Ley General de Salud Pública de 2011. Con estos quebradizos mimbres se intentó contener el avance de la pandemia en nuestro país.

Las enseñanzas que nos lega la pandemia y su gestión en la parcela sanitaria son claras, destacando sobremanera la necesidad de una mejor gobernanza (no solo nacional, sino también europea e incluso mundial) que prevenga futuras emergencias de este calado... que las habrá, tarde o temprano.