Seguridad y salud laboral en tiempos de pandemia

Con un coste sanitario, social, laboral y económico, absolutamente dramático, la pandemia de la Covid-19 ha venido a reordenar, de una manera profunda, las prioridades que, tanto colectiva como individualmente, nos estamos viendo en la obligación y responsabilidad de atender. Y una de esas prioridades es, sin duda, la prevención de riesgos laborales. Ante esta terrible situación, la respuesta que hemos encontrado en las administraciones públicas y en muchas empresas, para garantizar que ningún trabajador o trabajadora asumiera riesgos evitables para su salud, al acudir a su puesto de trabajo, ha sido clamorosamente limitada e insuficiente.

En las empresas, la desorientación desatada en los servicios de prevención cuando, por fin, empezaron a dictarse las normas e instrucciones de salud pública que debían observarse en los centros de trabajo, ha dejado al descubierto enormes limitaciones de esos servicios para efectuar verdaderas evaluaciones de los riesgos, y para aplicar de manera efectiva las medidas preventivas.

De la forma más cruda posible estamos descubriendo adónde nos lleva el alejamiento de la salud laboral de la salud pública, la privatización y mercatilización de la prevención de riesgos laborales, y cuál es el riesgo de haberse considerado, por no pocos, como un mero trámite formal.

Los protocolos de actuación para minimizar al máximo el riesgo de contagio (que deberían haber sido generalizados y articulados desde el primer momento), a consensuar con la representación legal de los trabajadores, con carácter general, solo se han adoptado en las empresas más grandes. Y, por tanto, en una exigua minoría de centros de trabajo, ya que nuestro tejido productivo lo conforman en más de un 80% pymes y microempresas, cuyos trabajadores y trabajadoras se han visto, en su inmensa mayoría, desprovistos de una adecuada protección por parte de nuestro sistema preventivo.

Aun haciéndonos cargo de las dificultades que entraña la adquisición de equipos de protección individual, en un contexto de crisis sanitaria mundial como este, y con un modelo de producción que dificulta –a causa de la globalización y la deslocalización– la disponibilidad inmediata de determinados suministros sanitarios, no se puede justificar, en modo alguno, la escasísima movilización de recursos a la que hemos podido acceder en momentos dramáticos. Esos equipos de protección individual, tan imprescindibles en el ámbito sanitario y en tantos otros, junto a una adecuada desinfección e higienización de los espacios de trabajo, debían de haber sido un presupuesto ineludible para la apertura o reapertura de cualquier centro de trabajo y, lamentablemente, no lo han sido.

Quizás sea mucho pedir para una Administración que hace años desmanteló el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, un organismo que con los recursos humanos actuales –altamente competentes– y con los materiales de los que dispone, no puede ejercer la labor de asesoramiento y de apoyo científico y técnico que sería necesaria. Una Administración pública que ha mermado, año tras año, la dotación presupuestaria de las políticas de seguridad y salud laboral, y que últimamente viene desdeñando los beneficios del diálogo social y de la concertación de las políticas públicas.

Seguimos conociendo datos atroces sobre el contagio de nuestro personal sanitario y de otros muchísimos trabajadores y trabajadoras del comercio, de la limpieza, del transporte, del campo, de la industria o de la construcción, sufrido en sus entornos laborales, por haber mantenido su actividad en unas condiciones de seguridad e higiene no adecuadas. Y, por supuesto, la Covid-19 no ha hecho desaparecer el resto de riesgos laborales a los que estos trabajadores y trabajadoras están expuestos, incluso ha acrecentado muchos de ellos, especialmente los psicosociales, multiplicándose las situaciones de estrés, acoso o incluso violencia.

Hemos reclamado a la Administración regional cumplir con sus obligaciones preventivas, también como empleadora, para apoyar y compeler al resto de empresas para que instauren medidas de protección. Sobre todo, que preste oídos y manos a los muchos trabajadores y trabajadoras que siguen al frente de sus ocupaciones, sumidos en la incertidumbre, desprotegidos y sin cauces efectivos para denunciar los incumplimientos.

Este maldito virus está reconfigurando nuestras prioridades. Espero que la importancia de la prevención de riesgos laborales, al igual que la de nuestra sanidad pública, se mantenga en lo más alto de nuestras preocupaciones sociales, y así lo exijamos a empresas y gobernantes. La prevención de riesgos laborales era, es y será siempre una inversión necesaria que no podemos permitir se descuide, porque el coste que hay que pagar por ello, ya lo estamos viendo, es elevadísimo.

Este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo, lo dedicamos a los fallecidos y a sus familias, y a los trabajadores y trabajadoras que están demostrando que son la pieza fundamental de todo nuestro engranaje protector, social y productivo. Gracias. Estamos con vosotros. Seguimos trabajando a vuestro lado.