El PP, secuestrado por Vox

Desde hace unos años, el problema de los servicios públicos no reside ya tanto en su generalización, en gran medida lograda, como en su calidad, en su eficiencia. El ciudadano de a pie no protesta por las prestaciones existentes, sino por las colas que hay que guardar para obtenerlas y, sobre todo, por el alto precio que a todos nos supone. Se aprovecha, por un liberalismo egoísta, esa percepción de ineficiencia que tienen, y en ocasiones no sin razón, muchos ciudadanos, con relación a los servicios públicos, para poner las bases del Estado del 'tanto tienes tanto vales' o, mejor aún, tanto tienes a tanta cultura accedes, a tanta calidad de ocio o a tanta salud.

Para ello, no hay mejor forma de desacreditar la redistribución de la riqueza que dinamitar las estructuras encargadas de hacerlo. Es curioso observar un discurso que pretende ser novedoso, siendo tan antiguo como la ley de la selva, desde el cual se condena a los infiernos la gestión de unos servicios hasta ahora públicos que, según el mismo, deben batirse en retirada ante el empuje y supuesto dinamismo del capital privado.

Es tan simple la estrategia que incluso puede resultar eficaz. Según su hilo conductor, está tan pésimamente gestionada la 'empresa pública', que resulta mucho más conveniente el trasladar sus servicios a la empresa privada. El argumento subsiguiente es que no es posible mantener de esta forma el estado de bienestar. Este debe gestionarse privadamente, debe recortarse, debe desaparecer.

Pero en la eficacia que pudiera tener este discurso de liberal-insolidaridad somos responsables todos, unos tratando de justificar la desaparición de servicios y prestaciones evidenciando la paupérrima resultante de la fracción eficacia, costes; y otros, entre los que de alguna forma deben incluirse los progresistas de la puntita nada más e izquierdistas de salón, obviando esa ineficiencia con la necesidad de mantener un Estado progresista, en el cual los pobres no tengan necesariamente que morir inatendidos, confundiendo también la necesaria redistribución de la riqueza con quien la realiza. Me explico: los empleados públicos no podemos pretender constituir el fin, cuando somos simplemente el instrumento, del estado de bienestar.

Ha llegado el momento en el que la ética es la única base desde la que puede sustentarse, eficazmente, cualquier argumento. Si queremos desenmascarar la demagogia liberal, debemos abordar sin dogmatismos la realidad de los servicios públicos.

Podemos estar de acuerdo en que la actual situación económica conlleva un necesario esfuerzo en la contención del déficit público, pero eso no debe traducirse, como algunos pretenden, en la desaparición progresiva del estado de bienestar. Ni siquiera en trasladar sistemáticamente su gestión a manos de la empresa privada. Pero no podemos seguir escudándonos en los incuestionables valores redistributivos y de equidad que supone el estado social comprometido, para no abordar la forma y eficiencia con que los mismos son generados; los ciudadanos no nos lo permitirían.

Nosotros tampoco podríamos perdonarnos el dejar, en manos de quienes están especulativamente interesados en la cultura de la insolidaridad, argumentos que, por una concepción progresista caduca de la defensa a ultranza de prebendas hoy día difícilmente entendibles, pretenden hacer desaparecer estudiada y paulatinamente los logros sociales tan costosamente alcanzados.

Tal y como se apunta desde la Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible, las soluciones a los grandes problemas de la humanidad (salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género...) precisan de alianzas de los gobiernos con las ONG, la sociedad civil y las empresas, pero de lo que no ha dicho nada el telediario es que necesariamente lo privado tenga que sustituir a lo público. Aliarse no es entregarse.

El qué, cómo y, por qué no, quién, deben generar un debate alejado de dogmas, en el que participen hombres y mujeres convencidos, pero sin certezas incuestionables. Un Gobierno PP-Vox constituiría la crónica de una muerte anunciada del estado de bienestar, pero unas izquierdas atrincheradas en sus esencias patrias y una defensa numantina de intereses corporativos les servirían en bandeja de plata los argumentos que ellos necesitan...