Cómo afrontar el problema de la inundabilidad

De un lado, encontramos corrientes de opinión que subrayan el innegable impacto del cambio climático en este fenómeno y las consecuencias de la actividad humana transformando el territorio. Estos planteamientos, bien acogidos por la izquierda, y ampliamente respaldados por la comunidad científica, ponen de relieve en su vertiente territorial las consecuencias de fenómenos como el 'sellado del suelo' por la urbanización, el 'efecto barrera' que provocan algunas infraestructuras lineales de transporte o la pérdida de la red hidrográfica natural de muchas zonas por cambios de uso del suelo.

Sin embargo, muchos de estos planteamientos empiezan a desbarrar cuando se convierten en argumentario ideológico militante contra las infraestructuras hidráulicas de mitigación de inundaciones, como las presas o los encauzamientos artificiales, por boca de personas a veces sin la necesaria formación científica o técnica en la materia.

En ese contexto nacen discursos que abominan de las soluciones que aporta la ingeniería civil o atribuyen ideología franquista a estas infraestructuras tan necesarias en un país con un régimen hidrológico tan irregular como España. También se pueden meter en este mismo saco planteamientos sin base científica, relacionados con las supuestas bondades de demoler de manera generalizada las presas para devolver su régimen natural a los cauces, o que catalogan de infraestructuras 'grises' o 'negras' toda infraestructura de laminación de avenidas hecha con hormigón. Muchos de estos planteamientos, aunque afortunadamente están descartados por la gran mayoría de los técnicos de las administraciones públicas, sí que tienen su peso en las resistencias sociopolíticas que se producen habitualmente en la autorización de este tipo de infraestructuras, que han de superar exigentes trámites medioambientales.

Esta situación, junto a la inevitable variable presupuestaria (ya que estamos hablando de infraestructuras muy costosas, que han de superar rigurosos análisis coste-beneficio), está detrás del retraso que conllevan muchas infraestructuras hidráulicas paralizadas por parte de las confederaciones hidrográficas en España.

Sin embargo, los planteamientos politizados y poco rigurosos no son exclusivos de un bando, ya que, del otro lado de la moneda, encontramos incluso gente que niega la propia existencia del cambio climático o que te venden que un mapa de inundabilidad es una cosa del Estado bolivariano, que viene a expropiarte tu piso de la Gran Vía. Afortunadamente, son solo una pequeña proporción de la población, pero, de la misma manera que, de un lado, los planteamientos más radicales dificultan la ejecución de infraestructuras hidráulicas necesarias, del otro lado del espectro político, las posturas más polarizantes dificultan la también indispensable regulación territorial de la inundabilidad, opacando aquellas posturas más técnicas y moderadas.

En esta segunda parroquia, encontramos planteamientos que abominan de los mapas de inundabilidad y de su implementación como variable de regulación territorial y urbanística mediante parámetros como las zonas de flujo preferente. Estos planteamientos no parten de un mínimo razonamiento científico, sino de argumentos propios de la derecha más ultra, señalando que dichos mapas e instrumentos de planificación territorial de la inundabilidad son un freno a la actividad económica (como si eso debiese anteponerse a la seguridad de las personas).

En la Región de Murcia hemos tenido un poco de ambas cosas en los últimos años. Tenemos infraestructuras hidráulicas muy necesarias con retrasos históricos como las presas de Tabala o del Guadalentín, y carecemos desde hace años de un Plan regional de ordenación territorial del riesgo de inundación que sirva para regular los usos del suelo en los nuevos desarrollos urbanos. Las infraestructuras hidráulicas son imprescindibles, sobre todo en zonas ya construidas, pues lo que no vamos a hacer ahora es cambiar las ciudades de sitio.

Sin embargo, lo que no es responsable es dar a entender que aquí la única solución es ponerse a construir presas a diestro y siniestro. Más que nada porque económicamente es inviable, y más en un contexto de cambio climático, donde el problema de la inundabilidad irá irremediablemente a más con los años. Además, es que hay zonas de nuestra Región donde simplemente eso es materialmente imposible, porque son cuencas no reguladas con montones de ramblas medianas dispersas fuertemente antropizadas.

El debate, que ha de ser principalmente técnico, vendrá en aquellas zonas 'grises' (porque esto no es una cuestión de 'blancos' o 'negros'), en las cuales no esté clara qué opción adoptar, o en la cual haya que valorar otras variables como la complejidad jurídica de qué pasa, por ejemplo, con los derechos urbanísticos ya adquiridos por los propietarios del suelo. Para abordar ese debate, lo que hará falta serán gestores responsables y rigurosos, y no elementos ideológicamente polarizantes, que simplemente busquen echarle el muerto a la administración de enfrente (sobre todo si no es de su color político).