Residencias, el año de la infamia

Tras el bombardeo de la base naval estadounidense de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, el presidente Roosevelt bautizó ese día como el 'día de la infamia', declarando oficialmente la guerra entre EE UU y el Imperio de Japón. Calificativo semejante cabría asignar a la devastación causada por la Covid en las residencias de ancianos a lo largo de este infame, sin duda, año 2020. La diferencia entre ambas infamias radica, no obstante, en que mientras que la primera lo fue por inesperada, la segunda lo es por reiterada. La segunda ola vuelve a golpear con fuerza entre los residentes de estas instituciones, al tiempo que la sociedad conoce la precariedad con que muchas de estas personas mayores estaban (y continúan) siendo atendidas.

Al igual que en los conflictos armados contemporáneos la mayoría de las víctimas mortales son civiles, en la actual guerra mundial contra la pandemia, también. Y los más propensos a caer son los más frágiles, los más vulnerables, los más dependientes. La intolerable mortalidad causada por la Covid en las residencias y, más generalmente, en los centros de atención sociosanitaria (con cuanta frecuencia olvidamos a las personas con necesidades especiales) ha revelado la extrema vulnerabilidad de la red asistencial pomposamente bautizada por la Ley 39/2006 –más conocida como 'ley de dependencia'– como Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

De acuerdo al Libro Blanco sobre cuyas proyecciones se elaboró la mencionada ley, la inversión estimada para el desarrollo del SAAD se cifró en el 1% del PIB, pero lo cierto es que el gasto realmente efectuado (en el año 2018) es inferior al 0,7% del PIB. De igual forma que el fracaso de la estrategia de contención durante la primera ola de la pandemia no puede explicarse sin aludir a la infrafinanciación endémica en políticas de salud pública (1,1% del PIB en 2018), tampoco puede explicarse sin apelar a análoga infrafinanciación en el ámbito de los cuidados de larga duración que –según documentos internos del propio Ministerio de Sanidad– el número de fallecidos en las residencias represente más de la mitad de las muertes notificadas oficialmente por Covid en España.

Al igual que la guerra relámpago desplegada por el ejército nazi en 1940 desmanteló en menos de un mes la defensa fortificada francesa (la célebre línea Maginot), propiciando la ocupación entera de Francia durante nada menos que 4 años, el coronavirus asoló las residencias de ancianos en un tiempo parecido. El SAAD se resquebrajó como la línea Maginot, si bien, a diferencia de esta, que constituye un ejemplo de multimillonaria inversión fallida, aquel se hundió por falta de recursos y la carencia de la debida supervisión y regulación por parte de los titulares últimos de estas responsabilidades, a saber, los gobiernos central y autonómico. La pauperización silente del SAAD desde el año 2010 ha sido una labor de zapa constante que ha erosionado todas las prestaciones y servicios sociales de la cartera asistencial. Paradójicamente, es probable que una de las razones de la menor mortandad (en términos absolutos e incluso relativos al total de fallecimientos entre las personas mayores) por la Covid de las residencias de la Región de Murcia, radique en el inferior porcentaje, frente a la práctica totalidad de las restantes CCAA, de población institucionalizada en tales establecimientos (0,25% frente a un 0,58% para el total nacional, según datos del Censo de habitantes de 2011). En cualquier caso, el deterioro de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar (con un descenso del 26% desde el 1 de enero de 2014) y el establecimiento de incompatibilidades entre los diferentes servicios y prestaciones no ha hecho sino abundar en la externalización de los cuidados en las familias.

Cabría aportar más datos indicativos de cómo, en lugar de cimentar y desarrollar el auténtico 'cuarto pilar' del Estado del Bienestar, lo que se ha ido consolidando con el paso de los años es un conglomerado de servicios sociales 'low cost'. Puestos de trabajo precarios, muy mal remunerados, parecen incompatibles con el mantenimiento de elevados estándares de calidad asistencial. A esto se suma el error, a mi juicio, de no haber integrado desde un inicio todos los servicios sociosanitarios en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. De aquellos polvos estos lodos. Un auténtico lodazal que debería avergonzarnos e impelernos a exigir una reforma estructural del SAAD. En cualquier caso, nada puede evitar ya que este año pase a la posteridad como el año de la infamia.