¿República? El problema del método

La salida del Rey emérito de España ha animado a los republicanos españoles a intensificar su propaganda y dispararla 'tous azimuts', como los misiles nucleares franceses según de Gaulle. Lo mismo nos dicen que el emérito ha huido (cuando no pesa, por ahora, ninguna requisitoria judicial contra él), que afirman que pretende eludir la acción de la Justicia (cuando su abogado ha declarado que estará a disposición de los jueces), y mientras unos piden que Felipe VI abdique la corona otros solicitan que retiren el pasaporte al emérito, o su título, e incluso que lo detengan; como estrambote acusan al presidente Sánchez de complicidad con el Rey, y proclaman que los ha defraudado, tesis insólita contra alguien bien conocido por no mentir jamás.

No es necesario que insistan, pues nos ha quedado claro el mensaje: quieren acabar con la monarquía parlamentaria constituida en la transición del régimen franquista a la democracia. Están en su derecho, pues vivimos en un país admirablemente libre. ¿Qué ofrecen a cambio? En eso ya no reina la unanimidad. Los republicanos separatistas, como ERC, Juntos por Cataluña, Bildu y BNG, proponen convertir sus respectivos territorios en repúblicas independientes. El presidente Torra lo ha expresado con claridad: «Siempre apoyaremos a los republicanos españoles, pero no nos interesa cómo se organice el Estado español, sino lograr la república catalana». La última adhesión a esa colla ha sido la de Izquierda Andalucista, partícipe en Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez: ha pedido una república andaluza independiente.

Por otra parte, Compromiso, coaligado con el partidito de Errejón, y Podemos han apostado por una «república plurinacional solidaria»; como nadie sabe qué es eso, uno de sus portavoces ha aclarado que se trata de una «confederación de Estados solidarios entre ellos». Bello e irrealizable deseo, pues, si es altamente improbable que los separatistas, una vez logrado sus Estados, quieran confederarse con Hemiespaña, es seguro que no serían solidarios, toda vez que quieren la independencia para no compartir impuestos con el resto de los españoles (y de paso erradicar la lengua española de sus nuevas naciones soberanas).

Conocidas sus atractivas ofertas, solo queda explicar cómo pasar de la monarquía parlamentaria a alguna de las alternativas que ofrecen. No hay problema: la Constitución les brinda el modo de hacerlo sin derramar sangre (ni siquiera la suya) y de forma impecablemente democrática. Bastaría con que pusiesen en marcha el mecanismo de reforma agravada previsto en el artículo 168 de la propia Constitución: pueden iniciarla dos grupos parlamentarios o 70 congresistas, o bien 50 senadores que no sean todos del mismo grupo. Alguno de esos requisitos, como el de dos grupos de congresistas, lo cumplen sobradamente. A continuación basta con que la aprueben 2/3 de los congresistas y, por separado, de los senadores. En ese caso, se convocan elecciones y en las nuevas cámaras, Congreso y Senado, ya basta con sendas mayorías absolutas. Logrado eso, se convoca un referéndum y, si lo ganasen, estaría aprobada la reforma, con gran alborozo popular.

Sin embargo, cosa sorprendente, ninguno de los partidos tan fervientemente republicanos ha planteado esa reforma hasta ahora. En su lugar vienen haciendo toda una serie de propuestas distintas, cuyo único factor común es ser inefectivas o inconstitucionales. Unos realizan caceroladas y manifestaciones para pedir la república; otros proponen que los parlamentos autonómicos, empezando por el catalán, reprueben al rey; unos terceros, que se reúnan conjuntamente el Congreso y el Senado para decidir qué hacer; unos cuartos, convocar a pelo un referéndum; los más prudentes, sustituirlo por una encuesta; los más aventureros, que el Gobierno español proclame la república, o algunos gobiernos autonómicos republiquitas más pequeñas.

¿Por qué no ponen en marcha el método que podría permitirles alcanzar sus objetivos? La repuesta más obvia es que, diciendo hablar en nombre del pueblo, intuyen que la mayoría de los ciudadanos, que se expresan políticamente votando a los partidos que quieren, no respalda mayoritariamente ninguna de sus ofertas. Deberían, en ese caso, seguir trabajando para convencernos de las grandes ventajas de pasar a vivir en una república populista, o en una republiquita, coqueta y lingüísticamente uniforme, pero de momento han elegido la vía de la agitación y de intentar saltarse a la torera la Constitución. Es una elección muy peligrosa, sobre todo para ellos, pues una vez roto el amparo constitucional, la privación de derechos recaería, en primer lugar, contra los promotores de la revuelta. Pueden persistir libérrimamente en su ideal republicano o separatista, pero les aconsejo que no intenten forzar a las bravas el régimen democrático que los de la Transición les legamos. Unos se arriesgan a que PSOE, PP y Cs convengan en formar un gobierno constitucionalista; los otros, a acabar no solo sin república, sino también sin parlamentos autonómicos. Como demócratas, tiren la caja de Pandora.