El reparto del Consejo

Se dice, se escucha, que el PP está bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, la ley que lo regula prevé la elección de los veinte miembros del Consejo por acuerdo de una mayoría de tres quintos. Es por ello que parece absurdo, desde la perspectiva ya no jurídica sino matemática, que la 'mayoría absoluta' del Congreso (que es menos que tres quintos) exija a la minoría que acuerde lo que no quiera acordar. Si pudieran exigirlo, ni sería acuerdo, ni exigiría la ley esa mayoría reforzada. Si la ley lo exige es, precisamente, para que concite un consenso más amplio que esa mera mayoría absoluta –y para que una minoría suficiente pueda bloquear una elección que desapruebe–. El PP no está impidiendo 'la renovación' del Consejo, está impidiendo la concreta renovación que se le propone.

Pero el PP no es inocente de esta situación de bloqueo, ni tampoco de este Consejo enfermo, cuyo bloqueo es solo un síntoma. El Consejo lleva años herido por las normas de elección de sus miembros, de las que nuestros grandes partidos son responsables y beneficiarios.

El Poder Judicial debe ser independiente y, sin embargo, tenemos un sistema que hace depender de los partidos políticos el órgano que gobierna a los jueces. El que, entre otras muchas competencias, escoge a los magistrados del Tribunal Supremo. ¿Queda alguien que crea que tenemos el tipo de políticos que va a escoger a la persona más válida por encima de su ideología o, sobre todo, su lealtad –o vasallaje– al partido?

No siempre fue así. La Constitución, como con tantas otras cosas, lo dejó abierto a lo que los españoles del mañana enfrentaran el problema. En 1980, la Ley dispuso que serían los propios jueces los que votarían a la mayoría de los miembros del Consejo. Cinco años duró este sistema, hasta que se cambió para que fueran nuestros partidos políticos los que se repartieran a los miembros. Desde entonces –con dos reformas más– ha existido una constante: el partido mayoritario de la oposición ha clamado la necesidad de devolver la independencia a los jueces, mientras seguía repartiéndose el botín con el partido gobernante, a la espera de su turno.

En las elecciones de 2011, el PP mantenía, como uno de los pilares de su programa electoral, en Justicia, que «doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces». En cuanto tuvo la mayoría –absoluta–necesaria para convertirlo en realidad, ¿qué hizo? Olvidar lo prometido, y quedarse con su parte. Y de aquel reparto, el actual Consejo.

El sistema estaba pensado para el reparto del botín entre dos grandes partidos, con alguna ofrenda menor a los altares nacionalistas. Pero parece no haber cambiado demasiado con la 'nueva normalidad' parlamentaria. Podemos, que en las elecciones de 2015 también llevó al Consejo en su programa, para «reforzar su independencia a través de un sistema de elección directa por la ciudadanía», pronto ha olvidado tales aspiraciones (y más aún las referidas a la transparencia respecto a los acuerdos o miembros pactados), en cuanto ha podido participar del reparto. Cierto es que Ciudadanos se ha negado a entrar en el reparto, pero la irrelevancia política a la que se arrojó en las últimas elecciones nubla la trascendencia de su postura.

Acaso podría parecer que una redescubierta dignidad democrática ha impulsado ahora al PP a negarse al reparto. Pero no es el caso. Ya se filtraron mensajes –unos primero, otros después– elocuentes sobre hasta qué punto estaba todo repartido. Solamente ha ocurrido que la ahora exportavoz del partido desveló que una de las causas para su cese y ostracismo fue, precisamente, su firmeza en la oposición a este reparto. Ha sido la vergüenza lo que ha frenado el acuerdo. O, más probablemente, la mala publicidad de estar de acuerdo con el PSOE, en estos tiempos de polarización creciente. Pero pronto nos volveremos a olvidar, y pronto volverán a pactarlo.

Intentarán vendérnoslo como consenso, o como pacto de Estado, mientras cuentan sus ganancias («una jugada estupenda», decía un mensaje, recuerden). Sin embargo, antes que la certeza de politización de la Justicia que este sistema supone, hasta sería mejor tirar un dado y que fuera el azar, con los ojos vendados como la Justicia, el que escogiera a los jueces que ocuparan esos puestos.