Perseguir el alquiler de vientres

La eutanasia, o el aborto, implican un conflicto en el que más que hacer un bien, se trata de apoyar el mal menor. No creo que ningún defensor de la eutanasia como derecho la celebre como un suceso positivo. Ojalá no se diera la situación, pero cuando ocurre, la sociedad y el Derecho deben afrontarlo de la mejor manera posible. Las leyes no son mágicas, y no se puede esperar de ellas más de lo que pueden dar: ni pueden evitar que se haya producido un embarazo, ni curar una enfermedad insufrible. Lo único de lo que son capaces es de lidiar con las consecuencias.

El cómo determinar en estos casos cuál es la 'mejor manera posible', tiene difícil respuesta. Agravada, además, por el silencio –prudente o cobarde– de quienes dudan, frente al estruendo de los fanáticos de una u otra posición. Desprovistos de una verdad absoluta, a veces ni siquiera de una indicación objetiva, apenas nos queda el recurso a la democracia de la mayoría. Y no porque sea más verdad lo que opinen los más, sino porque no tenemos ninguna alternativa mejor.

La gestación subrogada es uno de estos temas candentes en los que, más allá de los extremismos, es fácil dudar entre cuestiones nada sencillas, en más de un frente. Por una parte, está la libertad del individuo, en este caso de la mujer gestante, que tanto nos debería costar de suplantar por nuestra 'mejor y más formada opinión', aunque pensemos que ella se equivoca –obviamente, salvo que se trate de una coacción–. De otra parte, está la dificultad para cualquiera de ponderar de forma real y efectiva los efectos y consecuencias de una gestación de estas características, antes de comprometerse a hacerlo por contrato. Además, quedan todas las dudas relativas al feto y luego nacido, que tendría también su interés diferente –y preferente–; y cada circunstancia particular que no parece fácil de resolver, como la propia interrupción voluntaria de estas gestaciones. Una cuestión, en fin, sobre la que caben diversas opiniones (paradójicamente compartidas entre los extremos políticos en este ámbito), y distintas soluciones (pues, con sus regulaciones específicas, se trata de una práctica legal en países no mucho menos democráticos o libres que España, como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos o Portugal, entre otros).

En España la gestación subrogada no es legal. Está prohibida. Esa es la opción de la ley y, como tal, la decisión que hemos tomado y que a todos nos obliga. Si se firma un contrato de gestación subrogada, el contrato será nulo, lo que es coherente con la prohibición. Sin embargo, si en efecto se practica tal gestación, una cosa es decir que el contrato es nulo, y otra 'anular' al bebé que haya nacido ya. Por eso, cuando se ha producido tal nacimiento en el extranjero, aun en contra de lo previsto por la ley, nuestras instituciones o hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que tanto gusta a unos para unas cosas más que para otras) han reconocido la filiación de los progenitores que hayan viajado para evitar la prohibición nacional. Opuesto sería perseguir la práctica en el extranjero, en países donde sea legal, tanto como que un país que prohibiera el aborto, por ejemplo, persiguiera a las mujeres que viniesen a España a abortar.

Es una cuestión difícil, en la que puedo entender los motivos de los que optan por la ilegalización. Sin embargo, hay muy pocos delitos que se persigan más allá de las propias fronteras. Ni siquiera el asesinato. En el genocidio o el terrorismo puedo llegar a entenderlo, pero no podría comprender por qué perseguir penalmente a quien realice, en Portugal, algo que sea lícito allí. No puedo concebir cómo se puede proteger el interés superior del menor nacido encarcelando a sus padres apenas llegue a nacer.