Aquí indultan todos

Es cierto que la ley tuvo un ligero retoque durante la dictadura de Primo de Rivera (eliminando el requisito del perdón de la víctima en determinados delitos), y que también se modificó ya en el democrático año 1988 (con el principal cambio, no tan democrático, de eliminar la exigencia explícita de motivar el decreto de indulto). Pero, tanto en el espíritu como en la práctica totalidad de su contenido, es una ley de más de ciento cincuenta años. No por ello ha sido menos usada: solo en estos veinte primeros años del siglo XXI se ha indultado a más de 7.000 personas.

Estos días, como si fuera una ley nueva y desconocida, se está manifestando un sentimiento de entre estupor y escándalo por lo que el indulto supone, y por cómo puede decidirse. Como si no se hubiera indultado a Vera y Barrionuevo, condenados por secuestro y malversación en el ámbito del terrorismo de Estado. Como si ese mismo Gobierno, presidido por Aznar, no hubiera indultado a 15 condenados por actos de terrorismo cuando eran miembros de Terra Lliure. Poco antes, el Gobierno presidido por Felipe González había indultado al general Armada por dirigir el 23-F. Poco después, la Administración de Zapatero indultó al banquero Alfredo Sáenz, mano derecha de Botín; o a un terrorista del GRAPO condenado por asesinato. Rajoy, en su turno, indultó a cuatro mossos condenados, entre otros delitos, por torturar a un hombre –al que confundieron con un atracador –; o a un guardia civil que grabó a un amigo suyo agrediendo sexualmente a una mujer en un vagón de tren. Hay mucho entre lo que elegir en más de 7.000 casos. Ninguno es representativo del todo, ni tampoco minimizan la importancia de los actuales posibles indultos a los condenados por sedición. Pero sorprende que sorprenda, justo ahora. Desde 1870 algunos ya se deberían haber enterado de qué va el asunto.

Se está descubriendo ahora, con escándalo, que se puede indultar al impenitente. Que se pueden ignorar los informes no vinculantes y, en fin, imponer el concepto que, en cada momento, cada gobierno tenga de la justicia, la equidad, o la conveniencia pública. Porque esto es lo único que exige la ley que todos los gobiernos han usado desde de hace más de un siglo: el mero y propio convencimiento de que la medida es, en algún sentido, conveniente. Con eso basta. Por eso, la promesa del recurso a los tribunales como barricada contra el indulto apenas podrá conseguir nada. De hecho, si los tribunales pudieran decidir qué es lo justo, equitativo o conveniente; y pudiesen rectificar la opinión de los gobiernos cuando indultan, serían ellos los que indultarían, y no es el caso. Estos recursos, en cambio, sí podrán colaborar en la cimentación de la creciente –e interesada– percepción pública de una judicativa politizada. Aunque no tanto como las proclamas que señalan como vengativos a todos aquellos que, como el Tribunal Supremo, entienden que la sentencia en este caso –como en la inmensa mayoría de los casos– está para ser cumplida.

En fin, hoy los unos protestarán porque los otros van a hacer lo que ellos mismos hicieron y harán. Como ocurre con cualquier norma o estructura en la que el problema no es su uso abusivo, sino el que sean los otros los que, ahora, pueden abusar. Entre tanto, el Gobierno hará de los políticos presos unos indultados políticos. Unos privilegiados frente a la dura realidad de la pena que el común de los ciudadanos sí tiene que afrontar. Si nos convencen a los demás de enarbolar una u otra bandera, enardecidos en nuestra justa indignación, correremos el riesgo de perder la perspectiva que nos permitiría ver que, desde mucho antes de 1870, el poder abusa del poder, siempre que se le permite. Que una ley que concede un ejercicio tan absoluto de la voluntad, más que facultar al Gobierno el ejercicio de un deber, en la práctica acaba dándole el derecho de indultar. A quien le dé la gana.