Valor y papel de la monarquía en democracia

Aún más, qué duda cabe de que la serenidad y el rigor que transmite hoy la Corona, su compromiso con nuestras instituciones democráticas y con el futuro del país enfatizando aquello que nos une, es un soplo de aire fresco en estos tiempos de barullo político y de polarización. La sobriedad del ceremonial celebrado, lejos de la pompa y circunstancia británica, son también expresión de cómo la Corona puede simbolizar los valores democráticos. Es testimonio de una larga herencia como nación, pero confirma que nuestra unión enraíza en la actualidad en esos principios compartidos y en la solidez de nuestras instituciones.

Es verdad que el hecho de que la Corona sea una institución hereditaria y vitalicia exige una explicación sobre su compatibilidad democrática y con la posición y las funciones que le corresponden a un rey. En relación con la primera de las cuestiones, la monarquía se concilia con la democracia en el momento en el que, en su mutación como parlamentaria, el Rey, como Jefe del Estado, ve neutralizados sus poderes políticos. El ámbito de decisión de 'lo político' va a quedar circunscrito al espacio Gobierno-Parlamento, siendo allí donde se tiene que expresar la competición ideológica y donde el juego de las mayorías permite la adopción de las políticas públicas y de las decisiones que a todos nos vinculan. El Rey, sin embargo, permanece en una posición neutral como Jefe del Estado, situado supra partes, lo que le permite cumplir con una importante función de tipo representativo y moderador. La no elección es así el precio para preservar su neutralidad.

Como símbolo, el Rey representa «la unidad y permanencia del Estado» y debe erigirse en un «paradigma ético y estético del cuerpo político» (Herrero de Miñón), cumpliendo con una función de inspiración constitucional. Además, el Rey en democracia también cumple con un discreto poder moderador. Le corresponde, según nuestra Constitución, arbitrar y moderar «el funcionamiento regular de las instituciones». Pero conviene no equivocarse: no podemos concebir al Rey como un defensor 'político' de la Constitución, ni le corresponde un poder de reserva último para salvar las esencias patrias. En nuestro país, las certeras intervenciones de nuestros monarcas en momentos críticos como fueron el 23-F y el 3-O han dejado un resabio en ese sentido de concebir al Rey como un metapoder en la excepción. Algo con lo que hay que ser muy cuidadosos. De hecho, en estos días se escuchan cantos de sirena que, desconociendo los postulados básicos del papel de un rey en democracia, apelan a que el Rey se niegue a firmar una ley de amnistía que muchos pensamos que sería a todas luces inconstitucional. Pero, si así lo hiciera, el Rey estaría sentenciando de forma definitiva nuestro orden democrático, creando un conflicto constitucional que haría saltar por los aires la Constitución. Por suerte, la prudencia y el profundo conocimiento constitucional de nuestro Rey Felipe VI son una garantía y su neutralidad se ve confirmada en cada uno de sus pasos. Su papel moderador, como describiera el gran teórico de la monarquía parlamentaria, W. Bahegot, se limita a «ser informado, a aconsejar y a estimular» con discreción y, cuando intervenga públicamente, lo hará con el necesario refrendo del Gobierno.

Su valor en democracia, como he venido sosteniendo, no es el ejercicio de un poder efectivo, pero tampoco se queda en lo meramente decorativo, sino que desempeña esa más modesta pero importante función de inspiración constitucional, la cual en estos momentos turbulentos puede ser vital para preservar los fundamentos de nuestro sistema. Conscientes, eso sí, de que en la medida que su poder es de mera persuasión, resulta fundamental que sea un rey 'veraz' y, para ello, su ejemplaridad pública y privada tiene que ser incuestionable, según dijimos. Ese es el papel del Rey y el valor de una monarquía en una democracia.