¡Jueces comunistas!

Lógicamente, este contexto pasa factura: España es uno de los países europeos en los que la ciudadanía tiene peor percepción de la independencia de los jueces.

A esta percepción seguramente han contribuido también muchas causas, y no sólo los discursos políticos. Empezando por el espectáculo de la división del CGPJ. Tampoco ayuda algún exceso puntual de jueces que han de ser especialmente cautelosos en sus posicionamientos públicos, por no hablar de los escritos procesales. Y luego hay una realidad ineludible: el Derecho no es una ciencia exacta y es un saber complejo, por lo que exige una labor divulgativa para comprender las decisiones adoptadas. Además, hay que ser conscientes de que los tiempos judiciales se compadecen mal con las urgencias políticas.

Ahora bien, todo ello, a mi juicio, no permite cuestionar la independencia de nuestro sistema judicial. Dígase claro: en España no hay 'lawfare', ni los jueces son un poder 'sin controles'. Todo lo contrario. Disfrutamos de un sistema de recursos que permite revisar cualquier decisión judicial, hasta llegar a Estrasburgo si hay violación de derechos fundamentales. Y, aún más, existen mecanismos para castigar desviaciones de un juez. Porque mala praxis puede haber en cualquier profesión.

Por ello, la confianza en la independencia de la Justicia supone confiar en todo un sistema que, reitero, va desde el juez de instrucción al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Saber que los profesionales que ejercen ese poder del Estado cumplen diligentemente con su responsabilidad. Y ser conscientes de que, si hay algún exceso, ese sistema lo corregirá.

Las tachas de que los jueces son conservadores no se sostienen y los datos están ahí: casi la mitad de los jueces y magistrados no están asociados y, entre los asociados, muchos lo están en asociaciones que no se identifican ideológicamente. Tan sólo un 34% de los jueces son afiliados de las dos asociaciones alineadas con los grandes partidos. Pero, sobre todo, lejos queda esa idea de que para ser juez hay que tener un cierto 'pedigrí': un 70% de quienes acceden a la carrera judicial no tienen a ningún familiar en el ámbito jurídico y sólo un 5,96% tiene algún familiar que sea juez o magistrado. Además, los padres de un 20-30% de quienes acceden a la judicatura, según la promoción, no han tenido estudios superiores. Aunque más del 95% de los jueces han contado con el apoyo económico de sus familias durante los más de cuatro años que se extiende como media la preparación. De ahí la importancia del sistema de becas implantado desde 2022.

Más allá, lógicamente hay aspectos que mejorar en la Justicia. El primero de ellos es la lentitud y congestión de nuestro sistema judicial. Un servicio público que llegó tarde y mal a la digitalización, pero, sobre todo, al que le faltan muchos jueces. España es el cuarto país en Europa por la cola en número de jueces por cada 100.000 habitantes. Del mismo modo, urge cambiar el sistema de selección de los vocales del Consejo para reducir el peso de los nombramientos políticos y contrarrestar el patronazgo asociativo para los nombramientos de la cúpula judicial.

Pero, en general, podemos confiar en la independencia de nuestra Justicia. De hecho, creo que el protagonismo actual de la judicatura tiene mucho que ver con una política populista cada vez más prepotente, que ha perdido el respeto a las reglas del juego democráticas. Amén de que cuando fallan otras formas de exigir responsabilidad en sede política o de prevenir corruptelas (con mecanismos antifraude eficaces), entonces el único camino que queda es el de los tribunales. Así que desconfiemos de quienes, desde posiciones de poder, siembran dudas sobre nuestra Justicia, porque seguramente querrán deshacerse de los correajes del imperio de la ley.