¿La Fiscalía de quién depende?

Primero de Derecho ·
No es función de un ministro de Justicia comentar decisiones judiciales y, menos aún, deformando los hechos enjuiciados y sembrando dudas sobre la Justicia

Domingo, 20 de octubre 2024, 07:25

«¿La Fiscalía de quién depende?», se preguntaba retóricamente el presidente Sánchez en una entrevista en 2019, y, al responder el entrevistador que depende «del Gobierno», él sentenciaba: «Pues ya está». Con ese descaro se mostraba la preocupante comprensión que tiene nuestro presidente de la ... separación de poderes. Algo que fue particularmente evidente cuando, poco después, nombraba como Fiscal General del Estado a su ministra de Justicia, que pasó sin solución de continuidad de un cargo a otro. Y, tras la retirada de ésta, cuando designó para ese mismo puesto a quien venía siendo su segundo, el sr. García Ortiz, y posteriormente le volvió a nombrar a pesar de que el CGPJ había destacado su falta de idoneidad, entre otras razones por haber recibido varios varapalos judiciales por los nombramientos de fiscales que venía realizando. Recuérdese que el Supremo llegó a sentenciar que el sr. García Ortiz había actuado con «desviación de poder». Pues bien, de todos estos polvos vienen los lodos actuales en los que nos encontramos con un fiscal general imputado por revelación de secretos en una causa especialmente sensible por sus connotaciones políticas.

No es este el espacio para entrar en detalles, pero sí que cabe subrayar que el auto judicial no abre investigaciones por desmentir bulos. Los jueces han considerado que hay indicios suficientes para investigar si el fiscal general habría revelado información confidencial, de la que tenía conocimiento por razón de su cargo, causando con ello un daño a un particular. Con todas las garantías se investigará quién y cómo se filtró un 'email' que recogía las negociaciones abiertas entre la Fiscalía y la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por la presunta comisión de un fraude fiscal, y hasta qué punto se revelaron informaciones reservadas en la nota de prensa publicada por la Fiscalía por orden del fiscal general. En cualquier caso, estamos ante una fase inicial de la investigación, por lo que no cabe adelantar condenas penales, sobre todo ante un enjuiciamiento en el que va a ser difícil probar quién filtró. Ahora bien, todo ello no quita que sí que puedan exigirse otro tipo de responsabilidades a quien ejerce un importante cargo público. Dimitir sigue siendo en nuestro país un verbo ruso.

Porque no parece de recibo que un fiscal general tenga que dedicarse a abonar narrativas gubernamentales, ni es pudoroso que su imputación sea usada como un ariete para atacar el quehacer de los propios tribunales. En este sentido, resulta obsceno ver la defensa que ha realizado el sr. Bolaños: no es función de un ministro de Justicia comentar decisiones judiciales, y, menos aún, deformando los hechos enjuiciados y sembrando dudas sobre la Justicia. Téngase claro, además, que el fiscal general no depende de la 'confianza' del Gobierno una vez que es nombrado, ya que no es un ministro 'más', como se empeñan en hacer parecer.

De hecho, aunque suelo rehuir este tipo de análisis, tal y como está el patio conviene señalar que el auto del Supremo ha sido dictado por unanimidad en una sala con magistrados ideológicamente plurales (más: la ponente es una magistrada vinculada al sector progresista).

Así las cosas, cualquier ciudadano comprenderá que la situación es desoladora. La imagen del Ministerio Fiscal, que tiene entre sus funciones constitucionalmente atribuidas la defensa de la legalidad y velar por la independencia de los tribunales, se ve seriamente resentida en situaciones como ésta. La politización de su cabeza, el Fiscal General del Estado, no es algo nuevo, como ocurre en general con la colonización partidista de nuestras instituciones, pero los niveles a los que estamos llegando en estos tiempos son inaceptables.

Recientemente, con el pacto PP-PSOE para desbloquear el CGPJ, se modificó también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para evitar puertas giratorias, estableciendo unos periodos mínimos de enfriamiento para pasar de cargos políticos a la Fiscalía General. Pero no es suficiente. La Comisión Europea lleva años insistiendo en su informe sobre la situación del Estado de Derecho en España en que nuestro país debe reforzar la autonomía de la Fiscalía con respecto al Gobierno. Cuando menos, habría que desvincular el mandato del fiscal general del del propio Gobierno y cabría plantearse un proceso de selección con una convocatoria pública que permitiera la evaluación técnica del «reconocido prestigio». También habría que reducir la discrecionalidad del fiscal general, que tiene en sus manos importantes nombramientos. En definitiva, garantías para que no se pueda repetir ese de quién depende la Fiscalía.