España federal

En España, la idea de unidad política peninsular ha estado presente a lo largo de los siglos. Pero, al mismo tiempo, el proceso de unificación política moderna emprendido por el liberalismo constitucional tuvo sus limitaciones, con las guerras carlistas como ejemplo más dramático. Igualmente, junto a nuestra cultura y lengua común como españoles, ha pervivido en nuestro país una variedad lingüística y cultural en los distintos territorios. A nivel político, además, hemos tenido que 'conllevar' un nacionalismo periférico que nos acompaña desde finales del XIX.

Una realidad histórica y política que la Constitución de 1978 ordenó, con equilibrios no siempre fáciles: sentó en su artículo 2 los tres pilares federales (unidad, autonomía y solidaridad); reconoció el español como lengua común, pero se abrió a la cooficialidad en sus territorios de otras lenguas; y dio un marco institucional y competencial para la descentralización política que permitió la constitución de las comunidades autónomas. Un modelo que se ha ido matizando merced a acuerdos políticos (en especial, los pactos autonómicos de 1981 y 1992), al desarrollo legislativo y a la jurisprudencia constitucional. Con un elemento a destacar ahora: si en la mente del constituyente estuvo una autonomía asimétrica, con unas nacionalidades históricas que podían haber tenido una autonomía más intensa, el desarrollo político final llevó al 'café para todos', con un nivel bastante homogéneo de autonomía, con la excepción de algunos hechos diferenciales y de la cuestión foral, con su particular régimen fiscal. Por lo demás, hay amplio consenso académico en que habría elementos técnicos que ajustar en el diseño de nuestro Estado de las autonomías (reparto competencial, financiación, Senado...) y un principio que debemos cuidar: la lealtad federal entre todos los actores institucionales. Además, sin negar los numerosos beneficios de la descentralización política, ésta también ha dado lugar a tendencias preocupantes. En particular, el desvío plurinacional de signo confederal, una cierta hipertrofia identitaria e institucional, las demandas de privilegios fiscales y el avance hacia un federalismo con signos cada vez más competitivos.

En todo caso, políticamente, el federalismo no debería asociarse a ningún partido o ideología, aunque casa mal con cualquier tipo del nacionalismo. No es compatible con el nacionalismo periférico (ahora, sorprendentemente, liderado por partidos de izquierdas en nuestro país) que, en sus respectivos territorios, promueven una homogeneización cultural y lingüística antiespañola y, fuera de ellos, propugnan políticas confederales tendentes al desmantelamiento del Estado. Y, del mismo modo, choca con el nacionalismo españolista que busca rescatar esencias patrias y actúa como némesis del nacionalismo periférico en las batallas culturales tan propias de esta época. Por ello, los grandes partidos deberían ser cuidadosos a la hora de forjar sus alianzas: si el PSOE releyera su Declaración de Granada y el PP el informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional, verían cuán cerca pueden estar y lo lejos que quedan sus socios actuales.

Así las cosas, después de que la ordenación territorial saltara por los aires tras la asonada independentista, urge reivindicar el federalismo como un marco ideal para el encuentro a la hora de vertebrar la pluralidad territorial de nuestro país dentro del orden dado por la Constitución de 1978. Superemos las turbulencias planteando un pacto de Estado que afronte los necesarios retoques jurídico-institucionales con vocación federal y, además, que haga frente al relato plurinacional. Precisamente para debatir estas cuestiones nos hemos reunido un grupo plural de murcianos en la Asociación Federalistas Región de Murcia, que presentaremos en la Facultad de Derecho este jueves a las 16.30 horas. Están todos invitados.