Español correcto en Murcia

Por eso, como el lenguaje es realidad viva, no puede ninguna ley cambiar como es el lenguaje, como mucho coaccionar a quienes lo utilizan. Argumentos como que el idioma español se llama 'castellano' porque es el término que utiliza la Constitución, quedan fuera de lo que la Constitución puede hacer. Las cosas se llaman como la gente las llama, como si, con el tiempo, se consolidara el llamarlo ibérico central. Del mismo modo, y de momento, Girona en español se llama Gerona, como London se llama Londres, con independencia de lo que cualquier ley pueda decir.

Esta semana, se ha aprobado en Murcia una moción que insta al Consejo del Gobierno para adoptar medidas legislativas, sancionadoras o reglamentarias para garantizar el «correcto uso» del español por las administraciones públicas en la Región. Aunque podría parecer que, velando por la corrección lingüística murciana, se está preparando una severa legislación que castigará a los funcionarios que cometan faltas de ortografía, o a los que se les escape un 'acho tío', no va la cosa por ahí. Esta moción, fruto de una enmienda del PP, parte de una propuesta de Vox para la «expresa prohibición del mal llamado lenguaje inclusivo», que sería el verdadero objeto de la norma. De hecho, al margen de la opinión que pueda merecer tal prohibición, al menos es más honesta y clara que el «correcto uso» finalmente aprobado, que quiere decir lo mismo, pero queriendo poder negarlo.

A mí, no me parecen evidentes todas las virtudes ni efectos de las construcciones generales del «lenguaje inclusivo»; y cuando escuché hace un par de semanas el «autoridades y autoridadas» de Yolanda Díaz, me reí como el que más. Sin embargo, en unos umbrales razonables de comprensibilidad y sentido de la lengua, cada uno habla como quiere. Por eso la realidad de las lenguas ha sido una de las historias más genuinas de libertad espontánea e incontrolable, coordinada en un consenso casi místico entre los hablantes, a lo largo de los siglos. Las lenguas han nacido, crecido y muerto; han cambiado y se han hibridado en un ejercicio comunitario de libertad acaso nunca igualado. Por eso, legislar sobre el uso de las lenguas, aunque pueda tener muchas excusas, siempre tiende a ir contra esa libertad. Nunca se ha tratado de proteger una lengua, sino de hacer propaganda de una idea propia, y de reprimir la idea ajena. Eso mismo ocurre aquí.

Yo no soy capaz de ver la ofensa o el perjuicio si un trabajador público, sin merma de la comprensibilidad de su mensaje, decide utilizar «todos y todas», aunque yo no use tal desdoble ni comparta su sentido. Lo hace el rector de la Universidad, y nunca me he sentido ofendido ni agredido por ello, ni veo cómo podría ser razonable sancionarle porque la ley lo fijara como una «incorrección lingüística».

Si acaso hubiera una ley vigente en Murcia que obligara al uso del «lenguaje inclusivo», sí podría argumentarse su derogación en un posible argumento de libertad. Pero no la hay. Lo que se pretende no es liberar, sino prohibir. Imponer el propio modelo. Una inmersión en el lenguaje «correcto», no por la persuasión de los argumentos que lo apoyan, ni por la fuerza de los hablantes que lo usan, sino por el solo poder de la Ley. Porque las leyes no pueden cambiar la realidad, pero sí pueden hacer propaganda de una ideología. Y pueden también utilizar la coacción contra quienes no compartan esas ideas. Una utilización política de las lenguas que resulta indignante y abusivo, cuando son otros los que lo hacen. Porque, una vez más, el problema no está en que se coarten las libertades, sino en que quien las coarta, quien impone su criterio en contra de la libertad de los demás, no sea 'yo'.