Diputados equivocados

Pocas cosas hay tan humanas como el error. A veces parece que no hacemos otra cosa que equivocarnos. Y, como el Derecho se ocupa precisamente de lo humano, también se encarga de regular las consecuencias del error. Errores hay muchos, y también hay reglas especiales para muchos de ellos. Sin embargo, muy en general, puede entenderse que en todo error hay dos intereses contrapuestos: por una parte, el que se equivoca querría poder enderezar su error. Por otra parte, esa rectificación no debería perjudicar al resto de personas que no se han equivocado.

Sin embargo, el Derecho no es absolutamente despiadado con quien se equivoca y, por eso, aunque no sea lo ideal para los demás, a veces se permite rectificar. Para ello, sin embargo, un requisito esencial es que el error sea 'excusable'. Que haya una excusa válida para haberse equivocado. Que se trate de un error que 'cualquiera' habría cometido, y no uno que se deba a la mera negligencia o falta de dedicación o esfuerzo de quien yerra. Así, por ejemplo, si en una tienda electrónica dirigida al mercado español piden medidas, sin especificar que utilizan la pulgada como unidad, quien indique la medición en centímetros sufrirá un error excusable, y probablemente se le permita rectificar. Quien, en cambio, ofrezca medidas erróneas solamente porque midió él mal, tendrá que asumir su propio error.

Descartado por el informe técnico del Congreso que pudiera haberse tratado de un error informático, distinto del error humano, no parecería excusable el error de Casero. No, desde luego, si uno está dedicado a votar con un mínimo de seriedad. Sin embargo, las apariencias engañan, y no solo cuando el voto es telemático. Mariano Rajoy votó en contra de sus propios presupuestos, y Pablo Iglesias votó a favor de los presupuestos de Rajoy. Pedro Sánchez votó a favor de la reforma del aborto del PP; y solo en el último año natural ha habido más de 1.000 errores en las votaciones del Congreso de los Diputados. Así que, fácil no sé si será, pero común sí que lo es. Sin embargo, precisamente por ello, tener que considerar, rectificar o repetir más de mil votaciones cada año para intentar enmendar estos errores no parece que sea una medida inane para el correcto desarrollo de la función legislativa.

Casero votó, y se equivocó. Y, con ello, fue un elemento esencial para la aprobación de la reforma laboral (salvando además así a la vicepresidenta Díaz de la dimisión que ella misma retrovaticinó el día siguiente, que hubiera hecho si hubiese sido distinto el día anterior). Ciudadanos normales también podrían pensar que erraron en su voto anticipado (y no me refiero a los cacereños que votaron a Casero, sino quien votara por correo), y aunque corrieran hasta la mesa electoral el día de las elecciones, tampoco les dejarían salvar su error.

El asunto ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional, y hay otros argumentos reglamentarios y propios del llamado derecho' parlamentario que también podrían considerarse –sin que, bajo mi criterio, desvirtúen el efectivo ejercicio del voto ni la intrascendencia del error inexcusable–. Pero, más allá de la concreta situación (que tampoco va a arreglar el Constitucional cuando dicte sentencia años después), el panorama en estos asuntos ayuda a explicar que el nivel de exigencia a nuestra clase política esté por los suelos. Sin embargo, ya no tanto por que lo merezcan ellos, sino porque nosotros deberíamos merecer un baremo mejor, intentemos al menos aspirar a que nuestros representantes sean capaces de saber apretar un botón.