Desokupando

Después de una larga jornada laboral, cuando uno vuelve a su casa mereciéndose un capuchino, sería una pesadilla encontrar que no puede entrar en la que ya es la vivienda de otros, okupas, que aprovechando su ausencia le han arrebatado su hogar. Y sería una pesadilla por el horror de esa realidad, pero también por la irrealidad de la misma. La ocupación de la vivienda habitual de cualquiera es un supuesto tan dramático como absolutamente excepcional. Un supuesto en el que, por otra parte, resulta más que previsible la rápida y efectiva actuación policial como garantía inmediata del derecho de los moradores.

Las estadísticas, que suelen ser una mentira sublimada por su enfoque y presentación, ni siquiera ofrecen en este caso apenas datos estadísticos directos; y todo lo que se pueda inferir de otras estadísticas acaba resultando poco más que munición con la que cargar unos u otros discursos. Revisando los principales números, creo que hay munición suficiente para disparar a uno u otro lado (sí, aunque no lo parezca, también hay datos que apuntan a una reducción importante, en el último año consolidado, 2019). O, lo que es lo mismo, no encuentro hechos de suficiente entidad y estabilidad como para pensar que nada está empeorando o mejorando demasiado.

Entonces, ¿de dónde viene la idea generalizada de que la Justicia maltrata al propietario para defender al vil okupa? Acaso los motivos podrían reducirse a cinco cuestiones principales:

En primer lugar, no es igual la ocupación de la vivienda donde uno mora, donde está su vida más íntima, su familia, su paz; que la ocupación de otra propiedad. Otra propiedad, aunque sea una inversión, es igualmente legítima, y debe ser protegida. Pero no justifica la misma protección, porque la amenaza y el daño son distintos. Por eso el Derecho reacciona de forma diferente.

En segundo lugar, vivimos en un Estado de Derecho garantista. Ese con el que es tan fácil mostrarse despectivo, cuando cree que defiende a los 'otros' y no a los 'nuestros'. Esta garantía no consiste en proteger a los okupas frente a los propietarios, ni si quiera a los débiles frente a los fuertes. Se trata de que, sin intervención judicial, salvo cuando se trate de un delito flagrante, la policía no puede sacar a nadie de su casa con 'una patada en el culo'. Eso lo tendrá que decir un juez.

En tercer lugar, los jueces no tienen un conocimiento automático de quién dice la verdad. Supongo que es fácil pensar que la anciana que en las noticias sale llorando por su desposesión es más veraz que el okupa chulo, sucio y malo, con cara de villano, que aparece en la televisión. Pero la realidad vuelve a ser mucho más complicada. Hay muchos casos de conflictos posesorios, la mayoría de ellos, más allá de la ocupación. Hay inquilinos legítimos, que pueden tener un conflicto con su arrendador; parejas 'viudas' no casadas que se hayan quedado en una propiedad, ahora de los hijos, sin ningún título; hermanos en conflicto por el reparto de una herencia; compradores de una vivienda cuyo derecho se discuta; deudores que hayan perdido su vivienda; y tantos supuestos como quiera darnos esta vieja normalidad nuestra. Unos son excepcionales, otros no tanto –o no tanto más que la propia ocupación–. El hecho es que el juez no puede saber, sin más, cuál es la verdad, quién tiene razón. Y, frente a esa incertidumbre, en un Estado de Derecho difícilmente se puede echar 'a patadas' a alguien de su hogar por una mera acusación, sin examinar alegaciones y pruebas.

En cuarto lugar, para que el juez pueda decidir quién lleva la razón, necesita un tiempo y unos recursos materiales de los que no anda sobrado. Así que tarda. Mucho. Demasiado. Y ese es el verdadero drama de la ocupación (y de muchos otros desahucios también). La justicia casi siempre llega tarde en estos casos, y, por eso, casi siempre llega mal.

En quinto y último lugar, la ocupación se ha convertido en otro eslogan. En una consigna electoralista, con la que unos intentan ocupar espacio, y otros recuperarlo. En Murcia, ya se vieron vallas de publicidad que, sutilmente, parecían utilizar así el tema: 'Con Vox, a los okupas una patada en el culo y fuera en 24 horas'.

La nueva norma regional no ha sido publicada aún, por lo que no se puede valorar su contenido. Siempre preocupa pensar que es demasiado fácil, demasiado barato, publicar una Ley. Mucho más que invertir en Justicia. Solo cabe esperar que no se trate de una enorme valla contra publicitaria, con la forma de un Decreto Ley.