La polvareda de Celaá

En los prolegómenos del anuncio del preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, en el calor de ese intencionado amarre que no sabemos aún cómo se cerrará, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, sacó de la chistera un viejo tema que, aunque sigue ahí, quizás no era el momento más apropiado para resucitarlo y mucho más hacerlo en vivo y en directo, ante aquellos que piensan que su negocio podría estar amenazado.

El rebote del auditorio conservador a sus palabras, donde había sido invitada de ponente en el XV Congreso de Escuelas Católicas, fue evidente y tuvo que enfrentarse al malestar de un gran grupo de directores, profesores y titulares de centros educativos religiosos que quedaron sorprendidos por su discurso rompedor al señalar que la libertad de los padres para elegir un centro de enseñanza para sus hijos «no es emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución». Y es que la libre elección de centros sigue siendo un clásico, añejo y enquistado tema que colea y sigue coleando, etiquetado desde la libertad de enseñanza y su interpretación, a la luz de la constitución y de la legislación partidista que, en función de estar escrita por unos o por otros, se ve de distinta manera.

La titular interina, tras meses de guardar silencio educativo, levantaba una voz que crujía ante muchos que vieron en sus palabras una lanzadera mantener un tono rígido o autoritario, avizor de lo que podría pasar si sigue todo como parece. No fue oportuna la elección del tema como ponencia, así como el modo de lanzarlo fue interpretado por algunos como una respuesta al preacuerdo con Podemos, adoptando una postura radical, alejada del pacto constitucional.

La ola de críticas contra Celaá llovió desde la oposición y se montó un revuelo ante sus palabras por ver una amenaza radical a la libertad de las familias para elegir centro educativo. Al día siguiente se tuvo que pronunciar ante la polémica surgida para afirmar que «las familias no tienen nada que temer», en relación a los alumnos matriculados en centros concertados religiosos. Y es que nadie puede olvidar que sigue en juego la apuesta socialista de derribar la anterior ley de los populares, la Lomce, en la que se incluía el concepto de 'demanda social', una obligación para garantizar plazas en el tipo de centro escogido por las familias, fundamentalmente en los concertados. Con la nueva ley impulsada por el PSOE (la Lomloe), cuya aprobación en el Congreso quedó paralizada por el adelanto electoral, Celaá retiró del texto normativo ese concepto de 'demanda social'.

Sin embargo, aunque la ministra no lo ha dicho de forma explícita, ha dejado entrever que el Gobierno no tiene un plan para frenar a la enseñanza concertada, ya que no hay previsto ningún recorte en la financiación. Al final, un revuelo innecesario para que todo siga igual.