Políticas de antiestado

El pasado martes, los servicios jurídicos de la Asamblea Regional emitieron un duro y contundente informe contra la proposición de ley de autonomía financiera presentada por el Partido Popular, a través de la cual se pretendía blindar las bajadas de impuestos aprobadas por el Gobierno de la Región de Murcia. Lo que los letrados del Parlamento venían a decir es que, más que autonomía fiscal, lo que pretendía el gabinete de López Miras era una independencia de facto, lograda mediante la «limitación de la potestad normativa del Estado». Enunciado en otros términos, lo que López Miras llevó a la Asamblea era un proyecto de 'procés fiscal' o, para entendernos mejor –y empleando términos tan caros al PP cuando se trata de calificar el movimiento secesionista catalán–, un golpe de Estado. De hecho, el informe de los servicios jurídicos no duda en calificar la ley de autonomía financiera de López Miras como «deficiente y peligrosa, cuando no potencialmente anticonstitucional». Desbordar las competencias legislativas autonómicas para estatuirse en una ínsula fiscal en la que el Estado no pueda intervenir constituye un acto de antipatriotismo mayor que cualquiera de los atribuidos a los así calificados desde el PP como «enemigos de España». Evidentemente, y como no podía ser de otra manera, el PPRM no tardó ni 24 horas en retirar la ley de blindaje fiscal –eso sí, como si lo sucedido se debiera a un error de redacción sin importancia y no a un flagrante quebranto de la Constitución–. En el momento actual, los servicios jurídicos de la Asamblea suponen el único dique de contención frente a los desmanes de López Miras y sus aliados tránsfugas, los cuales no dudan en arrasar el poco crédito que le queda a esta institución. Menos mal que existe el cuerpo de funcionarios, a los que hay que agradecer que los murcianos no nos despertásemos el día menos pensado como un territorio fuera de la ley y de la Constitución y a un paso de reivindicar nuestra soberanía como Estado independiente de la malvada España de Sánchez.

Pero la semana negra de López Miras en la Asamblea Regional no se terminó con esta invectiva de los servicios jurídicos a la ley de autonomía fiscal. Los populares se enfrentaron a la experiencia de perder una votación: la del decreto ley que modificaba las sanciones a establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales. Los ex de Vox, Carrera y Liarte, sumaron esta vez sus votos a los de los diputados de PSOE, Ciudadanos y Podemos para impedir su convalidación. Quien siembra vientos recoge tempestades. O, adaptando este viejo dicho a la miseria moral que ha arruinado el prestigio de la Asamblea Regional, cabría decir mejor: quien siembre deslealtades, recoge traiciones. A estas alturas de la película, y después de haber adulterado la voluntad de los murcianos hasta extremos que no caben en la más enloquecida de las distopías democráticas, la lógica de votación del Parlamento autonómico ya no se va a regir por bloques ideológicos, bandos de intereses o pactos a futuro, sino por la visceralidad de las venganzas personales y la supervivencia dramática y a la desesperada de los náufragos tránsfugas. López Miras ha convertido la Asamblea en tal escombrera, ha sembrado tanto odio entre unos y otros, que su destrozo ya ha empezado a volverse contra él. Si provocas un tsunami, no tengas la menor duda de que te acabará engullendo. La primera tanda de traiciones –la de los casos de transfuguismo de la primavera de 2021– constituía una bomba de compleja manipulación; pero la segunda tanda –la de este octubre de 2022– representa una explosión incontrolada y de efectos imprevisibles. La truculencia y bajeza moral en la que vive sumida la Asamblea es de tal envergadura y agresividad que la necesaria performance de la diputada de Podemos, María Marín, al salir con un mono de protección para no contaminarse con la inmundicia reinante, resultaba algo 'light' en comparación con la realidad rampante. Igualar la intensidad de la degradación en la que vive la institución parlamentaria autonómica requiere de un grado de violencia y de falta de principios tales que es mejor quedarse corto y moderado en la protesta.