Los peros del 'no' a la violencia

A tenor de las declaraciones y escenificaciones que se produjeron tras el asalto al Pleno del Ayuntamiento, parece evidente que el rechazo a la violencia no es ese absoluto que cabría esperar de cualquier representante político en una democracia. De un lado, se encuentra la desacomplejada justificación de la violencia por parte de Vox. Esto no es una sorpresa: la ultraderecha solo cree en la democracia como un sistema de derechos aplicable exclusivamente a los que comparten su misma línea de pensamiento. Dicen estar en contra de la violencia, pero comprender, al mismo tiempo, a los asaltantes. De hecho, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Lorca José Martínez llegó a afirmar que «condenamos cualquier tipo de violencia, pero queremos hacer hincapié en que lo sucedido no fue tanto un acto de violencia sino el reflejo de la desesperación que está viviendo este sector». Semánticamente, la frase es un sinsentido, revelador del caos mental en el que se desenvuelve este partido. El 'pero' introducido en mitad de la declaración anula por entero la primera premisa: «condenamos cualquier tipo de violencia». Y lo que es peor, reconoce explícitamente que, para la ultraderecha, la violencia se escinde esquizoiedemente entre un plano abstracto –en el que moralmente es rechazada– y un plano concreto –en el que tácticamente se legitima como expresión de un derecho–. Dicho de otro modo: mientras que la violencia por la violencia es condenada, la violencia como instrumento para visualizar una demanda es justificada.

Vox va de frente y no se esconde. El extremismo es demasiado grosero como para refinar sus ataques al sistema democrático. El problema, empero, viene de parte de un partido como el PP que, solo por haber sido objeto de la violencia durante varias décadas, debería tener las cosas mucho más claras al respecto. La primera reacción de Fulgencio Gil, portavoz popular en el Ayuntamiento de Lorca, se situó, no obstante, más en la órbita de la «violencia justificada» de Vox que en la sutil ingeniería de legitimación de los altercados de –por ejemplo– el Gobierno regional. La misma tarde del lunes, el consejero de Agricultura compareció en rueda de prensa para condenar los hechos acontecidos. Esta circunstancia resultó cuando menos sorprendente, ya que la gravedad del ataque a una institución democrática exigía que el presidente en primera persona fuera el que diera la cara. Delegar, en este sentido, en un consejero suponía rebajar la dimensión de la crisis e introducir en el discurso de repulsa un 'pero' tan subliminal como efectivo. A la mañana siguiente, López Miras fue interrogado sobre los sucesos de Lorca y dividió su respuesta en dos partes: en primer lugar, «rechazo absoluto» de la violencia; y, en segundo, crítica al equipo de gobierno municipal por actuar «unilateralmente» al respecto de la nueva legislación sobre las granjas. Esta segunda afirmación sobraba en la primera declaración pública del presidente sobre el asalto antidemocrático. Lo único que importaba en esas declaraciones era la condena de la violencia, Y cualquier consideración añadida constituía de facto un 'pero' a aquella. Si se quería cuestionar la actuación del consistorio, mejor haber esperado al día siguiente o a otro contexto menos sensible. Pero, en ese momento, condenar el asalto al Pleno y afear al equipo municipal su conducta suponía establecer una equidistancia por entero condenable desde el punto de vista ético. De hecho, cuando, dos días después, López Miras denunció la politización que se estaba haciendo de los incidentes, la suma de sus palabras lo acercaba más a la postura legitimadora de Vox que a la de un partido supuestamente centrado.